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Por Partido Libre
Al cumplir casi un año de que Juan Orlando Hernández asumiera la Presidencia de la República con un resultado electoral muy cuestionado, y a 5 años de haber iniciado su mandato junto al Partido Nacional, lo responsabilizamos directamente por el grave deterioro de las condiciones de vida de la población hondureña.
Cifras de CEPAL Y OMS nos señalan como el país más pobre de América Latina, el más violento del mundo, y uno de los más corruptos según Trasparencia Internacional, es decir todo lo contrario a lo que deberían ser las prioridades del Estado hondureño.
En el 2014, el gobierno de Juan Orlando comenzó con un asalto al Estado de Honduras cuando, violando la Constitución de la República, los diputados y diputadas del Congreso Nacional ampliaron la cuarta legislatura que ya había sido clausurada, con la intención de otorgar poderes extraordinarios al presidente y aprobar más de 100 nuevas leyes en menos de treinta días. Esas incluían la remoción inconstitucional de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, los nombramientos ilegales y anticipados de los magistrados del TSE, representantes al RNP, el Procurador y Subprocurador General de la República, Fiscal y Fiscal Adjunto, entre otros. Estas leyes de ninguna manera se hubieran podido aprobar con la nueva composición legislativa, cuando surgió por primera vez en la historia una verdadera oposición al bipartidismo encabezada por el nuevo partido LIBRE.
La creciente remilitarización del Estado y las constantes violaciones a los ddhh solo evidencian la inseguridad y violencia que desangran a la socieda.
Esta nueva legalidad incluye la Ley de Escuchas e intervención de las Comunicaciones de los ciudadanos al más puro estilo del régimen nazi o la Colombia de los asesinatos y crímenes con los falsos positivos. La Ley Antiterrorista, Ley contra la conspiración, entre otras, son parte ya del ordenamiento jurídico hondureño impuesto a Honduras por el Pentágono y aceptado sin restricciones Juan Orlando Hernández.
En ese asalto legislativo también se aprobaron nuevos impuestos y se otorgaron poderes especiales al nuevo Presidente para que gobernara por encima de los demás poderes. Entre otras leyes, en agosto de 2013 se aprobó, en plena campaña proselitista, la creación de la nueva Policía Militar de Orden Público, suplantando facultades que ya corresponden a la Policía Preventiva Nacional, al tiempo que se incrementaron otros impuestos como el Tasón de Seguridad, fondo del que no se tiene auditoría y que usa a su gusto y antojo del Presidente a través de la Secretaria de Seguridad.
Desde el 2013 esta Secretaría controla todas las cifras que emiten la Policía Nacional y Medicina Forense. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su Observatorio de la Violencia ya no puede acceder directamente a la información y solo transmite la que se le proporciona estadísticas ya filtradas.
En ese contexto, los actuales índices de reducción en los niveles de la violencia, en un alarde de retórica sin el más mínimo sustento en la realidad, y se deben a que en Honduras, a diferencia del resto de los países del mundo, no se contabilizan todas las muertes violentas. En el país no se registran en las estadísticas las personas asesinadas no identificadas, ni las que se encuentran en estado de osamenta o las que son encontradas en tumbas clandestinas y las masacres son contabilizadas en un índice aparte. No se cuentan los cuerpos desmembrados que semanalmente son encontrados en las principales ciudades del país.
El Centro de Estudios de la Mujer (CEMH) asegura que en sus datos casi 500 mujeres asesinadas no están contempladas en las estadísticas oficiales. Aun así, este 2014 se registró un promedio de 36 mujeres asesinadas cada mes.
Casa Alianza ha presentado denuncia del asesinato de 1000 jóvenes en los últimos 12 meses, situación que consideramos definitivamente alarmante.
En promedio se reporta una masacre semanalmente en Honduras. Masacre es una categoría que significa que más de dos personas fueron violentamente asesinadas con la intención de crear terror o enviar mensajes a otras personas.
Resulta altamente sospechoso que, la mayoría de las victimas de estas masacres son jóvenes hondureños; jóvenes que deberían ser la esperanza del país, si se les proporcionará educación, salud y oportunidades de empleo orientando su natural rebeldía al bien común y no al consumo de drogas y a la violencia como sucede ahora por la falta de una política de seguridad integral en formación y rehabilitación.
Impunidad
Un informe de Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) reveló que del 2010 al 2013, se contabilizaron 27,272 homicidios de los cuales se obtuvo sentencia condenatoria solo en 4% de los casos (1,009), lo que indica que el 96% restante continúa impune.
Podemos suponer que el flagelo de la violencia desatada que vive el país obedece a un mismo patrón de conducta criminal observada en otros países que sufren guerras de baja intensidad contra el pueblo o a un plan terrorista del estado que privilegia la impunidad como uno de los factores más decisivos sobre los que se apoya el criminal, infundiendo terror a la población.
Crisis en la Policía Nacional y una depuración que nunca se dio
Este trágico y sangriento escenario se da con una Policía Nacional pasando por su peor momento, sin apoyo estatal de ningún tipo, con profundas crisis a lo interno, con fuertes enfrentamientos entre los oficiales que se han sumado a la iniciativa de militarización del gobierno, y otros que públicamente han denunciado que se les ha coartado su capacidad de operación para apoyar a las Fuerzas Armadas y a los aparatos represivos recientemente creados como la Policía Militar de Orden Público. En los operativos conjuntos el personal militar cuenta con mejor alimentación, equipo y condiciones.
Este tipo de comportamiento ha creado fricciones entre la Policía Nacional y los aparatos militares. Estas fricciones alcanzaron su paroxismo con la destitución del Comisionado Ramón Sabillón como Jefe de la Policía Nacional a finales de noviembre. El Jefe de la Policía se encuarteló en la sede general de Casamata exigiendo mejores condiciones para los oficiales y la destitución del Ministro de Seguridad.
El proyecto de seguridad enfocado en la remilitarización de la nación hondureña ha fracasado y conlleva indefectiblemente una nueva arremetida en materia de violación a los Derechos Humanos, para lo que construye una nueva legalidad que atenta contra las libertades y se criminaliza la lucha social y la protesta.
Miembros de la oposición han asegurado la existencia en Honduras de escuadrones de la muerte, a vista y complacencia del Estado, denuncia que no escuchan, ni investigan las instituciones obligadas a hacerlo.
Esta fracasada política de seguridad represiva y no preventiva, que viola incansable e impunemente los derechos humanos, no es capaz de combatir la violencia generalizada cuyas verdaderas causas son el desempleo, la desigualdad y la pobreza; la profunda y verdadera reforma a los órganos operadores de justicia. Una política que incluye el maquillaje de cifras para tapar su incompetencia, el autoengaño y la pretensión de engañar a la población en lugar de atacar de raíz las causas reales de la inseguridad.
Plan Colombia para Honduras
Al perder el país, la dinámica de independencia y soberanía en el ejercicio de la política exterior. Honduras se encuentra hoy día obligada a efectuar, sin ni siquiera recurrir al apego por las formas, únicamente aquellos pasos que cuenten con el visto bueno de la Embajada y del Comando Sur de los Estados Unidos. En tal sentido, se impone la estrategia diseñada por Washington y denunciada en la carta pública de los congresistas de EEUU, -Plan Mérida/Plan Colombia-. El General John Kelly, Jefe del Comando Sur, monitorea, incluso desde Casa Presidencial las acciones de seguridad y se reúne con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cada vez que quiere para delinear y definir políticas en la materia, mientras Juan Orlando Hernández asiste presuroso a donde se le cita, cada vez que es llamado por los cuadros intermedios de la administración norteamericana.
En su informe del 10 de diciembre del 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concede a Honduras el penoso primer lugar en homicidios: 104 por cada 100,000 habitantes.
Tal como lo constata el último informe de “Human Rigths Watch” (World Report 2014) y el informe público que brindó la alta delegación de magistrados de la Comisión interamericana de DDHH en su visita “in loco” a Honduras al final de 2014, seguimos sufriendo la escalada de violencia, crimen y violación de Derechos Humanos y galopante impunidad. El 13 de mayo en el mismo Congreso Nacional, los y las diputadas que encabezaban una protesta pacífica fueron brutalmente desalojados, usando gases lacrimógenos y ataque frontal por parte de la Policía Militar.
Para cerrar este año el gobierno adelantó que el 15 de enero de 2015 asumirá la dirección de la Secretaria de Seguridad un militar activo y en el 2014 se ha acrecentado la presencia militar no solo en seguridad, si no que en otras esferas del gobierno como son la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), o en las Empresas Públicas, como hospitales públicos y el propio Congreso Nacional, mientras se siguen ignorando las propuestas de los diputados y las recomendaciones emanadas de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública.
Reiteramos que la remilitarización del Estado hondureño es inmoral e insostenible. Se perjudica a las propias FFAA, al desviar las labores de la defensa para lo que ha sido profesionalmente preparada y la contamina junto a la delincuencia y el crimen organizado. De igual manera, la consideramos insostenible para las deterioradas Finanzas Públicas que además obliga a recortar gastos en temas fundamentales para la sociedad como educación y salud, solo para sostener lo que el pueblo llama "Guardia Pretoriana" de Juan Orlando Hernández.
“El Estado militar que ahora se construye nos recuerda con preocupación los días aciagos de la década de los ochentas en donde los escuadrones de la muerte, en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional, violentaron derechos humanos de los ciudadanos, desaparecieron opositores y torturaron impunemente en una degradación absoluta e inhumana de la vida y de la entidad castrense”. Documento: Para que los hechos no vuelvan a repetirse, Leo Valladares
¿Por qué no elevar a rango constitucional el combate a la pobreza?
Honduras sigue siendo uno de los cinco países más pobres de América Latina y El Caribe, y uno de los más inequitativos en la distribución de la riqueza, de acuerdo a las estadísticas del PNUD y la CEPAL.
Cabe destacar que siete de cada diez hondureños y hondureñas viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Los indicadores de pobreza y exclusión social se han venido deteriorando aceleradamente desde que asumió el poder político JOH en el 2010, apoyado por una gestión gubernamental del Partido Nacional en la cual se ha ido desmontando la visión integral de la política y programas sociales, dedicándose ahora únicamente a la “comercialización” de las dádivas públicas, a través de transferencias monetarias como el “Bono Diez Mil”; fondos sin ninguna transparencia para subsidios de Casa Presidencial y la presidencia del Congreso Nacional, el cual es entregado en su mayoría, por razones de clientelismo político y no de efectiva focalización de la población en pobreza.
En consecuencia, la política social ha sido sustituida por la repartición de bonos políticos, fogones, techos y pisos, que se reconoce podrían ser una forma de ayudar a los más pobres, si fuera distribuido sin sectarismo político. Pero el gobierno pretende hacerlo aparecer no como un derecho de la población sino como una dádiva del Presidente de la República. Por otra parte, se les quita los ingresos a los más pobres devaluando la moneda, en más impuestos indirectos y reducción de presupuestos y servicios en áreas importantes como Educación y Salud.
Ilustrando lo anterior, en la reciente aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central para el 2015, programas prioritarios como Matrícula Gratis, Merienda Escolar, Vaso de Leche, Infraestructura e Inversión Social, Derechos Humanos, Prevención de la Violencia de Género, Seguridad Ciudadana, entre otros, son delegados a los gobiernos municipales, los cuales perdieron su autonomía y tendrán que hacerles frente con las transferencias municipales. Considerando además el alto adeudo y retraso en las transferencias observado en el 2014, lo que será altamente politizado y pone en precario la existencia de estos programas y sujeta las trasferencias municipales al capricho del gobernante.
Adicionalmente, se constata la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos asignados para programas sociales. En efecto, en las disposiciones presupuestarias que regirán para el 2015 se le autoriza al Ejecutivo un manejo discrecional para el uso de los recursos del denominado “Fondo de Desarrollo Social”. Igual ocurre con el gasto en Seguridad, el cual establece que los usos de las recaudaciones del fideicomiso de la “Tasa de Seguridad” se considera información reservada (al amparo del Artículo 17 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), lo que constituye a todas luces un acto de corrupción y una burla y manejo antojadizo de esos fondos y abuso de la ley.
La pobreza, la violencia y la corrupción (hoy oculta en cifras gubernamentales) continuará acrecentándose en el 2015, influenciada por el débil crecimiento de la economía, la falta de empleo, los despidos masivos en las empresas públicas y las aceleradas deportaciones de migrantes Hondureños
Para el 2015, el pueblo hondureño puede esperar más de lo mismo o peores condiciones de las que ya sufre con el programa de "Vida mejor". Con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha quedado comprometida la política económica hondureña en los próximos tres años para reproducir lo mismo que ha pasado en 2014: congelamiento de salarios, despido de personal del sector público, aumento de tarifas de la energía eléctrica, disminución del presupuesto de salud y educación, una inversión pública al más bajo nivel, histórico, etc. Es decir, los próximos tres años con las mismas promesas, y la misma propaganda gubernamental pero con realidad amarga para los hondureños y hondureñas.
En materia de empleo los resultados son pírricos y lo que se hace con una mano se destruye con la otra. El presidente JOH se ufana de haber impulsado la creación de aproximadamente 100,000 empleos en el marco de su megalómano programa “Vida Mejor”, no obstante se guarda muy bien de informar sobre la calidad de esos empleos. La mayoría de ellos son empleos temporales y sin prestaciones sociales, insuficientes para enfrentar la informalidad del empleo y el no pago del salario mínimo para un 50% de los trabajadores asalariados y un 80% de los trabajadores en el sector informal de la economía.
A raíz del gigantesco desfalco perpetrado por el gobierno del Partido Nacional e la inminente desaparición del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que brindaba atención integral en salud a cienes de miles de hondureños, y el deterioro de todos los sistemas públicos de previsión social, en otra de sus acciones cosméticas, y mediáticas, JOH remitió al Congreso Nacional la denominada Ley de Seguridad Social, destacando en la prensa oficialista que con esto se busca hacerle frente a la inmensa deuda social que existe y destacando como una de las principales bondades de esta ley: la cobertura universal y el acceso a préstamos para vivienda social. No obstante se cuida muy bien el presidente JOH de informar dos elementos centrales: cómo se financiará esta Seguridad Social y qué pasará con los servicios médico- hospitalarios que presta el IHSS.
Para muchos analistas acreditados en la temática esta ley esconde una “privatización” de servicios de Salud y pasar la factura al pueblo del despilfarro y saqueo de los fondos del IHSS.
Otro fenómeno agravado en el 2014, fue el de las deportaciones masivas de migrantes hondureños hacia Estados Unidos y el fenómeno de las migraciones de jóvenes, niños y niñas. Se espera que al cierre del 2014 las deportaciones alcancen cifras históricas superiores a los 100,000 deportados por vías terrestres y aéreas. Cabe destacar que los hondureños y las hondureñas se preguntan cuál ha sido el impacto de las gestiones realizadas en los viajes que JOH ha realizado a USA, y por qué tantos compatriotas están huyendo de su patria si la propaganda gubernamental dice que hay una "Vida mejor".
¿Quién Paga el Despilfarro Fiscal, el Elevado Endeudamiento Público y los Privilegios de la Clase Gobernante encabezada por el Partido Nacional?
Sin lugar a dudas, es el pueblo hondureño que ha tenido que soportar desde el inicio de esta administración uno de los paquetazos más fuertes y groseros en la historia del país. El nuevo gobierno, presidido por Juan Orlando Hernández, aumentó el impuesto sobre ventas del 12% al 15% y del 15% al 18%, aumentó el impuesto dolarizado a los derivados del petróleo, redujo el subsidio a la energía eléctrica y el transporte, inició el despido de no menos 3,000 empleados públicos el cual podría abarcar a otros 4,000 en el 2015, y se dispone a aumentarle a la tarifa eléctrica a los abonados de menores ingresos los que representan no menos de 800,000 abonados.
Sin embargo, a los sectores económicos privilegiados no se les toca. A pesar de que el mismo gobierno nacionalista anterior había admitido que existen 20,000 millones de lempiras en exoneraciones, estas no se tocan y más bien se amplían con las exoneraciones a los “call centers” y la supresión del pago de impuesto sobre la renta a los dividendos provenientes de los zonas amparadas en regímenes especiales. Es decir, mientras se mantienen los privilegios a grupos económicos minoritarios, se la carga a la mayoría de los hondureños el costo del ajuste fiscal, incrementando la terrible desigualdad que ya vive la sociedad hondureña.
En forma inaudita hoy el pueblo paga los precios de los combustibles más caros del área, aunque el barril de petróleo es el más bajo de la última década, esquilmando los bolsillos de los consumidores e incrementando el precio de la energía eléctrica con un ajuste de combustibles que ya NO DEBERÍA de existir y sacando de competencia a los empresarios y campesinos por los altos costos de producción
Otro sector que goza de privilegios salariales es el de los cercanos colaboradores de JOH, lo anterior lo refleja un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que destaca lo siguiente: 100 funcionarios en altos cargos cobran salarios mensuales superiores a los 100,000 lempiras, representando al año 215.4 millones de lempiras por año.
Lo anterior contrasta con la situación caótica que se observa en la prestación de servicios de Educación y Salud. Para muestra, los hospitales públicos carecen de los medicamentos que requieren los pacientes y muchas operaciones no se pueden realizar por la falta de los materiales respectivos. El “no hay” se ha convertido en la respuesta principal de las farmacias de hospitales y puestos de salud.
El campo educativo también resiente el abandono del gobierno. Miles de escuelas alrededor de todo el país se encuentran en un situación lamentable en su estado físico, con paredes a punto de derrumbarse, sin aulas suficientes, sin servicios sanitarios, mientras las autoridades nacionalistas tienen como función principal destruir las agrupaciones de maestros.
Nunca como en estas últimas administraciones del Partido Nacional se ha observado el exceso de privilegios salariales, en el uso de vehículos nacionales y de personal de seguridad que abarca a familiares de los funcionarios. El presidente JOH es el primero en poner el ejemplo con la compra de un nuevo avión presidencial, el cual se hace pasar como una donación de 15 millones de dólares de los contribuyentes del gobierno de Taiwan; aún y cuando ha sido ampliamente documentado que el referido avión con las especificaciones y equipo que se le ha instalado, cuesta no menos de 30 millones de dólares. En adición se han comprado helicópteros blindados y un aparato de inteligencia y seguridad para “cuidar” al presidente y su familia que prácticamente se constituye en una “Guardia Pretoriana” que evoca a las utilizadas por los emperadores Romanos.
Y todo este sacrificio ¿para qué? Para pagar la gran fiesta electoral, clientelismo y financiamiento del fraude que se dieron y se siguen dando el Partido Nacional y sus dirigentes con los recursos del pueblo aumentando el déficit fiscal a 6% en 2012, a 7.9% en 2013 y 8% en 2014, incrementando fuertemente la deuda de país a más de 160,000 millones de lempiras.
Los efectos en la población han sido fuertemente negativos. La inflación aumentó llegando a casi el 7% durante el año, lo cual es un doble golpe para los bolsillos de los asalariados. Por una parte se les reduce el ingreso disponible por el aumento de impuestos, y por el otro se les reduce el ingreso real por la inflación. El famoso crecimiento económico publicitado por los funcionarios públicos del gobierno de Juan Orlando Hernández sigue siendo un esperanza fallida ya que el país sólo crecerá entre 2.5% y 3% lo que es insuficiente para brindar empleo a la gran masa de desempleados y enfrentar los elevados niveles de pobreza.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta un crecimiento demográfico de unas 200,000 personas por año, lo que con las proyecciones de crecimiento de la Economía para los próximos tres años, significa que anualmente se estarían incorporando unas mas de 125,000 personas anuales como nuevos pobres.
Los tan pregonados niveles de inversión nacional o extranjera no se han concretizado y más bien la inversión extranjera se ha visto disminuida con relación a años anteriores. De venir siendo cerca de 1,000 millones dólares en promedio en los últimos años se ha visto reducida a 850 millones para 2014. Esto muestra cómo aspectos como la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica continúan afectando las decisiones del sector privado. Especial mención merece el sector de la construcción, que podría generar miles de empleos, experimentará un caída en su crecimiento, por segundo año consecutivo a consecuencia de la falta de apoyo que el gobierno brinda a ese rubro tan importante.
En forma inaudita hoy el pueblo paga los precios de los combustibles más caros del área, aunque el barril de petróleo es el más bajo de la última década, esquilmando los bolsillos de los consumidores e incrementando el precio de la energía eléctrica con un ajuste de combustibles que ya NO DEBERÍA de existir y sacando de competencia a los empresarios y campesinos por los altos costos de producción.
No al continuismo, sí a la consulta popular
La dictadura que hoy pretende instalar Juan Orlando Hernández y el gobierno del Partido Nacional, sus pretensiones continuistas con el propósito de profundizar el fracasado sistema neoliberal, mediante remilitarización de nuestra sociedad, la negación de la consulta popular para reformas a la constitución, y la instrumentalización de los tres poderes del Estado, que hoy se encuentran a su servicio, representan una grave amenaza para la población hondureña en todos los campos de la vida nacional.
LIBRE NO descansará ni un instante hasta derogar todas aquellas leyes que han lesionado los intereses del pueblo y la clase trabajadora que se encuentra reprimida. Hacemos un llamado a toda la población para que nos acompañe camino a la consulta popular, por una nueva constitución incluyente, participativa y una asamblea nacional constituyente que es el nuevo rumbo para alcanzar la paz y resolver los problemas que hoy sufre nuestra patria.
Nos solidarizamos con Cuba y Los Cinco héroes cubanos, y reconocemos la decisión acertada del presidente de EE.UU., Barack Obama, de liberarlos y abrir después de 55 años las relaciones con Cuba. Este proceso inició en Honduras en la Asamblea general de la OEA, en San Pedro Sula, cuando derogamos las resoluciones de 1962 que expulsaron injustamente a Cuba.
NO al CONTINUISMO NI A LOS GOLPES DE ESTADO, SI A LA CONSULTA POPULAR.
Que no se instale otra nueva dictadura en nuestra PATRIA es el mandato del PUEBLO representado en casi un millón de personas que votaron por Xiomara Castro.
UNIDOS NO podrán detenernos, ni con fraude ni con sus amenazas.
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