Por Mesa Nacional de DDHH | Defensores en Línea
Nosotras y nosotros, integrantes de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de la Coalición Contra la Impunidad,
articulación integrada por más de 50 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, ante el contexto actual comunicamos lo
siguiente:
La declaratoria de Juan Orlando Hernández como candidato
ganador de las elecciones presidenciales del pasado 26 de
noviembre es una afrenta a la soberanía de nuestro pueblo e irrespeta la voluntad popular expresada en las urnas.
Entendemos con claridad, que el continuismo que pretende el Partido Nacional, auxiliado por un cómplice y subordinado Tribunal Supremo Electoral, TSE, responde al plan de profundización del modelo extractivista y de despojo de nuestros bienes naturales y riquezas en general.
Entendemos con claridad, que el continuismo que pretende el Partido Nacional, auxiliado por un cómplice y subordinado Tribunal Supremo Electoral, TSE, responde al plan de profundización del modelo extractivista y de despojo de nuestros bienes naturales y riquezas en general.
Declaratoria efectuada a pesar de que diversas
instancias nacionales e internacionales han calificado de
irregular, viciado y de baja calidad técnica el proceso
electoral, tal como lo señala la Misión de Observadores Electorales de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su segundo informe
preliminar, y también el Secretario General de la Misma, el señor Luís Almagro, quién ha reafirmado esos hallazgos y recomienda
celebrar nuevas elecciones generales.
Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, condenamos firmemente los abusos de poder, las diversas
violaciones de los deberes de los funcionarios de gobierno, así como
la comisión de ilícitos y graves violaciones a los derechos humanos
de la población por parte de los órganos de seguridad del Estado,
violaciones que han significado a partir del 30 de noviembre a la
fecha, más de 23 ejecuciones extrajudiciales de mujeres y hombres.
Repudiamos el silencio cómplice de los medios corporativos
serviles al oficialismo que han pretendido invisibilizar tales
crímenes fortaleciendo la impunidad que el sistema de justicia les ha
garantizado hasta ahora.
Dichos asesinatos han sido plenamente
constatados y verificados como producto de la situación de crisis e
inestabilidad social provocada por la cúpula polltica del Partido
Nacional y demás instituciones involucradas en el fraude consumado y
no incluyen datos de muertes de agentes policiales.
Repudiamos la brutalidad con que la que ha actuado la Policía
Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, así como los allanamientos a las viviendas de
la población que ejerce su derecho constitucional a la protesta y los
distintos métodos de tortura empleados en contra de los y las
manifestantes entre los cuales se registra el uso de armas de
electrochoque, tortura en vías públicas y la exhibición de personas
detenidas frente al resto de la población movilizada como mecanismo de
castigo ejemplarizante.
Exigimos el cese a los ataques directos en contra de
comunidades, barrios y colonias que se han mantenido en permanente
manifestación pacífica; las mismas han sido continuamente
violentadas al punto de afectar a familias enteras, incluidos
adultos mayores y niñez, los cuales han sido severamente afectados por
el uso de gases lacrimógenos.
La saña con la que actúan los cuerpos de seguridad ha dejado un
amplio saldo de personas heridas y detenidas en todo el territorio
nacional, 4 de esas personas continúan con un diagnóstico de
gravedad.
Evidenciamos y denunciamos el hostigamiento, las amenazas,
agresiones y persecución en contra de las defensoras y
defensores de derechos humanos durante el ejercicio de su labor en
acompañamiento a las acciones de protesta y denuncia de las
violaciones a los derechos humanos de la población; la
criminalización y estigmatización efectuada desde los medios
de comunicación oficialistas, quienes han promovido campañas de
desinformación y pretenden desvirtuar la naturaleza de nuestro
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Exigimos el respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación alternativos y nos solidarizamos con Radio Progreso y
UNE TV quienes han sido víctimas de ataques por su posicionamiento
frente al proceso electoral, así como las radios comunitarias Radio
Dignidad, Radio Taragual, entre otras.
Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) e instancias internacionales de derechos humanos demandamos que
desde sus facultades mandatarias actúen de formas aún más oportunas y
determinadas, acordes con la gravedad de la crisis de derechos humanos
que Honduras enfrenta.
Como organizaciones de derechos humanos reafirmamos nuestro
compromiso no sólo de denunciar, documentar y acompañar a las
víctimas de las violaciones de derechos, sino también de estar en los
lugares donde se gesta la defensa heroica de la ciudadanía, por la
construcción de una sociedad democrática celadora del Estado de
Derecho.
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