Honduras: Human Rights Watch (HRW) demanda investigar la muerte de cuatro pescadores

Por Marvin Palacios - Defensores en Línea

La Organización de derechos humanos Human Rights Watch demandó de las autoridades de Honduras y Estados Unidos que aseguren una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las circunstancias en que murieron varias personas durante un operativo conjunto contra el narcotráfico en la región de la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en la costa norte de Honduras. 

La nota periodística del organismo defensor de los derechos humanos con sede en Washington afirma que “según información creíble publicada por diversos medios, durante el incidente habrían muerto cuatro civiles, entre ellos dos mujeres embarazadas, y otros cuatro resultaron heridos, incluido al menos un niño.

En la madrugada del 11 de mayo, un helicóptero que transportaba a miembros de la Policía Nacional de Honduras y de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (United States Drug Enforcement Administration, DEA) disparó contra una embarcación que navegaba por un río en la región de Mosquitia.

“Es fundamental que tanto las autoridades hondureñas como estadounidenses adopten medidas para asegurar que se investiguen rigurosamente estas muertes, a fin de determinar si el uso de la fuerza letal estuvo justificado”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Si las evidencias demuestran que las fuerzas de seguridad violaron estándares internacionales, entonces deberán responder por su actuación”, enfatizó el defensor de derechos humanos.

Los estándares internacionales aplicables a operativos de seguridad pública limitan de manera estricta el uso de la fuerza letal. El Principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados en 1990 durante el Octavo Congreso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, admite el uso deliberado de la fuerza letal por parte de funcionarios de seguridad pública únicamente “cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Las armas de fuego podrán ser usadas contra presuntos delincuentes exclusivamente “en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves” o “una seria amenaza para la vida”, y sólo cuando “resulten insuficientes medidas menos extremas”, afirmó Vivanco en la nota periodística divulgada al mundo en las últimas horas.

El director de la Policía Nacional de Honduras, José Ricardo Ramírez del Cid, señaló en una conferencia de prensa que miembros de esa institución habían llevado a cabo un operativo de seguridad el 11 de mayo para incautar cargamentos de drogas ilícitas, en el cual varias personas habían perdido la vida, y que los tripulantes del helicóptero sólo abrieron fuego tras recibir disparos de hombres armados desde tierra.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras confirmó a través de un comunicado escrito a los medios especificó que “Estados Unidos prestó asistencia a las fuerzas hondureñas durante este operativo”.

El ataque efectuado el 11 de mayo en la zona de Ahuás en la mosquitia hondureña fue perpetrado por efectivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desde helicópteros que dispararon contra una canoa que transportaba a los civiles en el caudaloso río Patuca.

Horas más tarde se informó que habitantes de la zona quemaron varias oficinas gubernamentales en protesta por la acción realizada por los militares estadounidenses. Las comunidades expresaron de esta forma su indignación y el rechazo ante la presencia de estas tropas extranjeras que actúan en territorio hondureño bajo el supuesto objetivo de luchar contra el narcotráfico, pero que en definitiva son señaladas como violadoras a los derechos humanos.

En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera.

Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que “quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes”.

“Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos non grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos”, agregó el texto.

Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire.

Cuatro perecieron, entre ellos dos mujeres embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero, de acuerdo con la autoridad.

La DEA reconoció que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo de la nave. "Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos", expresó Dawn Dearden, portavoz de la agencia en Washington.

El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado José Ricardo Ramírez del Cid, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.

Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en este país centroamericano y respaldado por tres bases de “operaciones forward” o de avanzada, construidas este año en Honduras con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos.