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| Foto Conexihon |
Amenazadas
de desalojo unas 70 personas de una isla en el Golfo de Fonseca para
facilitar proyectos turísticos, en lo que parece ser una muestra de lo
que vendrá con la implementación de la primera Zona de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudad modelo
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud
La Isla Exposición forma parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF), integrado por 13 islas ubicadas en la jurisdicción de los municipios de Nacaome, Amapala y Alianza, departamento de Valle, en el sur de Honduras [1]. Con una superficie aproximada de 50 km², el Parque Nacional Marino fue declarado como un área natural protegida –integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)– a través del Decreto 5-99-E, aprobado en diciembre del año 1999 por el Congreso Nacional. Ese mismo año, las áreas protegidas en el Golfo de Fonseca fueron declaradas por Naciones Unidas Sitio RAMSAR 1000 (humedales de importancia internacional).
En estos tres municipios sureños se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo o charter city. Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.
Recientemente, el general retirado René Osorio, encargado gubernamental para las ZEDE, aseguró que la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) ya entregó el estudio de factibilidad –valorado en 4 millones de dólares– que fue donado por el gobierno coreano.
Entre las actividades económicas por las cuales se podrá solicitar la creación de una Zede se encuentra la actividad turística. El plan orgánico de estos espacios territoriales prevé la posibilidad de instalar Zonas Turísticas Especiales con la creación de “centros turísticos importantes en zonas no desarrolladas”.
Para crear un ambiente propicio para la inversión turística, tanto nacional como extranjera, el año pasado el Congreso aprobó la Ley de Fomento al Turismo. Entre otros puntos, esta normativa permitirá realizar inversiones turísticas en las áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional, así como en conjuntos de preservación históricas, sitios y zonas especiales de interés turístico.
En el sur del país, una de las zonas con los más elevados índices de pobreza, un sector mayoritario de población mira con creciente desconfianza y preocupación la decisión unilateral del gobierno de implementar un plan estratégico de desarrollo a través de inversiones multimillonarias en el sector energético, minero, turístico y en infraestructuras.
Lo que está ocurriendo en estos días en la Isla Exposición, donde 15 familias viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas para dar paso a proyectos turísticos, parece ser solamente una pequeña muestra de lo que vendrá con la implementación de la primera ZEDE.
El derecho a vivir
Hace más de dos décadas, el Estado de Honduras dio la Isla Exposición en concesión a Fernando Tomé Abarca. Después de un tiempo, el concesionario estipuló con el señor Lorenzo Aguilera un contrato para que trabajara en la limpieza de sus playas, cerca de las cuales ya vivían varias familias. Aguilera se instaló en la isla, llevando a cabo la tarea encomendada y desarrolló pequeños proyectos productivos y ganaderos.
En los últimos años, el titular de la concesión ha venido enfrentándose a requerimientos fiscales y hasta demandas penales. De acuerdo con el expediente 1703-20140015, el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Carlos Ferrufino, presentó en el 2014 una demanda de procedimiento ordinario contra Tomé Abarca, para la terminación de un contrato de arrendamiento en el marco de la concesión. Un años después, según el expediente 1703-20150016, el Ministerio Público presentó una demanda penal contra el mismo Tomé Abarca por el delito de contaminación y daños agravados por la remoción de suelo.
Ante tanta presión, el titular de la concesión decidió solucionar el conflicto a través de una conciliación, aceptando devolver la isla a la PGR. La juez encargada del caso resolvió pasar la Isla Exposición bajo la protección de la Guardia Naval, quien estableció un plazo máximo de cuatro meses para que todas las personas afincadas en el lugar, incluyendo a Lorenzo Aguilera y su familia, abandonaran el lugar.
“Todas son familias muy pobres. A los gobiernos nunca les importó las condiciones de vida de esta gente. Ni siquiera tienen acceso a salud y educación. Ahora los quieren desalojar y no saben adónde ir. No tienen alternativas. Es una situación dramática”, dijo Pedro Canales del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida) a Alba Sud.
Un zoológico en el Golfo de Fonseca
Canales manifestó que detrás de la ofensiva judicial del Estado existiría una trama oculta para entregar la isla al capital transnacional turístico. En efecto, en la presentación del megaproyecto “Ferrocarril interoceánico y Ciudad Panacea” [2], el ex asesor presidencial y experto en temas de infraestructuras, Tito Livio Sierra, plantea la posibilidad de instalar en la Isla Exposición un gigantesco parque zoológico con especies animales traídas de todo el mundo.
“Es una propuesta que ya por su naturaleza no tiene pies ni cabeza. Además, se pretende impulsar a costa del desalojo de más de 70 personas, muchas de las cuales tienen casi medio siglo viviendo en la isla. Siempre nos hablan de desarrollo turístico, de cómo va a traer bienestar a la población, pero es mentira. Ya lo hemos visto en la península de Zacate Grande donde las familias poderosas de Honduras se han adueñado de tierras y playas, mientras en las comunidades la gente sigue viviendo sumida en la pobreza”, añadió el dirigente comunitario.
Para el también miembro de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo servirá al gobierno para afianzar la legislación que creó las ZEDE.
“Nunca hemos estado en contra del turismo, ni del desarrollo, pero no de la manera que lo están planteando. Debe ser un desarrollo integral, que involucre a las familias, a las comunidades. En nuestra península tenemos más de 30 playas cuyo acceso ya se nos está negando. Los dueños de las grandes mansiones se han adueñado de estas zonas. Es una privatización de hecho con el consentimiento tácito de las autoridades. La creación de la ZEDE va a generar más privatización de tierras y playas, profundizando aún más las condiciones de miseria de nuestras comunidades”, advirtió Canales.
Un modelo excluyente
Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del MASS-Vida, aseguró a Alba Sud que el potencial turístico de la zona ha despertado mucho interés, y lo que está aconteciendo en la Isla Exposición es parte de una estrategia mucho más amplia, que pretende ‘dejar la mesa limpia’ antes de la llegada de empresarios e inversionistas interesados en la zona.
A finales del año pasado, el entonces secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, informó a medios nacionales que empresas provenientes de distintos países del mundo estaban adquiriendo terrenos en el sur del país para poner en marcha la primera ZEDE.
“Lo mismo que están haciendo en Exposición lo van a hacer en las demás islas habitadas que integran el Parque Marino para implementar proyectos turísticos. Muchas familias se van a ver afectadas, menos las de los ricos y poderosos. A ellos, que han acaparado tierras y playas, nadie los va a tocar. El modelo de inversión turística que se aplica en todo el país es excluyente, desaloja comunidades, genera divisiones y rupturas del tejido social, profundiza la pobreza, enriqueciendo solamente a empresarios e inversionistas. En vez de ser beneficioso, este tipo de turismo deja secuelas y heridas profundas en la población”, manifestó Castillo.
“Todo es parte de un modelo económico que saquea los bienes comunes y los entrega al gran capital nacional y transnacional. En el sur del país se está creando un parque minero, se están instalando proyectos fotovoltaicos que abarcan unas 3 mil hectáreas de territorio, se construirá un mega-puerto (con una inversión inicial de 500 millones de dólares) y se invertirá en proyectos turísticos”, continuó la abogada del MASS-Vida.
Castillo advirtió también que este proceso no admite oposición. El posible desalojo de las familias que viven en la Isla Exposición es solamente un pequeño ejemplo de la criminalización a la cual están siendo sometidas las personas que defienden los territorios. En medio de una creciente militarización, unas 40 personas ya han sido judicializadas por supuestos delitos de usurpación, amenazas y daños a la propiedad.
“Estamos muy preocupados. La que viene es una gran ofensiva contra las organizaciones que luchan contra la imposición de este modelo y la negación del derecho a una verdadera consulta. Están atemorizando a la población, sin embargo, en la Isla Exposición la gente dice que va a luchar hasta el final. Los vamos a acompañar. No podemos permitir que se siente este precedente. Si cae Exposición caen todas las demás islas, incluyendo a parte de Zacate Grande”, concluyó Canales.
Notas:
[1] Islas Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pájaros, Zacate Grande.
[2] A partir del minuto 10:30.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).
Fuente: ALBA SUD
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud
La Isla Exposición forma parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF), integrado por 13 islas ubicadas en la jurisdicción de los municipios de Nacaome, Amapala y Alianza, departamento de Valle, en el sur de Honduras [1]. Con una superficie aproximada de 50 km², el Parque Nacional Marino fue declarado como un área natural protegida –integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)– a través del Decreto 5-99-E, aprobado en diciembre del año 1999 por el Congreso Nacional. Ese mismo año, las áreas protegidas en el Golfo de Fonseca fueron declaradas por Naciones Unidas Sitio RAMSAR 1000 (humedales de importancia internacional).
En estos tres municipios sureños se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo o charter city. Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.
Recientemente, el general retirado René Osorio, encargado gubernamental para las ZEDE, aseguró que la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) ya entregó el estudio de factibilidad –valorado en 4 millones de dólares– que fue donado por el gobierno coreano.
Entre las actividades económicas por las cuales se podrá solicitar la creación de una Zede se encuentra la actividad turística. El plan orgánico de estos espacios territoriales prevé la posibilidad de instalar Zonas Turísticas Especiales con la creación de “centros turísticos importantes en zonas no desarrolladas”.
Para crear un ambiente propicio para la inversión turística, tanto nacional como extranjera, el año pasado el Congreso aprobó la Ley de Fomento al Turismo. Entre otros puntos, esta normativa permitirá realizar inversiones turísticas en las áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional, así como en conjuntos de preservación históricas, sitios y zonas especiales de interés turístico.
En el sur del país, una de las zonas con los más elevados índices de pobreza, un sector mayoritario de población mira con creciente desconfianza y preocupación la decisión unilateral del gobierno de implementar un plan estratégico de desarrollo a través de inversiones multimillonarias en el sector energético, minero, turístico y en infraestructuras.
Lo que está ocurriendo en estos días en la Isla Exposición, donde 15 familias viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas para dar paso a proyectos turísticos, parece ser solamente una pequeña muestra de lo que vendrá con la implementación de la primera ZEDE.
El derecho a vivir
Hace más de dos décadas, el Estado de Honduras dio la Isla Exposición en concesión a Fernando Tomé Abarca. Después de un tiempo, el concesionario estipuló con el señor Lorenzo Aguilera un contrato para que trabajara en la limpieza de sus playas, cerca de las cuales ya vivían varias familias. Aguilera se instaló en la isla, llevando a cabo la tarea encomendada y desarrolló pequeños proyectos productivos y ganaderos.
En los últimos años, el titular de la concesión ha venido enfrentándose a requerimientos fiscales y hasta demandas penales. De acuerdo con el expediente 1703-20140015, el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Carlos Ferrufino, presentó en el 2014 una demanda de procedimiento ordinario contra Tomé Abarca, para la terminación de un contrato de arrendamiento en el marco de la concesión. Un años después, según el expediente 1703-20150016, el Ministerio Público presentó una demanda penal contra el mismo Tomé Abarca por el delito de contaminación y daños agravados por la remoción de suelo.
Ante tanta presión, el titular de la concesión decidió solucionar el conflicto a través de una conciliación, aceptando devolver la isla a la PGR. La juez encargada del caso resolvió pasar la Isla Exposición bajo la protección de la Guardia Naval, quien estableció un plazo máximo de cuatro meses para que todas las personas afincadas en el lugar, incluyendo a Lorenzo Aguilera y su familia, abandonaran el lugar.
“Todas son familias muy pobres. A los gobiernos nunca les importó las condiciones de vida de esta gente. Ni siquiera tienen acceso a salud y educación. Ahora los quieren desalojar y no saben adónde ir. No tienen alternativas. Es una situación dramática”, dijo Pedro Canales del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida) a Alba Sud.
Un zoológico en el Golfo de Fonseca
Canales manifestó que detrás de la ofensiva judicial del Estado existiría una trama oculta para entregar la isla al capital transnacional turístico. En efecto, en la presentación del megaproyecto “Ferrocarril interoceánico y Ciudad Panacea” [2], el ex asesor presidencial y experto en temas de infraestructuras, Tito Livio Sierra, plantea la posibilidad de instalar en la Isla Exposición un gigantesco parque zoológico con especies animales traídas de todo el mundo.
“Es una propuesta que ya por su naturaleza no tiene pies ni cabeza. Además, se pretende impulsar a costa del desalojo de más de 70 personas, muchas de las cuales tienen casi medio siglo viviendo en la isla. Siempre nos hablan de desarrollo turístico, de cómo va a traer bienestar a la población, pero es mentira. Ya lo hemos visto en la península de Zacate Grande donde las familias poderosas de Honduras se han adueñado de tierras y playas, mientras en las comunidades la gente sigue viviendo sumida en la pobreza”, añadió el dirigente comunitario.
Para el también miembro de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo servirá al gobierno para afianzar la legislación que creó las ZEDE.
“Nunca hemos estado en contra del turismo, ni del desarrollo, pero no de la manera que lo están planteando. Debe ser un desarrollo integral, que involucre a las familias, a las comunidades. En nuestra península tenemos más de 30 playas cuyo acceso ya se nos está negando. Los dueños de las grandes mansiones se han adueñado de estas zonas. Es una privatización de hecho con el consentimiento tácito de las autoridades. La creación de la ZEDE va a generar más privatización de tierras y playas, profundizando aún más las condiciones de miseria de nuestras comunidades”, advirtió Canales.
Un modelo excluyente
Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del MASS-Vida, aseguró a Alba Sud que el potencial turístico de la zona ha despertado mucho interés, y lo que está aconteciendo en la Isla Exposición es parte de una estrategia mucho más amplia, que pretende ‘dejar la mesa limpia’ antes de la llegada de empresarios e inversionistas interesados en la zona.
A finales del año pasado, el entonces secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, informó a medios nacionales que empresas provenientes de distintos países del mundo estaban adquiriendo terrenos en el sur del país para poner en marcha la primera ZEDE.
“Lo mismo que están haciendo en Exposición lo van a hacer en las demás islas habitadas que integran el Parque Marino para implementar proyectos turísticos. Muchas familias se van a ver afectadas, menos las de los ricos y poderosos. A ellos, que han acaparado tierras y playas, nadie los va a tocar. El modelo de inversión turística que se aplica en todo el país es excluyente, desaloja comunidades, genera divisiones y rupturas del tejido social, profundiza la pobreza, enriqueciendo solamente a empresarios e inversionistas. En vez de ser beneficioso, este tipo de turismo deja secuelas y heridas profundas en la población”, manifestó Castillo.
“Todo es parte de un modelo económico que saquea los bienes comunes y los entrega al gran capital nacional y transnacional. En el sur del país se está creando un parque minero, se están instalando proyectos fotovoltaicos que abarcan unas 3 mil hectáreas de territorio, se construirá un mega-puerto (con una inversión inicial de 500 millones de dólares) y se invertirá en proyectos turísticos”, continuó la abogada del MASS-Vida.
Castillo advirtió también que este proceso no admite oposición. El posible desalojo de las familias que viven en la Isla Exposición es solamente un pequeño ejemplo de la criminalización a la cual están siendo sometidas las personas que defienden los territorios. En medio de una creciente militarización, unas 40 personas ya han sido judicializadas por supuestos delitos de usurpación, amenazas y daños a la propiedad.
“Estamos muy preocupados. La que viene es una gran ofensiva contra las organizaciones que luchan contra la imposición de este modelo y la negación del derecho a una verdadera consulta. Están atemorizando a la población, sin embargo, en la Isla Exposición la gente dice que va a luchar hasta el final. Los vamos a acompañar. No podemos permitir que se siente este precedente. Si cae Exposición caen todas las demás islas, incluyendo a parte de Zacate Grande”, concluyó Canales.
Notas:
[1] Islas Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pájaros, Zacate Grande.
[2] A partir del minuto 10:30.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).
Fuente: ALBA SUD
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