El Salvador: Sobre la sequía y las acciones del gobierno

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Por César Villalona

La actual sequía ya afectó 70,000 manzanas de maíz, que equivalen al 17% de la superficie sembrada de ese grano. También afectará el frijol, el sorgo, la caña y la ganadería. Además, en los próximos meses puede haber problemas con el abastecimiento de agua.

Esta sequía es la tercera que afecta al país desde que gobierna el FMLN. También ha habido tormentas que dañaron los cultivos y el ganado. Y a pesar de esos malos inviernos, las cosechas de maíz y frijol crecieron 23% y 69% entre 2010 y 2014, gracias al apoyo del gobierno al agro, mediante la entrega de paquetes agrícolas, títulos de propiedad, créditos a tasas de interés bajas (4%) y asistencia técnica.

Para enfrentar el actual problema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregará otros 100,000 paquetes de semilla de maíz y 5,000 de sorgo. Y para evitar que los precios se disparen, se importarán 300,000 toneladas de maíz y 12,000 de frijol. A su vez, el MAG, la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Hacienda dialogan con las empresas que comercializan granos básicos, que ya comenzaron a acaparar los productos y a provocar su encarecimiento.

Las sequías e inundaciones ocasionadas por el cambio climático son una realidad que no depende de nuestro país. Para enfrentar dichas amenazas, es necesario, entre otras cosas, frenar la deforestación y proteger los mantos acuíferos. También hay que construir sistemas de riego para producir en verano, como se hará en San Miguel y la Unión, donde se crearán dos módulos de riego con el apoyo de Japón, que donará 2 millones de dólares.

El MAG también debe crear centros de comercialización de granos básicos y productos acuícolas, para mantener reservas de alimentos y garantizarles buenos precios a quienes producen y precios bajos a la población. Como el Estado apoya la producción, es justo que incursione en la comercialización, actualmente controlada por empresas privadas que se ganan una millonada y alteran los precios a su antojo, incluso por razones políticas.

El pueblo debe apoyar al gobierno en su lucha contra el acaparamiento y debe exigirle a la derecha en la Asamblea Legislativa que apoye la ley de soberanía y seguridad alimentaria, que le permitiría al Estado ampliar sus acciones en favor del agro.

Es igualmente necesario que se apruebe la ley de agua, que establece como usos primordiales del agua el consumo humano, el consumo doméstico y el riego para los cultivos de subsistencia, obliga a crear reservorios de agua y a fortalecer las zonas de recarga para que haya más agua de calidad, faculta a las juntas locales a administrar la distribución del agua durante 50 años sin que las comunidades paguen por su uso y obliga a las empresas e instituciones a darle tratamiento a las aguas sucias que generan.

La ley del agua también establece un cobro por volumen de consumo y de utilidad del agua en las actividades industriales, agroindustriales y comerciales. Eso le permitiría al Estado contar con más recursos para invertir en la protección y recuperación de cuencas y enfrentar las amenazas de las inundaciones y sequías. El MARN y los Organismos de Gestión de Cuencas Hidrográficas serían responsables de prevenir y manejar los conflictos por el agua debido a los abusos de muchas grandes empresas y consumidores ricos.

Si esas leyes se aprobaran, el gobierno tendría más herramientas para proteger el agua y mejorar su acceso a la población de menos recursos y para acelerar la reactivación del agro.