Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), fue ultimado de quince disparos el 18 de marzo del año pasado, en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre. Un año y medio después, las autoridades quieren archivar el caso.
Rojas, que también era miembro del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW), gozaba de medidas cautelares otorgadas en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con las que se le ordenaba al Estado de Costa Rica garantizar su integridad física y su vida.
Después de 19 meses sin avances sustantivos en la línea de investigación, el pasado 24 de septiembre el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
El caso más reciente es el asesinato del líder indígena brörán, Jehry Rivera, ultimado por terratenientes en febrero pasado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba.
“La sombra de impunidad es enorme. Todas las denuncias que llegan al poder judicial son archivadas y esto contribuye a que haya más violencia.
El hecho de que el Estado no haya avanzado en el reordenamiento y saneamiento territorial, deja a las poblaciones que están en procesos de recuperación más expuestas a ataques mortales de parte de los terratenientes”, dijo Lesner Figueroa, coordinador del CDIAW.
Durante el conversatorio “¡Contra la impunidad, contra el olvido! El homicidio de Sergio Rojas y la violencia simbólica del Estado”, Oscar Retana, apoderado legal de la familia del dirigente indígena asesinado, acusó a las autoridades costarricenses de inacción.
“Costa Rica no sólo ha firmado diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que ha aprobado una ley que regula y garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Retana recordó también que cuando se trata de territorios indígenas, la justicia en Costa Rica es de doble vía.
“Tanto
Sergio como otros miembros de organizaciones indígenas han sido
repetidamente criminalizados y hasta judicializados. Pero cuando se
trata de terratenientes violentos y usurpadores la impunidad es
absoluta”, dijo.
Para Álvaro Paniagua, funcionario de la
Defensoría de los Habitantes, el Estado, por su incapacidad,
displicencia y omisión, es corresponsable del asesinato de Sergio Rojas.
“Nunca
acató las medidas cautelares de la CIDH, ni ha respetado los acuerdos
alcanzados con las organizaciones indígenas para el reordenamiento
territorial, que incluía rectificación de límites, sistema de
distribución de tierras y mecanismos de recuperación”, recordó.
Un
día después de la decisión de la Fiscalía de archivar el caso, Naciones
Unidas instó al Estado de Costa Rica a continuar con las
investigaciones y evitar que el crimen quede en la impunidad.
Asimismo,
pidió seguir impulsando acciones para “erradicar toda forma de
violencia y discriminación contra los pueblos indígenas”, garantizando
también el derecho a la posesión de sus tierras.
“Vamos a
recurrir la decisión de la Fiscalía para que la investigación continúe y
el caso no quede impune”, concluyó el apoderado legal de la familia de
Rojas.
Fuente: Rel UITA
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