Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El jueves último, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma constitucional que de hecho graba en piedra la prohibición del aborto y del matrimonio y unión de hecho entre personas del mismo sexo.
El proyecto de reforma presentado por el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, pretendía convertir el artículo 67 de la Constitución en un artículo pétreo, “protegiendo” la prohibición absoluta del aborto de cualquier intento futuro de legalización.
A última hora, la reforma incluyó también el artículo 112, blindando de esta manera la prohibición del matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, así como su desconocimiento en caso de celebrarse bajo las leyes de otros países.
El texto reformado del artículo 67 declara “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción”.
Finalmente, el conservadurismo hondureño determinó que “serán nulas e invalidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario”.
De esta manera, la reforma convierte en pétreos ambos artículos, ya que va a ser prácticamente imposible para cualquier fuerza política alcanzar 96 de los 128 votos disponibles en el Congreso.
En medio de tantas irregularidades vale la pena recordar que la Constitución no prevé, ni autoriza ese tipo de mayoría calificada.
Reacciones
En los días pasados, el Sistema de Naciones Unidas instó al Congreso a abstenerse de aprobar una reforma constitucional “que contraviene estándares internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras, realizadas por diferentes órganos y mecanismos de derechos humanos”.
De la misma manera señaló que “la prohibición absoluta del aborto vulnera la dignidad humana y el derecho a la vida y la salud de las mujeres[1]”.
Por su lado, tanto Somos Muchas[2] como la Red Lésbica Cattrachas levantaron su voz contra un proyecto que “que busca condenar absoluta y eternamente a la clandestinidad a niñas y mujeres que enfrentan embarazos no deseados”, aumentando la estigmatización y profundizando la criminalización.
Inmediatamente después de conocer el resultado de la sesión parlamentaria, la Plataforma 25 de Noviembre calificó de “duro golpe a los derechos de las mujeres y las niñas” la vergonzosa decisión de diputados y diputadas.
Asimismo, el Movimiento de Mujeres por la Paz ‘Visitación Padilla’ repudió el acto que sentencia a mujeres, adolescentes y niñas “al aborto en condiciones de clandestinidad e inseguridad”.
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras lamentó la decisión tomada en el Congreso por ser “contraria al principio de igualdad y de no discriminación”[3].
Honduras es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina y con una tasa de fecundidad de las adolescentes de 101 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
En 2019 se dieron más de mil egresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud pública y casi 900 partos en niñas entre los 10 y 14 años producto de violencia sexual.
Figura entre los seis países que prohíben toda forma de aborto (El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Surinam), incluyendo los casos de violación, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro.
Notas
[1] https://honduras.un.org/es/107989-onu-manifiesta-su-preocupacion-ante-el-proyecto-de-reforma-constitucional-para-la
[2] Plataforma de organizaciones, colectivas y redes feministas independientes
[3] https://bit.ly/39XlvLJ
Fuente: Rel UITA
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