Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”

¿En qué quedaron los compromisos asumidos en materia de derechos humanos?

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

 Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de  derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.

Notas
[1] https://bit.ly/2SV8gTW
[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Fuente: Rel UITA