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| Foto G. Iglesias |
Por Rel-UITA
El coronel salvadoreño Guillermo Alvarez Benavides pasará probablemente sus últimos años en la cárcel tras ser condenado a 30 años de prisión por la masacre, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, una colaboradora de los religiosos y la hija de ésta.
El militar había sido, en 1992, el único procesado por ese asesinato colectivo, pero apenas un año después, tras la aprobación de una ley de amnistía a los uniformados responsables de crímenes de lesa humanidad, fue liberado.
Luego de la anulación de esa ley, la condena se restableció, pero las apelaciones de la defensa del coronel lograron postergar la decisión hasta el jueves 6.
A la defensa del militar sólo le queda apelar el fallo de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ante la Corte Suprema o esperar un indulto parlamentario.
Benavides, ex jefe de la Escuela Militar, fue parte de un grupo de nueve acusados de la masacre. Se lo condenó por haber ordenado el crimen, aunque no participó de la ejecución de los seis religiosos y las dos mujeres. Los otros ocho, que sí intervinieron en el homicidio, fueron liberados en función de que la justicia consideró que “cumplían órdenes”.
El coronel y otros dos militares fueron detenidos a pedido de Interpol en febrero de 2016. La justicia española había reclamado su arresto y extradición -y el de otros 14 militares salvadoreños- en función de la nacionalidad ibérica de los jesuitas masacrados.
En agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia denegó la extradición, pero como un mes antes el parlamento salvadoreño había anulado la ley de amnistía el coronel permaneció en prisión al volver a serle aplicada la condena original de 1992.
Paralelamente, hace apenas unos días la justicia salvadoreña comenzó a tratar el caso de la masacre de El Mozote, en la que unos mil campesinos fueron asesinados por el ejército, en diciembre de 1981.
Por primera vez se sentarán en el banquillo el principal responsable de las operaciones militares en la época, el ex ministro de Defensa José Guillermo García, y varios de los jefes castrenses.
Durante años, los militares salvadoreños negaron los hechos, hasta que comenzaron a aparecer restos óseos de cientos de víctimas. Aparecieron huesos de unos 400 de los mil masacrados, la mitad de ellos correspondientes a niños, jóvenes y bebés.
El caso fue declarado delito de lesa humanidad por un juez y le valió en 2012 a El Salvador una condena de parte de la Corte Interamericana de derechos Humanos.
Si se reabrió fue gracias al testimonio insistente de uno de los pocos testigos de la masacre, el líder campesino Pedro Chicas, muerto de un cáncer en 2013, que nunca dejó de acusar al Estado y a los responsables del Batallón Atlacátl, una unidad de elite formada por asesores estadounidenses, por el crimen y a la justicia por su complicidad.
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