Por Misión Verdad
Desde el retorno al poder en Colombia del uribismo mediante la elección de Iván Duque, se ha profundizado el relato de que en Venezuela existe un supuesto "narcoestado".
Este tratamiento político e informativo ha escalado durante los últimos meses hasta proyectar a Venezuela como un "santuario" de "grupos terroristas de origen colombiano", y específicamente al Gobierno de Venezuela como una "amenaza para la seguridad de Colombia y de la región".
De esta forma, la retórica del gobierno de Colombia busca responsabilizar a Venezuela de la incapacidad de resolver sus dos grandes deudas históricas pendientes: la reducción del narcotráfico y el control del paramilitarismo que diariamente cobra la vida de luchadores sociales y dirigentes políticos e impide una solución política e institucional del conflicto armado.
Pero un breve repaso por hechos recientes nos permite ver que, a contrepelo de la retórica desplegada por el gobierno de Duque, el Estado venezolano ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo, ambos fenómenos que impactan notablemente al país al insertarse como parte del engranaje de la desestabilización y el golpe continuado.
En este campo, el gobierno de Duque tiene pocos logros que exhibir, y quizás de allí proviene parte de su molestia y agresivo comportamiento frente a la República Bolivariana de Venezuela.
Los últimos golpes de la seguridad venezolana a las mafias fronterizas
Previniendo los recurrentes intentos de golpe de Estado que se apoyan sobre las estructuras de grupos criminales de origen colombiano, el Gobierno de Venezuela ha ido diseñando una política de seguridad para reducir la movilidad y despliegue que en la frontera tienen estos frentes armados.
Es bien sabido que los intentos de cambio de régimen en Venezuela tienen una vinculación orgánica con la violencia criminal y paramilitar, y ello ha quedado demostrado en los ciclos de golpe no convencional desarrollados desde "La Salida" (2014) hasta la actualidad.
Para muestra un botón: el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 fue planificado en el departamento Norte de Santander, con la anuencia del gobierno de Colombia, el cual permite la existencia de todo el ecosistema de grupos paramilitares y economías sumergidas que opera en Cúcuta y zonas aledañas.
A partir de ese evento hasta hoy, se han hecho cada vez más frecuente los comunicados del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mostrando con evidencias cómo grupos armados y criminales participan directamente en cada maquinación del golpismo nacional y extranjero.
En semanas recientes, cuando el aliado más diligente de Estados Unidos subió la apuesta falsificando noticias para implicar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con grupos guerrilleros colombianos, el país respondió activando la alerta naranja en la frontera colombiana.
Esta medida precedió la convocatoria a los ejercicios militares "Venezuela Soberanía y Paz 2019", y fue acompañada con la activación del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para que asumiera la conducción de una nueva etapa de conflictividad en las relaciones entre Colombia y Venezuela.
En menos de un mes, los más de 150 mil efectivos militares desplegados a lo largo de la frontera occidental del país presentan los siguientes resultados:
Igualmente destaca la detención de Iván Posso Pedroso, alias "Nandito", en el sector Coloncito-Santa Cruz del estado Zulia, bajo la coordinación de la Fiscalía con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Ambos son miembros del grupo Los Rastrojos, el cual controla buena parte de las economías sumergidas de la frontera con beneplácito de autoridades colombianas.
El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien encabeza los operativos en el estado andino, ha confirmado que en el último mes 19 paramilitares resultaron abatidos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad venezolanos.
Por su parte, "Nandito" está sirviendo de testigo principal en las investigaciones para determinar las conexiones del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, con el paramilitarismo colombiano, a raíz de las fotos tomadas con líderes de la banda durante su salida del país con dirección a Cúcuta el 22 de febrero de este año.
Su testimonio ha esclarecido la colaboración de funcionarios del gobierno de Duque con Los Rastrojos para hacer efectivo el traslado de Guaidó.
Atacar a Venezuela, encubrir a los verdaderos culpables
El choque, a principios de año, entre las visiones del presidente Iván Duque y la Administración Trump acerca de la estrategia para combatir los carteles del narcotráfico, es un punto de inflexión en la escalada de violencia y cultivo de coca en Colombia.
Las diferencias vinieron cuando Donald Trump criticó las políticas de Duque para disminuir los cultivos ilícitos, afirmando que con su administración ha llegado más cocaína a Estados Unidos. Según los datos que maneja el magnate presidente, los envíos desde Colombia aumentaron en un 50%.
Con una actitud de confrontación relativa, Duque respondió a las acusaciones pasando la pelota del lado norteamericano, al referirse que el trabajo es compartido y que los países con los más altos niveles en consumo de droga deben restringir su comercio.
Ambas naciones comparten culpas en el flujo del narcotráfico en el hemisferio: el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reportó un récord en 2017 de la producción mundial de la cocaína, donde Colombia es responsable del 70%, muy por encima de sus competidores andinos, Perú y Bolivia, alcanzando 171 mil hectáreas de coca cultivadas.
Por otro lado, entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 12% en nuevos consumidores de este tipo de droga en la población de Estados Unidos, según cifras de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El balance de la DEA también indicó que no hubo reducciones de los consumidores habituales de cocaína.
Colombia, en respuesta a las presiones de Estados Unidos, pidió a la Corte Constitucional la autorización para reactivar la aspersión con glifosato, un instrumento de erradicación de cultivo que, más que acabar con el negocio de la cocaína, provoca su desplazamiento a otras zonas, dejando un alto daño ambiental en los sitios donde es rociado el peligroso químico.
En lo que a carteles se refiere, no hay datos de ningún golpe fundamental a las organizaciones criminales que controlan la producción y transporte de la cocaína. Se observa un cambio en su constitución y perfiles de quiénes la dominan, lo que antes eran grandes carteles con figuras nacionales de la talla de Pablo Escobar, ahora se manejan en grupos mucho más reducidos en los que prevalece la presencia extranjera, sobre todo de los carteles del norte (México y EEUU), y en menor proporción, los de Brasil.
Con todo y la asistencia militar estadounidense, el gobierno de Duque tiene pésimas cifras en la reducción de la producción de cocaína y la violencia que de allí se deriva. Uno de sus mayores fracasos, los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana bajo el mandato del ex presidente Juan Manuel Santos, dan cuenta del poco interés que hay en recomponer la estabilidad social del país.
Según el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, no existen las condiciones en Colombia para hablar de un "posconflicto", debido a que aún prolifera la violencia por parte de distintos grupos.
Solo de 2017 a 2018, hubo un aumento de un 300% de las víctimas de artefactos explosivos improvisados. Harnisch y la Cruz Roja contabilizan al menos cinco conflictos que exponen la permanencia de las organizaciones armadas y el desinterés del gobierno de Colombia para luchar contra ellas y reducir el narcotráfico.
En este sentido, a Duque y a Estados Unidos parece molestarle enormemente que el Estado venezolano actúe en una dirección contraria, afectando un negocio histórico y con tantos dolientes como consumidores.
Este tratamiento político e informativo ha escalado durante los últimos meses hasta proyectar a Venezuela como un "santuario" de "grupos terroristas de origen colombiano", y específicamente al Gobierno de Venezuela como una "amenaza para la seguridad de Colombia y de la región".
De esta forma, la retórica del gobierno de Colombia busca responsabilizar a Venezuela de la incapacidad de resolver sus dos grandes deudas históricas pendientes: la reducción del narcotráfico y el control del paramilitarismo que diariamente cobra la vida de luchadores sociales y dirigentes políticos e impide una solución política e institucional del conflicto armado.
Pero un breve repaso por hechos recientes nos permite ver que, a contrepelo de la retórica desplegada por el gobierno de Duque, el Estado venezolano ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo, ambos fenómenos que impactan notablemente al país al insertarse como parte del engranaje de la desestabilización y el golpe continuado.
En este campo, el gobierno de Duque tiene pocos logros que exhibir, y quizás de allí proviene parte de su molestia y agresivo comportamiento frente a la República Bolivariana de Venezuela.
Los últimos golpes de la seguridad venezolana a las mafias fronterizas
Previniendo los recurrentes intentos de golpe de Estado que se apoyan sobre las estructuras de grupos criminales de origen colombiano, el Gobierno de Venezuela ha ido diseñando una política de seguridad para reducir la movilidad y despliegue que en la frontera tienen estos frentes armados.
Es bien sabido que los intentos de cambio de régimen en Venezuela tienen una vinculación orgánica con la violencia criminal y paramilitar, y ello ha quedado demostrado en los ciclos de golpe no convencional desarrollados desde "La Salida" (2014) hasta la actualidad.
Para muestra un botón: el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 fue planificado en el departamento Norte de Santander, con la anuencia del gobierno de Colombia, el cual permite la existencia de todo el ecosistema de grupos paramilitares y economías sumergidas que opera en Cúcuta y zonas aledañas.
A partir de ese evento hasta hoy, se han hecho cada vez más frecuente los comunicados del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mostrando con evidencias cómo grupos armados y criminales participan directamente en cada maquinación del golpismo nacional y extranjero.
En semanas recientes, cuando el aliado más diligente de Estados Unidos subió la apuesta falsificando noticias para implicar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con grupos guerrilleros colombianos, el país respondió activando la alerta naranja en la frontera colombiana.
Esta medida precedió la convocatoria a los ejercicios militares "Venezuela Soberanía y Paz 2019", y fue acompañada con la activación del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para que asumiera la conducción de una nueva etapa de conflictividad en las relaciones entre Colombia y Venezuela.
En menos de un mes, los más de 150 mil efectivos militares desplegados a lo largo de la frontera occidental del país presentan los siguientes resultados:
- Se encontraron y quemaron 25 mil litros de combustible que estaban en dos depósitos ilegales en el municipio Samuel Darío Maldonado (Táchira), igualmente en el sector Caño Amarillo fueron encontrados otros 6 mil litros. El operativo fue realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y el Grupo Antiextorsión y Secuestro. El contrabando de este insumo es una de las vías de financiamiento del grupo narcoparamilitar de Los Rastrojos.
- Una base de telecomunicaciones de esta misma banda fue identificada y desmontada por la FANB. Los equipos de transmisión de señal que tenían dirección hacia Colombia, estaban en una caseta improvisada en San Cristóbal.
- En el estado noroccidental Zulia, frontera con Colombia, la Oficina Nacional Antidrogas en colaboración con la FANB, incautó 3.5 toneladas de droga que estaban en cuatro laboratorios para su producción, además de 7 toneladas de productos químicos. En el balance presentado por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicó que en todo el año se han incautado 23 mil 344 kilos de distintos tipos de droga de origen colombiano.
Igualmente destaca la detención de Iván Posso Pedroso, alias "Nandito", en el sector Coloncito-Santa Cruz del estado Zulia, bajo la coordinación de la Fiscalía con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Ambos son miembros del grupo Los Rastrojos, el cual controla buena parte de las economías sumergidas de la frontera con beneplácito de autoridades colombianas.
El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien encabeza los operativos en el estado andino, ha confirmado que en el último mes 19 paramilitares resultaron abatidos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad venezolanos.
Por su parte, "Nandito" está sirviendo de testigo principal en las investigaciones para determinar las conexiones del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, con el paramilitarismo colombiano, a raíz de las fotos tomadas con líderes de la banda durante su salida del país con dirección a Cúcuta el 22 de febrero de este año.
Su testimonio ha esclarecido la colaboración de funcionarios del gobierno de Duque con Los Rastrojos para hacer efectivo el traslado de Guaidó.
Atacar a Venezuela, encubrir a los verdaderos culpables
El choque, a principios de año, entre las visiones del presidente Iván Duque y la Administración Trump acerca de la estrategia para combatir los carteles del narcotráfico, es un punto de inflexión en la escalada de violencia y cultivo de coca en Colombia.
Las diferencias vinieron cuando Donald Trump criticó las políticas de Duque para disminuir los cultivos ilícitos, afirmando que con su administración ha llegado más cocaína a Estados Unidos. Según los datos que maneja el magnate presidente, los envíos desde Colombia aumentaron en un 50%.
Con una actitud de confrontación relativa, Duque respondió a las acusaciones pasando la pelota del lado norteamericano, al referirse que el trabajo es compartido y que los países con los más altos niveles en consumo de droga deben restringir su comercio.
Ambas naciones comparten culpas en el flujo del narcotráfico en el hemisferio: el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reportó un récord en 2017 de la producción mundial de la cocaína, donde Colombia es responsable del 70%, muy por encima de sus competidores andinos, Perú y Bolivia, alcanzando 171 mil hectáreas de coca cultivadas.
Por otro lado, entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 12% en nuevos consumidores de este tipo de droga en la población de Estados Unidos, según cifras de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El balance de la DEA también indicó que no hubo reducciones de los consumidores habituales de cocaína.
Colombia, en respuesta a las presiones de Estados Unidos, pidió a la Corte Constitucional la autorización para reactivar la aspersión con glifosato, un instrumento de erradicación de cultivo que, más que acabar con el negocio de la cocaína, provoca su desplazamiento a otras zonas, dejando un alto daño ambiental en los sitios donde es rociado el peligroso químico.
En lo que a carteles se refiere, no hay datos de ningún golpe fundamental a las organizaciones criminales que controlan la producción y transporte de la cocaína. Se observa un cambio en su constitución y perfiles de quiénes la dominan, lo que antes eran grandes carteles con figuras nacionales de la talla de Pablo Escobar, ahora se manejan en grupos mucho más reducidos en los que prevalece la presencia extranjera, sobre todo de los carteles del norte (México y EEUU), y en menor proporción, los de Brasil.
Con todo y la asistencia militar estadounidense, el gobierno de Duque tiene pésimas cifras en la reducción de la producción de cocaína y la violencia que de allí se deriva. Uno de sus mayores fracasos, los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana bajo el mandato del ex presidente Juan Manuel Santos, dan cuenta del poco interés que hay en recomponer la estabilidad social del país.
Según el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, no existen las condiciones en Colombia para hablar de un "posconflicto", debido a que aún prolifera la violencia por parte de distintos grupos.
Solo de 2017 a 2018, hubo un aumento de un 300% de las víctimas de artefactos explosivos improvisados. Harnisch y la Cruz Roja contabilizan al menos cinco conflictos que exponen la permanencia de las organizaciones armadas y el desinterés del gobierno de Colombia para luchar contra ellas y reducir el narcotráfico.
En este sentido, a Duque y a Estados Unidos parece molestarle enormemente que el Estado venezolano actúe en una dirección contraria, afectando un negocio histórico y con tantos dolientes como consumidores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios que contienen vulgaridades o elementos de violencia verbal