"Es nuestro hijo de puta": JOH es el paradigma de gobierno de EEUU para la región

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Un narcopresidente es el mejor aliado de Washington en una conflictiva y azotada Centroamérica

Por Misión Verdad

El perfil de este presidente aliado a Estados Unidos ayudará a conocer que solo esa condición convierte a un político en "estadista", "demócrata" y "campeón en derechos humanos". Aun cuando los hechos digan otras cosas.
Ascenso corrupto al poder

Juan Orlando Hernández (JOH) fue diputado del Congreso de la República que destituyó en 2009 a Manuel Zelaya por intentar consultar a los ciudadanos, mediante comicios que se realizarían el domingo 28 de junio, si aceptaban colocar una cuarta urna en las elecciones generales que se realizarían en noviembre de 2013. El motivo de consulta era para saber si la población estaba de acuerdo en hacer modificaciones a la Constitución de la República.

Luego en 2012, como Presidente del mismo Congreso de la República, promovió la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema y los reemplazó por magistrados afines a su partido político. Esos mismos magistrados avalaron el resultado de las elecciones generales del año siguiente en las que el mismo JOH se hizo Presidente, con un control absoluto del Legislativo, Judicial y del organismo electoral.

Se dice que hubo hechos fraudulentos que invalidarían dichos resultados, eventos como compra de votos (hasta por 25 dólares), venta de credenciales de mesa electoral, violencia e intimidación de votantes, complicidad mediática (el día de las elecciones medios estatales y privados ocultaron asesinatos de activistas y la detención de trabajadores electorales) y apoyo extranjero (Estados Unidos, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos calificaron de transparentes las elecciones sin haber concluido el proceso).

Además, 18 candidatos y activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Zelaya, fueron asesinados durante la campaña.

En contra de lo dispuesto por la misma Constitución Política que JOH "protegía" durante el golpe de 2009, la Corte Suprema de Justicia hondureña en 2016 declaró "legal" sus aspiraciones a la reelección presidencial, aun cuando la oposición y movimientos sociales exigían consulta popular para dirimir dicho caso.

Que usurpe sin cesar y desaparezcan los obstáculos

El 26 de noviembre de 2017 los primeros resultados daban como ganador a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, frente conformado por el Partido Anticorrupción (PAC, del cual es fundador), el Partido Innovación y Unidad y el Partido Libre.

A tres días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ofrecía los resultados definitivos. En su página web iban cambiando los números a cuentagotas y los últimos datos ya favorecían a JOH, medios alternativos afirmaban que el mecanismo según el cual se estaría llevando a cabo el fraude consistía en contabilizar las actas del candidato oficialista mientras que las de Nasralla eran dejadas en "monitoreo".

Aunque primero se evidenciaba una ventaja considerable de Nasralla, luego el sistema de votación electrónica salió del aire. Cuando el sistema se reanudó, JOH estaba ganando, luego fue proclamado vencedor por un estrecho margen y los observadores internacionales reportaron "fuertes indicios de fraude electoral", un recuento parcial le dio la victoria y lo que siguió fueron protestas masivas y calles militarizadas.

El 17 de diciembre, el TSE proclamó oficialmente a JOH como presidente electo, la delegación de observadores electorales de la OEA recomendó que se descartaran los resultados y que se celebraran nuevas elecciones. El 20 de diciembre un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que, a menos que se presenten pruebas adicionales de fraude, el gobierno de los Estados Unidos "no ha visto nada que altere el resultado final".

Hasta el 22 de diciembre de ese año, las organizaciones de derechos humanos en el país contaban con más de 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, de las cuales al menos cuatro tenían menos de 18 años.

Durante los años del gobierno de JOH han llovido denuncias de desapariciones, brutalidad militar, torturas, asalto a los trabajadores que defienden sus derechos, así como señalamientos de corrupción.

Desde el golpe de 2009, entre las víctimas de la desaparición se encuentran docenas de defensores LGBT, más de 100 activistas por los derechos a la tierra como Berta Cáceres, más de 30 periodistas, activistas laborales y al menos 20 candidatos y organizadores de la oposición.

Su formato de gobierno no se distancia de los tiempos de la Guerra Fría en los 70 y 80, cuando dictadores apoyados por Washington campeaban por Suramérica y el Caribe. Lo evidencian tanto los asesinatos de campesinos opuestos a convertir sus propiedades en plantaciones de palma para crear energía "verde" y varios proyectos mineros, como el cierre de estaciones de radio indígenas garífunas que han sido utilizadas para movilizar la oposición ambiental a las minas, represas y proyectos hidroeléctricos.

Controlar a los "bad hombres"

El término "bad hombres" fue utilizado por Donald Trump, magnate presidente de Estados Unidos, para vincular a los inmigrantes provenientes de Centroamérica con la criminalidad que vive un país que, solo en 2019, ha vivido bajo el terror de más de un tiroteo diario, ninguno ocasionado por latinos.

Lo cierto es que bajo el gobierno de JOH ha aumentado el flujo de hondureños huyendo de la pobreza. Aunque en los años 80 Honduras fue uno de los países receptores más importantes para desplazados que huyeron de conflictos armados y la situación económica, política y social de sus países vecinos.

A partir de los 90 incrementó la emigración masiva de Honduras, no causada por conflictos armados, sino a consecuencia de las crisis económicas y los sucesivos ajustes estructurales neoliberales establecidos en el llamado Consenso de Washington.

En la actualidad, la situación económica del país, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia se encuentran entre los impulsores de la diáspora masiva de la población hondureña. El Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) reporta que, en junio de 2016, un 60.9% de los hogares hondureños vivían en la pobreza y un 38.4% en pobreza extrema.

En 2012, el porcentaje de hogares en pobreza estuvo en un nivel todavía más alto (71.1% según el INE, 2016). Con un Coeficiente de Gini de 0.54 en 2013, siendo cero el ideal, el nivel de desigualdad es alto en Honduras (Banco Mundial, 2017). Aunque en junio de 2016, la tasa de desempleo se encontraba en un 7.4% a nivel nacional, especialmente los jóvenes poseen dificultades de acceso a fuentes de trabajo, esto se refleja en una tasa de desempleo de 16.2% para hondureños de entre 19 y 24 años (INE, 2016).

Honduras ha llegado a poseer, bajo el gobierno de JOH, la tasa más alta de homicidios intencionales por 100 mil habitantes en el mundo (75 en 2014, 93 en 2012) (Banco Mundial, 2016), así como la tasa más alta de feminicidios por cada 100 mil mujeres (13.3 en 2014) en América Latina y El Caribe.

En los últimos años, también se notaron grandes flujos de retorno, sobre todo forzado, de migrantes hondureños. En 2016, último año de gobierno de Obama, 21 mil 994 hondureños fueron deportados desde EEUU y 50 mil 964 desde México (más del doble respecto a 2010).

Tales operaciones, además de constituir violaciones a derechos de las personas, contribuyen a empeorar su seguridad, considerando que para evitar las autoridades muchos deciden tomar rutas cada vez más peligrosas y enfrentar altos riesgos ambientales y personales que resultan en homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, robos y otros delitos.

Todo esto detonó una crisis en octubre de 2018 cuando un grupo de personas bajo la denominada Caravana Migrante, muchos de ellos hondureños, salió desde San Pedro Sula con la intención de llegar a la frontera norte de México. Sus integrantes, unos 2 mil hombres y mujeres adultos, así como adolescentes y niños, deseaban solicitar asilo en Estados Unidos.

Por su parte Trump tuiteaba que "¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!". Horas después, mientras otros presidentes asumían una actitud de rechazo a estas palabras, pero sin hacer referencia al tuit, JOH pidió a los hondureños que formaban parte de la caravana que desistieran de sus planes.

Que mantenga a los "bad hombres" cerca… muy cerca

En enero de 2015, Devis Rivera, líder del cartel hondureño Los Cachiros, estaba entre los capturados y extraditados para ser juzgados en el Distrito Sur de Nueva York. En su confesión señaló a Fabio Lobo, el hijo de Porfirio Lobo (ex presidente compañero de partido de JOH), quien fue arrestado más tarde en Haití y condenado a 24 años en Manhattan. Su entorno policial, que facilitó el paso de drogas, fue arrestado en Honduras y también juzgado en Estados Unidos junto a importantes banqueros. Tal parece que los "bad hombres" salieron de Honduras a las cárceles estadounidenses.

El hermano de JOH, Juan Antonio, alias "Tony", fue llamado a Washington para responder por su presunta relación con un traficante importante a la vez que, en un caso diferente, un traficante mexicano delató ante la DEA al entonces ministro de seguridad de JOH, Julian Pacheco, un antiguo aliado del ejército estadounidense, graduado de la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. El informante también dijo que fue el hijo de Lobo quien le presentó a Pacheco.

Según los fiscales federales, Tony se comprometió en 2014 a ayudar a Rivera, con quien trabajó por más de una década, a conseguir que entes gubernamentales pagaran el dinero que se les debía a las compañías lavadólares de Rivera. Este dijo que le pagó a Tony 50 mil dólares de "agradecimiento".

Tony fue finalmente arrestado en Miami en 2018, dos años después de que se descubriera que era una "persona de interés" en una investigación de Estados Unidos. Se dice que, junto a sus compañeros, está conectado con las Maras Salvatrucha ("MS-13") y Barrio 18, ambas fundadas en la ciudad de Los Angeles.

Por su parte Rivera admitió orquestar unos 78 asesinatos a lo largo de más de 10 años, entre los muertos había personas que describió como matones, violadores y pandilleros, también un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que se convirtió en el zar antidrogas hondureño y un político que era su asesor; incluso dos niños resultaron muertos en un tiroteo.

El capo se puso en contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y les ofreció su ayuda para inculpar a políticos corruptos y otras élites que convirtieron a Honduras en un corredor masivo de cocaína hacia Estados Unidos, el primer consumidor mundial, a través de México.

La oferta aparecía cuando Honduras, un aliado leal de Estados Unidos en cuyo territorio se encuentra una base militar estadounidense, estaba al borde del caos interno. El país estaba plagado de narcotraficantes y maras, tenía una de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo. Según el Departamento de Estado, era la primera parada de cerca del 80% de los vuelos sospechosos de transportar drogas desde Suramérica.

Según dijo uno de los fiscales en una audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2017, las pruebas demuestran una red de "tráfico de drogas patrocinada por el Estado". Los investigadores tenían pruebas de que el expresidente Lobo aceptó sobornos para proteger a los traficantes, y sospechan que pudo haberse financiado la campaña de JOH con narcodólares.

Se descubrió también que, en 2013, Rivera grabó en secreto una conversación con otro narcotraficante hondureño que afirmó haber hecho un pago de 250 mil dólares supuestamente para JOH, aunque no indica si este recibió ese dinero. Su gobierno atribuyó la acusación a narcotraficantes que han sido objeto de su campaña antidrogas y el mandatario afirmó que "es lógico, e incluso predecible, que los delincuentes que se han visto afectados por las acciones de nuestro gobierno tengan sentimientos de odio y resentimiento contra quienes han tomado esas decisiones".

Siempre que sea nuestro, no hay problema

Honduras ha sido un portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica durante mucho tiempo: la nación del Triángulo del Norte sirvió de base para contrarrestar la influencia soviética en América Latina durante la década de 1980. Sin embargo, a otros países se les consideran Estados fallidos por menos de lo que la burguesía hondureña provoca con una acumulación voraz de tierras, recursos y renta, lo que da pie para que las potencias intervengan a favor de esas mismas élites para imponerse.

El perfil de JOH es el que Washington quiere lograr con Juan Guaidó, un operador financiado y amparado en sus desafueros por un entramado de poder que imponga condiciones cuando algo se salga de las manos.

En este caso aplica aquella frase de Kissinger: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

Fuente: Misión Verdad