Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El drama de miles de personas migrantes que trabajan en condiciones de semiesclavitud en las plantaciones de la península italiana va paulatinamente despertando preocupación en varios ámbitos de la vida nacional. La aprobación de una ley que castiga con fuerza la explotación laboral demuestra que sí es posible hacer algo para acabar con esta ignominia.
Largas y extenuantes jornadas de trabajo, salarios indignos, falta absoluta de las normas mínimas de seguridad e higiene, hacinamiento en las barracas donde viven, condiciones de precarización laboral absoluta, son solamente algunas de las graves violaciones que sufren los obreros agrícolas, en su mayoría migrantes, en las plantaciones italianas y de otros países de Europa.
Son miles de seres humanos explotados bajo el sistema de caporalato[1], cuyo sufrimiento enriquece tanto al capataz (caporale) que contrata la mano de obra, como el empresario agrícola que se desinterese de las condiciones laborales de estas personas.
Las zonas más afectadas son las regiones del sur de Italia, aunque el fenómeno ya se ha extendido prácticamente a todo el país. Son plantaciones de cítricos, tomates, manzanas, sandías, uva, hortalizas, pero también hay una fuerte presencia en el sector pecuario.
La mano de obra migrante empleada en las plantaciones proviene principalmente del Este Europeo (Rumania y Bulgaria), África del Norte (Marruecos y Túnez) y de Asia (Punjab/India). En menor cantidad de África Central (Senegal y Camerún).
La FLAI y la tutela de los derechos
Contacto y mediación cultural
Ante una situación que se hace cada día más insostenible, la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (FLAI), que integra la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha iniciado un minucioso trabajo de contacto, mediación cultural y tutela de los derechos de los obreros y obreras agrícolas.
“Todas estas personas, incluyendo a los italianos, entran al mercado laboral de manera ilegal, es decir a través del caporalato. Y lo aceptan porque necesitan trabajar y no tienen alternativas”, dijo a La Rel, Pietro Ruffolo, coordinador para las políticas europeas de la FLAI.
Muchas veces este mecanismo perverso de explotación está relacionado con el crimen organizado y el control que las mafias tienen sobre los territorios y las actividades productivas. Para las trabajadoras esto se convierte en doble explotación: laboral y sexual.
De acuerdo con el último informe de la FLAI sobre la relación entre crimen organizado y agricultura (Agromafias y caporalato[2]), la infiltración de la mafia en la cadena agroalimentaria italiana y el control del sistema de caporalato generaría una economía oculta valorada entre 14 y 17,5 mil millones de euros.
Las personas sometidas a explotación en las plantaciones son entre 400 y 430 mil.
“El corazón de nuestra actividad está puesto en el contacto permanente con las trabajadoras y trabajadores para relacionarnos con ellos, escuchar sus problemáticas y necesidades, concientizarlos sobre sus derechos y la importancia de organizarse.
El paso sucesivo es lograr romper el miedo para que, con nuestro acompañamiento legal, denuncien los atropellos que sufren y hagan el primer paso para defender sus derechos”, explicó Ruffolo.
Una ley contra el caporalato
Los empresarios son corresponsables
Durante más de una década, la FLAI ha luchado para que se aprobara una ley contra el sistema de caporalato, que sancionara también a los empresarios coludidos con esta práctica delincuencial.
“En este sistema, el caporale y el empresario son igualmente responsables y deben ser castigados por sus acciones. Para nosotros era imprescindible que la nueva ley recogiera este principio”, manifestó el dirigente sindical.
La muerte, entre mayo y junio del 2015, de cuatro obreros agrícolas en el sur de Italia desencadenó una fuerte reacción social, que obligó a la clase política acelerar el proceso de discusión y aprobación de la ley.
En octubre del 2016, el Parlamento aprobó el texto definitivo que consta de 9 artículos, y que prevé la detención de 1 a 6 años para aquellos empresarios que se les halla responsables del delito de “explotación de mano de obra a través del uso de caporales”.
En caso de reincidencia en el delito o de violencia contra el trabajador, la pena se eleva hasta 8 años de cárcel.
De darse la detención del empresario, la actividad económica continuará bajo el mando de un interventor y los trabajadores podrán seguir desempeñando sus labores, pero asegurándoles las condiciones contractuales previstas por la legislación laboral.
“La ley está comenzando a funcionar y ya se han dado varias detenciones en diferentes regiones de Italia.
Ahora hay que defenderla, porque ya se está conformando un frente empresarial que presiona a sectores de la política para que se reforme e incluso se derogue”, concluyó Ruffolo.
[1] Sistema de explotación de mano de obra irregular basado en la figura de un capataz ilegal, el caporale.
[2] http://www.flai.it/osservatori
Fuente: Rel-UITA
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