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Por Ofraneh
El pasado martes 18 de octubre, a pocas horas que
nuestra compañera y coordinadora general Miriam Miranda recibió el
reconocimiento Carlos Escaleras -dedicado a los defensores de los
derechos a la tierra y bienes comunes- fueron asesinados dos dirigentes
del Muca, los señores José Angel Flores y Silmer George.
La guerra de no tan baja intensidad que se libra en
el Valle del Aguan, con el propósito de preservar los privilegios de
grandes latifundistas en detrimento del campesinado desposeídos, ha
tenido como resultado más de un centenar de defensores de los derechos
territoriales asesinados, al mismo tiempo que se ha militarizado el
valle del Aguán.
La muerte de los compañeros del MUCA resalta la ausencia de protección para aquellos que poseen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), y de como las buenas intensiones de las campañas a favor de los defensores territoriales se esfuman ante la agresividad de una élite de poder que recurre al asesinato, como la vía más expedita de resolver los reclamos territoriales y ambientales.
La ausencia de un estado de ley en Honduras, país que
a partir del golpe de estado del 2009 entró en una de imparable
violencia, ha dado lugar a una dictadura civil de mano dura que no
repara en la destrucción del tejido social, amparándose en una
militarización vertiginosa del país.
El crimen como un recurso de la élite de poder para
lograr sus despojos, se demuestra con el caso de Berta Cáceres, la que
fue asesinada el dos de marzo del presente año, sin que los autores
intelectuales del delito se les haya formulado cargo alguno. La
combinación de ejecutivos de la empresa DESA -propiedad del clan Faraj
Atala- asociados con militares, entre ellos un mayor del ejercito,
instructor de la tenebrosa Policía Militar, es un indicador de la
complicidad del estado con los asesinos.
Como muestra de la política de terrorismo de estado,
la represión policial cundió en la marcha pacífica que se dio el día de
ayer en Tegucigalpam, frente el Ministerio Público, en la cual la
OFRANEH acompañaba al COPINH, en su reclamo alrededor de las enormes
inconsistencias y dilación en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
En el momento que se iniciaba una ceremonia de
invocación a nuestros ancestros, una lluvia de bombas lacrimógenas
lanzadas por elementos de la Policía nacional, creó una estampida entre
los manifestantes, en su mayoría mujeres y algunos menores de edad, que
se habían movilizado desde sus comunidades en los territorios Lenca y
Garifuna.
¨Defender sin Miedo¨ es el nombre de la campaña
promovida por la Unión Europea, la que impulsó con algunas Oneges el
premio Carlos Escaleras, el que puede quedar no más que en palabras
huecas si la UE y los países cooperantes no hacen presión a la
administración de Juan Hernández, la cual fue aplaudida por los
embajadores cuando se efectuaron las truculentas elecciones del
2013.
Honduras una vez más viola el derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacíficas para el pleno goce de los derechos
civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales.
No es la primera vez que las fuerzas del Ministerio de Seguridad
reprimen al pueblo y utilizan el gas pimienta como una ofensiva, mas que
disuasión al disparar las bombas a quemarropa dirigida a los cuerpos de
las personas que ejercen su derecho a manifestarse.
No es posible que se nos reciba a los pueblos
indígenas -que habitamos Honduras, antes de la instauración de la
República- con balas, gases lacrimógenas, chorros de agua, y una
violencia desmedida, la cual culminó en una enorme cacería; cuando nos
movilizamos hacia a la ciudad capital para exigir nuestros derechos.
Es hora que el Estado abandone su necropolítica y
respete los derechos humanos. los que ha venido degradando de forma
sistemática en los últimos años.
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