Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
En conferencia de prensa, las organizaciones nacionales e internacionales integrantes de la Misión Internacional de derechos humanos, entre ellas la Rel-UITA, dieron a conocer los primeros resultados de la investigación realizada en el Bajo Aguán.
La Misión Internacional que del 24 de febrero al 5 de marzo de 2011 observó in situ la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, presentó los primeros resultados de esta investigación.
“La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades.
Además, los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos”, se lee en el comunicado que fue distribuido a los medios presentes en la actividad.
Entre los principales señalamientos se destaca la falta de investigación y órdenes de detención en los 19 casos de asesinato contra campesinos registrados en el último año.
También, las múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de los guardias de seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes y productores palmeros de la zona.
Además, el comunicado pone en evidencia la existencia de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y de abusos sexuales.
“Hay un ambiente de represión muy fuerte contra las familias campesinas y continúan los desalojos forzosos. Una forma totalmente violatoria de los derechos humanos que nos preocupa mucho”, dijo a Sirel, el coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional, Martín Wolpold-Bosien.
La Misión Internacional evidenció también la falta total de cumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas y de las disposiciones legales en materia agraria, y un clima de preocupante estigmatización y criminalización de la lucha campesina.
“Siguen la represión, la violencia, la indefensión, la impunidad y la desprotección de la población campesina. Todo eso lo vamos a denunciar a nivel internacional”, aseveró Wolpold-Bosien.
Ante esta situación, la Misión Internacional hizo un llamado a las autoridades nacionales a investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos, así como cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino.
También, exigió el cumplimiento de los acuerdos firmados y las disposiciones legales existentes, facilitando el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda.
Finalmente, los integrantes de la Misión señalaron la urgencia de un cambio del actual modelo de desarrollo rural, basado en el agro-negocio y el acaparamiento de las tierras, hacia “políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral”.
A la comunidad internacional se le exigió contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, “asegurando que su cooperación se condicione al respecto irrestricto de los derechos humanos”.
Asimismo, deberá procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos” y pidió que se revisen todos los acuerdos de cooperación financiera “con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas que podrían estar involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región”.
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora e importante, fruto del esfuerzo de todas las organizaciones que han integrado esta Misión. Compartir esta tragedia y sufrimiento con la población afectada ha generado un compromiso más fuerte con esta lucha.
Vamos a seguir muy de cerca esta situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad”, concluyó Wolpold-Bosien.
El informe final será presentado ante la Comisión de Verdad (CdV), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), a la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional (CPI).
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