Odio de clase
Por G. García | Rel-UITA
El
obstinado deseo de los empresarios de Lido SA de borrar del mapa a los
sindicatos ha generado una renovada ola de solidaridad con las
trabajadoras y trabajadores del SELSA y el SITIPA.
Manuel Roberto Molina Martínez se está distinguiendo nuevamente como uno de los empresarios de conducta más antiobrera en El Salvador.
Ya lo había dejado en claro en los años 1970 y 1980, cuando numerosos sindicalistas de Lido fueron desaparecidos, asesinados, encarcelados y torturados.
Ahora, el propietario de Lido pretende llevar a la cárcel a cuatro sindicalistas (Alfredo Osorio, Atilio Jaimes Pérez, Antonio Hurtado y Cándida Luz Flores) por el único delito de enfrentarse a sus planes.
Esta estrategia de judicialización de los conflictos laborales es parte de una apuesta del empresariado para recuperar poder, tras el retroceso que han experimentado en el control del aparato estatal ante el avance de sectores progresistas y de izquierda.
El caso contra los dirigentes sindicales de Lido es un ensayo, un capítulo más de este guión que han consensuado las élites económicas conservadoras a nivel de Centroamérica y del continente.
Pero ahora sus acciones han desatado una ola de solidaridad con las trabajadoras y trabajadores afectados y con sus sindicatos, afiliados a la FESTSSABHRA y la Rel-UITA, no solo en El Salvador sino en otros países de América Latina.
El martes 6, Molina y los suyos perdieron una primera batalla a nivel judicial, cuando el Juzgado 4º de Paz de San Salvador rechazó sus pretensiones de encarcelar los cuatro dirigentes sindicales.
Sin embargo, en el Juzgado de Paz de Soyapango aún esta convocada una audiencia similar, esta vez en contra de 11 dirigentes, por lo que las organizaciones sindicales seguirán movilizadas para impedir nuevos atropellos.
Ya lo había dejado en claro en los años 1970 y 1980, cuando numerosos sindicalistas de Lido fueron desaparecidos, asesinados, encarcelados y torturados.
Ahora, el propietario de Lido pretende llevar a la cárcel a cuatro sindicalistas (Alfredo Osorio, Atilio Jaimes Pérez, Antonio Hurtado y Cándida Luz Flores) por el único delito de enfrentarse a sus planes.
Esta estrategia de judicialización de los conflictos laborales es parte de una apuesta del empresariado para recuperar poder, tras el retroceso que han experimentado en el control del aparato estatal ante el avance de sectores progresistas y de izquierda.
El caso contra los dirigentes sindicales de Lido es un ensayo, un capítulo más de este guión que han consensuado las élites económicas conservadoras a nivel de Centroamérica y del continente.
Pero ahora sus acciones han desatado una ola de solidaridad con las trabajadoras y trabajadores afectados y con sus sindicatos, afiliados a la FESTSSABHRA y la Rel-UITA, no solo en El Salvador sino en otros países de América Latina.
El martes 6, Molina y los suyos perdieron una primera batalla a nivel judicial, cuando el Juzgado 4º de Paz de San Salvador rechazó sus pretensiones de encarcelar los cuatro dirigentes sindicales.
Sin embargo, en el Juzgado de Paz de Soyapango aún esta convocada una audiencia similar, esta vez en contra de 11 dirigentes, por lo que las organizaciones sindicales seguirán movilizadas para impedir nuevos atropellos.
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