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| Radio Progreso |
La Corte Suprema de Justicia de Honduras turnó el caso del defensor del río Guapinol, Arnold Javier Alemán, al juez con jurisdicción nacional Claudio Aguilar, reconocido por llevar casos de la Policía militar del orden público, Pmop, en el Cuartel General Cabañas en Tegucigalpa.
Este juez únicamente conocerá el caso de Arnold Javier Alemán, quien aparece en los dos requerimientos fiscales. El primer requerimiento fue presentado en el juzgado de Tocoa y luego remitido a un juzgado con jurisdicción nacional por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras.
En el segundo expediente aparece Arnold junto a los 7 defensores criminalizados que guardan prisión en Támara. Aquí se les imputa el delito de asociación ilícita, privación injusta de la libertad, robo e incendio agravado. Este caso podría conocerlo la juez con jurisdicción nacional Lizzeth Vallecillo o Víctor Méndez del juzgado en materia de extorsión en Tegucigalpa.
Para el abogado Omar Menjivar, integrante de la defensa legal de Guapinol, la asignación del caso de Arnold a este juzgado deja un claro mensaje de ascenso al proceso de criminalización contra los defensores del ambiente en Guapinol. "El Estado está dejando ir toda su furia de persecución contra las personas que están defendiendo el ambiente", indica el abogado explicando que la criminalización de la protesta social se ha convertido en un patrón de conducta normal en Honduras, a pesar de ser inconstitucional.
A criterio del abogado, lo que no es común en este caso es que, además de criminalizarlos lo hacen ante una jurisdicción especial que fue creada para perseguir el crimen organizado. "Se está violentando el debido proceso contra esta persona", denuncia Menjivar. En el supuesto caso de que hubieran cometido delitos el juzgado competente para conocer la causa es el de Tocoa en el departamento de Colón.
Asignar este caso al juez Claudio Aguilar es subir a un nivel más de criminalización porque se trata de alguien que tiene una línea de pensamiento y expresión de carácter militar. Este es un juzgado amparado bajo la Ley de la Pmop, para perseguir casos que lleva esta institución armada del Estado, donde se busca equiparar las fuerzas del Estado con la fuerza armada de los grupos criminales como las maras, pandillas y narcotráfico.
El juez Claudio tiene su despacho en su en el batallón lo cual es una aberración en cualquier sistema democrático de derecho, denuncia Menjivar. "Evidentemente que este juez no puede llevar este caso, porque esta solo está defendiendo un río, pero pareciera que lo que se busca es enviar es un mensaje claro a toda la sociedad", apuntó.
El juez con jurisdicción nacional Claudio Aguilar tiene fama de enviar a cárceles de máxima seguridad a todos los acusados que recibe.
Este juez únicamente conocerá el caso de Arnold Javier Alemán, quien aparece en los dos requerimientos fiscales. El primer requerimiento fue presentado en el juzgado de Tocoa y luego remitido a un juzgado con jurisdicción nacional por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras.
En el segundo expediente aparece Arnold junto a los 7 defensores criminalizados que guardan prisión en Támara. Aquí se les imputa el delito de asociación ilícita, privación injusta de la libertad, robo e incendio agravado. Este caso podría conocerlo la juez con jurisdicción nacional Lizzeth Vallecillo o Víctor Méndez del juzgado en materia de extorsión en Tegucigalpa.
Para el abogado Omar Menjivar, integrante de la defensa legal de Guapinol, la asignación del caso de Arnold a este juzgado deja un claro mensaje de ascenso al proceso de criminalización contra los defensores del ambiente en Guapinol. "El Estado está dejando ir toda su furia de persecución contra las personas que están defendiendo el ambiente", indica el abogado explicando que la criminalización de la protesta social se ha convertido en un patrón de conducta normal en Honduras, a pesar de ser inconstitucional.
A criterio del abogado, lo que no es común en este caso es que, además de criminalizarlos lo hacen ante una jurisdicción especial que fue creada para perseguir el crimen organizado. "Se está violentando el debido proceso contra esta persona", denuncia Menjivar. En el supuesto caso de que hubieran cometido delitos el juzgado competente para conocer la causa es el de Tocoa en el departamento de Colón.
Asignar este caso al juez Claudio Aguilar es subir a un nivel más de criminalización porque se trata de alguien que tiene una línea de pensamiento y expresión de carácter militar. Este es un juzgado amparado bajo la Ley de la Pmop, para perseguir casos que lleva esta institución armada del Estado, donde se busca equiparar las fuerzas del Estado con la fuerza armada de los grupos criminales como las maras, pandillas y narcotráfico.
El juez Claudio tiene su despacho en su en el batallón lo cual es una aberración en cualquier sistema democrático de derecho, denuncia Menjivar. "Evidentemente que este juez no puede llevar este caso, porque esta solo está defendiendo un río, pero pareciera que lo que se busca es enviar es un mensaje claro a toda la sociedad", apuntó.
El juez con jurisdicción nacional Claudio Aguilar tiene fama de enviar a cárceles de máxima seguridad a todos los acusados que recibe.
El caso más reciente y sonado en el país es el de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, presos políticos por protestar contra el fraude electoral de 2017, enviados a la Tolva por más de un año. Hoy están en libertad condicionada y su proceso de criminalización continúa. El Comité Municipal Ambiental de Tocoa, Colón hace un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos nacional e internacional para que pueden ver y escuchar lo que el Poder Judicial está haciendo contra las comunidades que se organizan en defensa de su río o montaña.
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