Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.
En la
declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país
marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de
tortura y de los niveles de militarización.
También señalaron la
creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre
otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes,
personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes
comunes.
Actualmente Honduras es el país más desigual de América
Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y
más del 40 en la pobreza extrema.
Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.
La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.
Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.
La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.
Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.
En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.
“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.
No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.
“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.
La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.
Notas
[1] https://bit.ly/2SV8gTW
[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
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