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Por Defensores en Línea
La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) reiteraron en conferencia de prensa que en la zona opera una estructura paramilitar que tiene la misión de liquidar a líderes campesinos, desmovilizar al movimiento y despojar de las tierras a las cooperativas campesinas.
Estos escuadrones de muerte han fortalecido los lazos con los militares a lo interno de las comunidades, y esto nos tiene realmente en un hecho de zozobra, debido a que el mismo Ministerio Público (MP) tiene información de qué se trata este tipo de paramilitarismo y no ha hecho absolutamente nada, dijo el vocero de la Plataforma Agraria Regional de Aguán, Yoni Rivas.
“La Unidad de Muertes Violentas del Aguán tiene el padrón fotográfico con relación a este hecho y no ha podido hacer absolutamente nada. Después de que el compañero José Angel Flores fuera asesinado, han empezado a movilizar investigadores y demandamos que se dé con la captura de los autores intelectuales y materiales, de quiénes asesinaron a nuestro compañero José Angel Flores y Silmer Dionisio George”, expresó Rivas.
El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán sostuvo que “aquí este país desgraciadamente está gobernado por el poder económico, si recordamos, desde el golpe de estado las corporaciones terratenientes financiaron la movilización y todo lo que se dio en la represión contra el pueblo; aquí estuvo Corporación Dinant, aquí los grupos de poder económicos y los intereses que se juegan con la minería, que se juegan con las ciudades modelo, con la explotación petrolera en la zona de la mosquitia, son los grandes interesados en poder terminar con el liderazgo social”
Rivas agregó que así también está el interés del poder Ejecutivo con esas pretensiones de instalar una dictadura en este país, es que se está terminando y descabezando en contra del movimiento social; es una responsabilidad realmente desde el Estado a través del Ejecutivo, así como también altos mandos militares y los grandes emporios que mantienen poder económico en este país, en este caso las corporaciones terratenientes y todo ese sistema extractivista que está desarrollándose en el país, y muchas veces financiado por organismos internacionales como es el Banco Mundial que en un principio fue para combatir la pobreza, pero que hoy con las medidas que está haciendo, profundiza más la pobreza, desplaza al sector campesino de su tierra y eso genera mucha más crisis, mucho más hambre y mucha más dependencia.
Entretanto Angel Flores, el hijo mayor de José Angel Flores (asesinado por sicarios el 18 de octubre de este año) dijo a www.defensoresenlinea.com que sabemos la persecución gradual y sistemática que ha habido desde que comenzó contra el movimiento desde antes de llamarse MUCA.
Angel Flores: “Hay una persecución gradual y sistemática“
“La persecución ha sido radical y han asesinado personas y lo seguirán haciendo si no los detenemos, si no ponemos un alto; las familias estamos preocupadas no sólo por la integridad de nosotros sino también por los compañeros, porque sabemos que el desamparo y la ignominia del gobierno es terrible y han abandonado a todas estas personas, y las han desprotegido completamente”, advirtió Flores.
Flores lamentó que las medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hayan sido implementadas por el gobierno a favor de su padre.
“Hay otras personas que están amenazadas, las siguen amenazando, siguen habiendo atentados y eso no sale a luz pública en Colón, y no debe ocurrir esto”, sostuvo Angel Flores.
Entretanto al Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo que la última vez que José Angel Flores estuvo en el comité compartiendo su testimonio este año, vimos que era un hombre visionario, pero también vimos ante qué nivel de inseguridad y violencia se enfrentaba.
“Cuando vimos su testimonio nos dejó claro el mensaje que los niveles de infiltración que el Estado ha preparado en todos los espacios organizados, es más que evidente. El siempre dijo quién lo podía matar, y por supuesto que son civiles dijo, pero tengo claro cuáles son las conexiones de estos civiles con (Gérman ) Alfaro, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en El Aguán, y que tenía claro la conexión de estos civiles con la parte de la Policía y El Ejército, él lo dijo claramente”, detalló Oliva.
La Coordinadora General del COFADEH manifestó que esto era un reflejo de los niveles de infiltración que existen al interior del movimiento campesino y de otras organizaciones sociales.
Por su parte el director ejecutivo de la organización ambientalista Madre Tierra, el ex rector universitario Juan Almendáres Bonilla manifestó un dolor profundo por los asesinatos del presidente de MUCA, José Angel Flores y el campesino Silmer Dionisio George.
“Era dos compañeros conocidos, los cuales tenían medidas cautelares y fueron asesinados y por otro lado ese es un mensaje contra todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones campesinas e indígenas, de que en este país no se respeta la vida”, apuntó el defensor de derechos humanos.
Yo considero que desde luego tienen que investigarse todas las causas, las formales y las causas estructurales, y por otro lado considero que el Estado tiene la responsabilidad en este caso.
Almendáres Bonilla expresó que el Bajo Aguán ha sido una zona de operaciones psicológicas de la guerra y “son más de 140 asesinados, donde la impunidad es casi del 100 por ciento, en una zona altamente militarizada tanto nacional como extranjera, con bases militares estadounidenses, con el negocio del petróleo, empresa mineras y agro-combustibles”.
En un comunicado distribuido a la prensa la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y el Movimiento Campesino Unificado del Aguán MUCA señalaron que “el grupo paramilitar que le quitó la vida a los compañeros José Angel Flores y Silmer Dionisio George, el pasado 18 de Octubre en el asentamiento La Confianza, ha sido denunciado a nivel nacional e internacional por más de dos años y que también el Ministerio Publico tenía pleno conocimiento”.
Estos ejecutaron el asesinato en presencia de decenas de compañeros y compañeras manifestando que “querían conocernos, procediendo a quitarse sus pasamontañas”, luego de ello dispararon en contra de la humanidad de los compañeros, quitándoles la vida de forma inmediata, esta acción tiene como fin sembrar el terror en la comunidades campesinas”,
“Que en la región del Aguán, unidades bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de operaciones de entrenamiento con unidades de fuerzas especiales de Honduras en la base de Río Claro desde el 2010, de donde han surgido los escuadrones de la muerte que operan en el Aguán”, expuso el comunicado.
Agrega que el grupo paramilitar que opera en la región tiene colaboración de altos mandos militares a tal grado que han utilizado armamento que solo el Estado posee, al igual que vestimentas militares. En un año, hombres fuertemente armados con vestimenta militar han asaltado en dos ocasiones la tesorería del Asentamiento la Confianza”.
Ha sido público a nivel mundial que existe una lista de líderes y lideresas campesinas, sociales y populares que podrían ser asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras, por lo que expresamos nuestra preocupación por la vida de los compañeros Doris Peréz, Leonel Cruz, Marvin Alvarado, Raúl Ramírez, Anibal Erazo, Vitalino Alvarez, Jesús Alberto Portillo, Orbelina Flores, Yoni Rivas y sus familias, así como también por las personas que desafortunadamente presenciaron ese vil asesinato.
El génesis de inseguridad en el Bajo Aguán es el acaparamiento de la tierra por corporaciones terratenientes como Dinant, amparadas en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en el 1992 y apoyada por el Banco Mundial a través de la política de ajustes estructurales a países débiles como Honduras.
Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia en contra de los compañeros campesinos y sus familias, por lo que hacemos el llamado urgente a las organizaciones defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a que exijan al Gobierno de Honduras, se implementen medidas de protección para salvaguardar sus vidas y la de los compañeros y compañeras organizadas en las empresas de MUCA.
Exigimos justicia, castigo para los responsables intelectuales y materiales del doble crimen, donde perdieron la vida los compañero José Ángel Flores y Silmer George recientemente, puntualizó el comunicado distribuido a la prensa nacional y extranjera que cubrió la conferencia de prensa realizada en la sede del COFADEH.
Estos escuadrones de muerte han fortalecido los lazos con los militares a lo interno de las comunidades, y esto nos tiene realmente en un hecho de zozobra, debido a que el mismo Ministerio Público (MP) tiene información de qué se trata este tipo de paramilitarismo y no ha hecho absolutamente nada, dijo el vocero de la Plataforma Agraria Regional de Aguán, Yoni Rivas.
“La Unidad de Muertes Violentas del Aguán tiene el padrón fotográfico con relación a este hecho y no ha podido hacer absolutamente nada. Después de que el compañero José Angel Flores fuera asesinado, han empezado a movilizar investigadores y demandamos que se dé con la captura de los autores intelectuales y materiales, de quiénes asesinaron a nuestro compañero José Angel Flores y Silmer Dionisio George”, expresó Rivas.
El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán sostuvo que “aquí este país desgraciadamente está gobernado por el poder económico, si recordamos, desde el golpe de estado las corporaciones terratenientes financiaron la movilización y todo lo que se dio en la represión contra el pueblo; aquí estuvo Corporación Dinant, aquí los grupos de poder económicos y los intereses que se juegan con la minería, que se juegan con las ciudades modelo, con la explotación petrolera en la zona de la mosquitia, son los grandes interesados en poder terminar con el liderazgo social”
Rivas agregó que así también está el interés del poder Ejecutivo con esas pretensiones de instalar una dictadura en este país, es que se está terminando y descabezando en contra del movimiento social; es una responsabilidad realmente desde el Estado a través del Ejecutivo, así como también altos mandos militares y los grandes emporios que mantienen poder económico en este país, en este caso las corporaciones terratenientes y todo ese sistema extractivista que está desarrollándose en el país, y muchas veces financiado por organismos internacionales como es el Banco Mundial que en un principio fue para combatir la pobreza, pero que hoy con las medidas que está haciendo, profundiza más la pobreza, desplaza al sector campesino de su tierra y eso genera mucha más crisis, mucho más hambre y mucha más dependencia.
Entretanto Angel Flores, el hijo mayor de José Angel Flores (asesinado por sicarios el 18 de octubre de este año) dijo a www.defensoresenlinea.com que sabemos la persecución gradual y sistemática que ha habido desde que comenzó contra el movimiento desde antes de llamarse MUCA.
Angel Flores: “Hay una persecución gradual y sistemática“
“La persecución ha sido radical y han asesinado personas y lo seguirán haciendo si no los detenemos, si no ponemos un alto; las familias estamos preocupadas no sólo por la integridad de nosotros sino también por los compañeros, porque sabemos que el desamparo y la ignominia del gobierno es terrible y han abandonado a todas estas personas, y las han desprotegido completamente”, advirtió Flores.
Flores lamentó que las medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hayan sido implementadas por el gobierno a favor de su padre.
“Hay otras personas que están amenazadas, las siguen amenazando, siguen habiendo atentados y eso no sale a luz pública en Colón, y no debe ocurrir esto”, sostuvo Angel Flores.
Entretanto al Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo que la última vez que José Angel Flores estuvo en el comité compartiendo su testimonio este año, vimos que era un hombre visionario, pero también vimos ante qué nivel de inseguridad y violencia se enfrentaba.
“Cuando vimos su testimonio nos dejó claro el mensaje que los niveles de infiltración que el Estado ha preparado en todos los espacios organizados, es más que evidente. El siempre dijo quién lo podía matar, y por supuesto que son civiles dijo, pero tengo claro cuáles son las conexiones de estos civiles con (Gérman ) Alfaro, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en El Aguán, y que tenía claro la conexión de estos civiles con la parte de la Policía y El Ejército, él lo dijo claramente”, detalló Oliva.
La Coordinadora General del COFADEH manifestó que esto era un reflejo de los niveles de infiltración que existen al interior del movimiento campesino y de otras organizaciones sociales.
Por su parte el director ejecutivo de la organización ambientalista Madre Tierra, el ex rector universitario Juan Almendáres Bonilla manifestó un dolor profundo por los asesinatos del presidente de MUCA, José Angel Flores y el campesino Silmer Dionisio George.
“Era dos compañeros conocidos, los cuales tenían medidas cautelares y fueron asesinados y por otro lado ese es un mensaje contra todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones campesinas e indígenas, de que en este país no se respeta la vida”, apuntó el defensor de derechos humanos.
Yo considero que desde luego tienen que investigarse todas las causas, las formales y las causas estructurales, y por otro lado considero que el Estado tiene la responsabilidad en este caso.
Almendáres Bonilla expresó que el Bajo Aguán ha sido una zona de operaciones psicológicas de la guerra y “son más de 140 asesinados, donde la impunidad es casi del 100 por ciento, en una zona altamente militarizada tanto nacional como extranjera, con bases militares estadounidenses, con el negocio del petróleo, empresa mineras y agro-combustibles”.
En un comunicado distribuido a la prensa la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y el Movimiento Campesino Unificado del Aguán MUCA señalaron que “el grupo paramilitar que le quitó la vida a los compañeros José Angel Flores y Silmer Dionisio George, el pasado 18 de Octubre en el asentamiento La Confianza, ha sido denunciado a nivel nacional e internacional por más de dos años y que también el Ministerio Publico tenía pleno conocimiento”.
Estos ejecutaron el asesinato en presencia de decenas de compañeros y compañeras manifestando que “querían conocernos, procediendo a quitarse sus pasamontañas”, luego de ello dispararon en contra de la humanidad de los compañeros, quitándoles la vida de forma inmediata, esta acción tiene como fin sembrar el terror en la comunidades campesinas”,
“Que en la región del Aguán, unidades bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de operaciones de entrenamiento con unidades de fuerzas especiales de Honduras en la base de Río Claro desde el 2010, de donde han surgido los escuadrones de la muerte que operan en el Aguán”, expuso el comunicado.
Agrega que el grupo paramilitar que opera en la región tiene colaboración de altos mandos militares a tal grado que han utilizado armamento que solo el Estado posee, al igual que vestimentas militares. En un año, hombres fuertemente armados con vestimenta militar han asaltado en dos ocasiones la tesorería del Asentamiento la Confianza”.
Ha sido público a nivel mundial que existe una lista de líderes y lideresas campesinas, sociales y populares que podrían ser asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras, por lo que expresamos nuestra preocupación por la vida de los compañeros Doris Peréz, Leonel Cruz, Marvin Alvarado, Raúl Ramírez, Anibal Erazo, Vitalino Alvarez, Jesús Alberto Portillo, Orbelina Flores, Yoni Rivas y sus familias, así como también por las personas que desafortunadamente presenciaron ese vil asesinato.
El génesis de inseguridad en el Bajo Aguán es el acaparamiento de la tierra por corporaciones terratenientes como Dinant, amparadas en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en el 1992 y apoyada por el Banco Mundial a través de la política de ajustes estructurales a países débiles como Honduras.
Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia en contra de los compañeros campesinos y sus familias, por lo que hacemos el llamado urgente a las organizaciones defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a que exijan al Gobierno de Honduras, se implementen medidas de protección para salvaguardar sus vidas y la de los compañeros y compañeras organizadas en las empresas de MUCA.
Exigimos justicia, castigo para los responsables intelectuales y materiales del doble crimen, donde perdieron la vida los compañero José Ángel Flores y Silmer George recientemente, puntualizó el comunicado distribuido a la prensa nacional y extranjera que cubrió la conferencia de prensa realizada en la sede del COFADEH.
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