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Por La Jornada | LINyM
El 21 de octubre, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia emitió un comunicado de prensa posterior a las elecciones presidenciales en el que expresó "su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares [conteo rápido] conocidos tras el cierre de las urnas".
Dos días después de las elecciones, el 23 de octubre, la misión de la OEA emitió su informe preliminar sobre las elecciones, en el que reiteró las críticas al proceso electoral boliviano y sugirió repetirlo, dado que entre otras cosas "los cambios en la tendencia del conteo rápido eran difíciles de explicar y no coincidían con las otras medidas disponibles".
Sin embargo, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) llamado ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?, desmiente la versión de la OEA y dice que el recuento de votos mostró que MAS-IPSP (partido de Evo Morales) había recibido 45.71% de los votos presidenciales, y el CC (de Carlos Mesa) 37.84%, lo que significaba una diferencia de 7.87 puntos porcentuales.
Además explica que la misión del organismo internacional no proporcionó evidencia que sustente las declaraciones que, tanto en su comunicado de prensa como en su informe preliminar, sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o "difícil de explicar".
El documento del CEPR aclara que los resultados del conteo rápido con 83.85% de votos contabilizados "son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a (Evo) Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales".
→ Lea o descargue aquí el informe completo del CEPR
https://app.box.com/s/hq514qzv1274cgxalvyucljfksv50gkp
También explica que ni la misión de la OEA ni ningún partido político de oposición han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
El informe -realizado por Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman- indica que ni el conteo rápido ni el oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales; más bien, la misma tendencia ya conocida, explicable por diferencias en las preferencias de los votantes en diferentes áreas geográficas, se hace evidente en ambos conteos.
Los especialistas que hicieron el trabajo aseguran que el recuento de votos legalmente vinculante no se detuvo durante ningún período de tiempo significativo; y señalan que "no está claro cómo las objeciones de la misión de la OEA con respecto al conteo rápido afectarían al conteo oficial".
Dos días después de las elecciones, el 23 de octubre, la misión de la OEA emitió su informe preliminar sobre las elecciones, en el que reiteró las críticas al proceso electoral boliviano y sugirió repetirlo, dado que entre otras cosas "los cambios en la tendencia del conteo rápido eran difíciles de explicar y no coincidían con las otras medidas disponibles".
Sin embargo, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) llamado ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?, desmiente la versión de la OEA y dice que el recuento de votos mostró que MAS-IPSP (partido de Evo Morales) había recibido 45.71% de los votos presidenciales, y el CC (de Carlos Mesa) 37.84%, lo que significaba una diferencia de 7.87 puntos porcentuales.
Además explica que la misión del organismo internacional no proporcionó evidencia que sustente las declaraciones que, tanto en su comunicado de prensa como en su informe preliminar, sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o "difícil de explicar".
El documento del CEPR aclara que los resultados del conteo rápido con 83.85% de votos contabilizados "son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a (Evo) Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales".
→ Lea o descargue aquí el informe completo del CEPR
https://app.box.com/s/hq514qzv1274cgxalvyucljfksv50gkp
También explica que ni la misión de la OEA ni ningún partido político de oposición han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
El informe -realizado por Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman- indica que ni el conteo rápido ni el oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales; más bien, la misma tendencia ya conocida, explicable por diferencias en las preferencias de los votantes en diferentes áreas geográficas, se hace evidente en ambos conteos.
Los especialistas que hicieron el trabajo aseguran que el recuento de votos legalmente vinculante no se detuvo durante ningún período de tiempo significativo; y señalan que "no está claro cómo las objeciones de la misión de la OEA con respecto al conteo rápido afectarían al conteo oficial".
En sus conclusiones "La politización del proceso de observación electoral" el CERP señala:
"Como se muestra en este documento, en el momento en que se interrumpió el informe de los resultados del conteo rápido, la tendencia de voto existente favorecía a Morales en la obtención de la victoria electoral de manera absoluta con un margen de más de 10 puntos porcentuales.
Algo fundamental es que el recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados del conteo rápido. Las tendencias en ambos recuentos reflejan patrones de votación ampliamente conocidos, los que ocurren de acuerdo a la geografía y, a diferencia de las afirmaciones de la misión de la OEA, no cambiaron sustancialmente conforme se fueron contabilizando más actas.
Las dudas que sin fundamento fueron emitidas sobre el conteo de votos por parte de la misión de la OEA en su primer comunicado de prensa y en su informe preliminar han sido ampliamente citadas y repetidas en los medios de comunicación internacionales y bolivianos desde las elecciones del 20 de octubre.27 Está claro que estas inusuales declaraciones -a pesar de que la OEA hasta el día de hoy no ha presentado ninguna evidencia que las apoyen- han tenido una influencia significativa en la cobertura de los medios y, por lo tanto, en la opinión pública.
El Gobierno de Donald Trump y sus aliados, como el senador Marco Rubio, quien parece tener una fuerte influencia en su agenda política para América Latina, también han hecho declaraciones públicas -tanto antes como después de las acusaciones contenidas en el primer comunicado de prensa de la misión de la OEA- sugiriendo que la elección fue robada. Estados Unidos suministra alrededor del 60% del presupuesto de la OEA.
El 25 de octubre, el Gobierno boliviano propuso una auditoría internacional del recuento de votos. Si bien inicialmente declaró que la única institución reconocida por la Constitución boliviana para validar los resultados electorales es el TSE, Morales posteriormente aseguró que acataría los resultados de la auditoría internacional. Además, invitó a la OEA y a varios Gobiernos extranjeros a participar en la auditoría. Luego, el Gobierno boliviano fue incluso más allá y aceptó la naturaleza “vinculante” de la auditoría, condición que impuso la OEA para aceptar su participación. Carlos Mesa ha rechazado la auditoría, afirmando que “[no] aceptamos la auditoría con estos términos acordados unilateralmente”, exigiendo en cambio la anulación de los resultados oficiales antes de realizar cualquier auditoría.
La politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral se hace tangible cuando una organización a la que se le confía este monitoreo -en este caso la OEA- hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de un recuento electoral. Esta es una violación grave de la confianza pública, y aún más peligrosa en el contexto de la fuerte polarización política y la violencia política postelectoral que ha tenido lugar en Bolivia. Estas acusaciones sin fundamento deben retirarse y deben tomarse medidas para asegurar la neutralidad de la observación electoral por parte de la OEA en el futuro.
La OEA, al continuar su asistencia técnica en la implementación de un sistema de conteo rápido en Bolivia, debe proporcionar orientación al TSE sobre un procedimiento apropiado para publicar y difundir resultados preliminares en la noche de las elecciones. La OEA también debe organizar una investigación independiente de su Departamento de Cooperación y Observación Electoral; de la Misión de Observación Electoral que participó en esta elección; y cualquier otro sector de la OEA que tenga responsabilidad en este fracaso de la Misión de Observación Electoral en Bolivia".
Algo fundamental es que el recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados del conteo rápido. Las tendencias en ambos recuentos reflejan patrones de votación ampliamente conocidos, los que ocurren de acuerdo a la geografía y, a diferencia de las afirmaciones de la misión de la OEA, no cambiaron sustancialmente conforme se fueron contabilizando más actas.
Las dudas que sin fundamento fueron emitidas sobre el conteo de votos por parte de la misión de la OEA en su primer comunicado de prensa y en su informe preliminar han sido ampliamente citadas y repetidas en los medios de comunicación internacionales y bolivianos desde las elecciones del 20 de octubre.27 Está claro que estas inusuales declaraciones -a pesar de que la OEA hasta el día de hoy no ha presentado ninguna evidencia que las apoyen- han tenido una influencia significativa en la cobertura de los medios y, por lo tanto, en la opinión pública.
El Gobierno de Donald Trump y sus aliados, como el senador Marco Rubio, quien parece tener una fuerte influencia en su agenda política para América Latina, también han hecho declaraciones públicas -tanto antes como después de las acusaciones contenidas en el primer comunicado de prensa de la misión de la OEA- sugiriendo que la elección fue robada. Estados Unidos suministra alrededor del 60% del presupuesto de la OEA.
El 25 de octubre, el Gobierno boliviano propuso una auditoría internacional del recuento de votos. Si bien inicialmente declaró que la única institución reconocida por la Constitución boliviana para validar los resultados electorales es el TSE, Morales posteriormente aseguró que acataría los resultados de la auditoría internacional. Además, invitó a la OEA y a varios Gobiernos extranjeros a participar en la auditoría. Luego, el Gobierno boliviano fue incluso más allá y aceptó la naturaleza “vinculante” de la auditoría, condición que impuso la OEA para aceptar su participación. Carlos Mesa ha rechazado la auditoría, afirmando que “[no] aceptamos la auditoría con estos términos acordados unilateralmente”, exigiendo en cambio la anulación de los resultados oficiales antes de realizar cualquier auditoría.
La politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral se hace tangible cuando una organización a la que se le confía este monitoreo -en este caso la OEA- hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de un recuento electoral. Esta es una violación grave de la confianza pública, y aún más peligrosa en el contexto de la fuerte polarización política y la violencia política postelectoral que ha tenido lugar en Bolivia. Estas acusaciones sin fundamento deben retirarse y deben tomarse medidas para asegurar la neutralidad de la observación electoral por parte de la OEA en el futuro.
La OEA, al continuar su asistencia técnica en la implementación de un sistema de conteo rápido en Bolivia, debe proporcionar orientación al TSE sobre un procedimiento apropiado para publicar y difundir resultados preliminares en la noche de las elecciones. La OEA también debe organizar una investigación independiente de su Departamento de Cooperación y Observación Electoral; de la Misión de Observación Electoral que participó en esta elección; y cualquier otro sector de la OEA que tenga responsabilidad en este fracaso de la Misión de Observación Electoral en Bolivia".
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