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Por Alejandro F. Ludeña/Noticias Aliadas
Tala ilegal aumenta por incumplimiento de legislación e inoperancia de autoridades
Honduras, uno de los países más pobres del continente americano, pierde cada año millones de dólares como consecuencia de la tala ilegal de madera.
De
acuerdo con el Documento de Estrategia de País para Honduras de la
Comunidad Europea para el periodo 2007-2013, el valor de mercado de la
madera extraída ilegalmente oscila entre US$55 y $70 millones al año.
A
esta cantidad, habría que añadir los impuestos no percibidos y la
inversión pública desperdiciada, conceptos que juntos aumentan las
pérdidas en otros US$18 millones.
Este es uno más de los terribles efectos que conlleva la ineficacia con
que se aplica la Ley Forestal en este país, cuya débil institucionalidad
democrática tocó fondo tras el golpe de Estado perpetrado en junio del
2009. Pero quizás no sea la peor de las consecuencias. Según Orlando
Núñez, coordinador de la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal de
Madera del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Honduras camina
peligrosamente hacia su desertización. En declaraciones al diario
capitalino El Heraldo, Núñez señaló que el país pierde anualmente 58,000
Ha de árboles, lo que supone más del 1% de la superficie boscosa del
país.
El 80% del territorio hondureño es de vocación forestal. Pero este potencial, lejos de ser aprovechado para el desarrollo equitativo y la reducción de la pobreza, se ha dilapidado en beneficio de unos pocos. Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por cada 2 Ha de bosque que las autoridades permiten explotar, se talan tres; una de ellas pasa a engrosar las dramáticas cifras del desmonte ilegal.
A la mano criminal de los traficantes de madera, hay que sumar los efectos de los incendios forestales, la ganadería extensiva y la presión por extender la frontera agrícola. Otro factor menos visible, pero letal para el bosque, es la demanda popular de leña, cuyo consumo anual alcanza unos 6 millones de m³; el 70% de este consumo de leña proviene del bosque latifoliado (con árboles de hojas anchas). Y es que debido a la deficitaria electrificación rural, la leña sigue siendo la principal fuente de energía para la población rural empobrecida.
Ley truncada
La primera Ley Forestal en Honduras data de 1971. Nació con el objeto de asegurar la protección de las áreas forestales, racionalizando el aprovechamiento y la comercialización de los productos derivados de aquellas. Tres años después se creó la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), cuyo propósito era posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos forestales hondureños, asegurando su protección, conservación y buen manejo. Pronto se comprobó que ninguno de esos instrumentos cumplía con su mandato, pero no fue hasta mediados de los años 90, con el agotamiento del agua y los recursos naturales, que el descontento de las comunidades locales estalló en múltiples protestas que ayudaron a visibilizar el problema, ejerciendo presión para crear un nuevo marco legal e institucional.
Destacan en esta lucha las comunidades del norte de Olancho, el departamento más boscoso de Honduras y el más castigado por la tala ilegal. Cinco organizaciones locales se unieron en el año 2000 para crear un frente común en el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Tras casi dos décadas de protestas, después de un largo proceso de participación y consulta impulsado por la sociedad civil, y legitimado por más de 200 organizaciones sociales, en setiembre del 2007 el Congreso Nacional aprobó la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Cinco meses después entraba en vigor esta norma que generó enormes resistencias entre las grandes empresas madereras y esperanzas fundadas para quienes llevaban años buscando un cambio en la política forestal
Hermilo Soto, coordinador nacional de la Federación Luterana Mundial, que apoya proyectos de defensa del medio ambiente, declaró a Noticias Aliadas que la nueva ley incorporó al menos el 70% de las demandas de los movimientos sociales.
“Entre otras cosas, la ley incluyó el Sistema Social Forestal, que pretende incorporar a las comunidades locales en la gestión de los recursos naturales, creando instancias de participación ciudadana”, dijo.
Pero en el 2009 la situación política cambió drásticamente con el golpe de Estado perpetrado por militares, empresarios y amplios sectores de la clase política.
Según Soto, “el gobierno de facto que se instauró tras la ruptura institucional no cumplió los compromisos asumidos por el gobierno de [el derrocado presidente Manuel] Zelaya Rosales [2006-2009] con respecto a las áreas de veda y los derechos de las comunidades locales”.
Represión contra movimiento ambientalista
La defensa del bosque, antes ejercida por más de 200 organizaciones de base, está hoy desarticulada, en gran medida por la represión y el colapso institucional resultante de la asonada.
“Con la represión sufrida después del golpe de Estado del 2009, los movimientos ambientalistas quedaron desarticulados”, aseguró a Noticias Aliadas Víctor Ochoa, ex dirigente del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
A la expulsión del país del sacerdote Andrés Tamayo —nacido en El Salvador pero nacionalizado hondureño— en noviembre del 2009 a raíz de su participación en las protestas contra el golpe de Estado, hay que sumar el asesinato de líderes ambientalistas, como Adalberto Figueroa, coordinador del MAO en el municipio de Guato, Olancho, en mayo del 2010. Tamayo, uno de los fundadores del MAO, había jugado un importante rol en la movilización de las comunidades por la protección del bosque durante la última década.
La desconfianza en el Estado como protector del patrimonio forestal es palpable. Para Ochoa, la presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas forestales, tras la aprobación en el 2011 por parte del Congreso de la creación de una Unidad Especializada de Soldados Forestales, más bien está agravando el problema.
“Cuando se detiene un camión con madera de tala ilegal, el dueño no tiene más que llamar a un militar conocido para que este dé la orden de dejarlo ir”, declaró.
Por su parte, el ICF, que nació con la nueva ley para sustituir a la extinta CODHEFOR, ya es reconocido por su inoperancia. El Colegio de Profesionales Forestales de Honduras denunció en julio pasado la falta de capacidad técnica de esta institución que, entre otras cosas, está permitiendo un aumento indiscriminado de la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera del Rio Plátano, en la costa caribeña, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ante las críticas, Fredy Márquez, del Departamento de Protección Forestal del ICF, sostiene que la institución “surgió para descentralizar el manejo de recursos y ser un ente de apoyo, más que operativo, pero no cuenta con los recursos económicos para cumplir con su agenda”.
Una vez más se comprueba en Honduras que los cambios legislativos de poco sirven, cuando las relaciones de poder que han tenido secuestrado al Estado por décadas se mantienen imperturbables. No parece que ninguna ley pueda cambiar por sí sola la cultura de la corrupción y la impunidad que asolan secularmente la nación y que se profundizaron en el 2009.
Por eso algunos activistas enfatizan la importancia de seguir educando: “Ya recorrimos la mitad del camino”, afirma Soto; “ahora nos queda concientizar a las poblaciones locales acerca de sus deberes y derechos, y continuaremos en la lucha por la protección del ambiente”.
El 80% del territorio hondureño es de vocación forestal. Pero este potencial, lejos de ser aprovechado para el desarrollo equitativo y la reducción de la pobreza, se ha dilapidado en beneficio de unos pocos. Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por cada 2 Ha de bosque que las autoridades permiten explotar, se talan tres; una de ellas pasa a engrosar las dramáticas cifras del desmonte ilegal.
A la mano criminal de los traficantes de madera, hay que sumar los efectos de los incendios forestales, la ganadería extensiva y la presión por extender la frontera agrícola. Otro factor menos visible, pero letal para el bosque, es la demanda popular de leña, cuyo consumo anual alcanza unos 6 millones de m³; el 70% de este consumo de leña proviene del bosque latifoliado (con árboles de hojas anchas). Y es que debido a la deficitaria electrificación rural, la leña sigue siendo la principal fuente de energía para la población rural empobrecida.
Ley truncada
La primera Ley Forestal en Honduras data de 1971. Nació con el objeto de asegurar la protección de las áreas forestales, racionalizando el aprovechamiento y la comercialización de los productos derivados de aquellas. Tres años después se creó la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), cuyo propósito era posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos forestales hondureños, asegurando su protección, conservación y buen manejo. Pronto se comprobó que ninguno de esos instrumentos cumplía con su mandato, pero no fue hasta mediados de los años 90, con el agotamiento del agua y los recursos naturales, que el descontento de las comunidades locales estalló en múltiples protestas que ayudaron a visibilizar el problema, ejerciendo presión para crear un nuevo marco legal e institucional.
Destacan en esta lucha las comunidades del norte de Olancho, el departamento más boscoso de Honduras y el más castigado por la tala ilegal. Cinco organizaciones locales se unieron en el año 2000 para crear un frente común en el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Tras casi dos décadas de protestas, después de un largo proceso de participación y consulta impulsado por la sociedad civil, y legitimado por más de 200 organizaciones sociales, en setiembre del 2007 el Congreso Nacional aprobó la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Cinco meses después entraba en vigor esta norma que generó enormes resistencias entre las grandes empresas madereras y esperanzas fundadas para quienes llevaban años buscando un cambio en la política forestal
Hermilo Soto, coordinador nacional de la Federación Luterana Mundial, que apoya proyectos de defensa del medio ambiente, declaró a Noticias Aliadas que la nueva ley incorporó al menos el 70% de las demandas de los movimientos sociales.
“Entre otras cosas, la ley incluyó el Sistema Social Forestal, que pretende incorporar a las comunidades locales en la gestión de los recursos naturales, creando instancias de participación ciudadana”, dijo.
Pero en el 2009 la situación política cambió drásticamente con el golpe de Estado perpetrado por militares, empresarios y amplios sectores de la clase política.
Según Soto, “el gobierno de facto que se instauró tras la ruptura institucional no cumplió los compromisos asumidos por el gobierno de [el derrocado presidente Manuel] Zelaya Rosales [2006-2009] con respecto a las áreas de veda y los derechos de las comunidades locales”.
Represión contra movimiento ambientalista
La defensa del bosque, antes ejercida por más de 200 organizaciones de base, está hoy desarticulada, en gran medida por la represión y el colapso institucional resultante de la asonada.
“Con la represión sufrida después del golpe de Estado del 2009, los movimientos ambientalistas quedaron desarticulados”, aseguró a Noticias Aliadas Víctor Ochoa, ex dirigente del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
A la expulsión del país del sacerdote Andrés Tamayo —nacido en El Salvador pero nacionalizado hondureño— en noviembre del 2009 a raíz de su participación en las protestas contra el golpe de Estado, hay que sumar el asesinato de líderes ambientalistas, como Adalberto Figueroa, coordinador del MAO en el municipio de Guato, Olancho, en mayo del 2010. Tamayo, uno de los fundadores del MAO, había jugado un importante rol en la movilización de las comunidades por la protección del bosque durante la última década.
La desconfianza en el Estado como protector del patrimonio forestal es palpable. Para Ochoa, la presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas forestales, tras la aprobación en el 2011 por parte del Congreso de la creación de una Unidad Especializada de Soldados Forestales, más bien está agravando el problema.
“Cuando se detiene un camión con madera de tala ilegal, el dueño no tiene más que llamar a un militar conocido para que este dé la orden de dejarlo ir”, declaró.
Por su parte, el ICF, que nació con la nueva ley para sustituir a la extinta CODHEFOR, ya es reconocido por su inoperancia. El Colegio de Profesionales Forestales de Honduras denunció en julio pasado la falta de capacidad técnica de esta institución que, entre otras cosas, está permitiendo un aumento indiscriminado de la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera del Rio Plátano, en la costa caribeña, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ante las críticas, Fredy Márquez, del Departamento de Protección Forestal del ICF, sostiene que la institución “surgió para descentralizar el manejo de recursos y ser un ente de apoyo, más que operativo, pero no cuenta con los recursos económicos para cumplir con su agenda”.
Una vez más se comprueba en Honduras que los cambios legislativos de poco sirven, cuando las relaciones de poder que han tenido secuestrado al Estado por décadas se mantienen imperturbables. No parece que ninguna ley pueda cambiar por sí sola la cultura de la corrupción y la impunidad que asolan secularmente la nación y que se profundizaron en el 2009.
Por eso algunos activistas enfatizan la importancia de seguir educando: “Ya recorrimos la mitad del camino”, afirma Soto; “ahora nos queda concientizar a las poblaciones locales acerca de sus deberes y derechos, y continuaremos en la lucha por la protección del ambiente”.
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