Por ARPAS
La Sala de lo Constitucional favoreció ayer a los ex altos mandos militares involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y sus colaboradoras, dejando sin efecto las órdenes de captura giradas en su contra en enero de 2016 por petición del juez español Eloy Velasco.
La Sala aceptó un recurso de “hábeas corpus” presentado por la defensa de los ex jefes castrenses, el cual reclamaba presuntas vulneraciones a la libertad personal y seguridad jurídica. Los acusados también alegan violación del principio de prohibición de doble juzgamiento.
Argumentando que hace un año la Corte Plena negó la extradición a España, los magistrados de la Sala -entre los que se encuentra un ex defensor de presos políticos y un ex querellante particular de la UCA- dejan libres a los asesinos de Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes y demás jesuitas masacrados, junto a Elba y Celina Ramos, en noviembre de 1989.
Entre los beneficiados están Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Carlos Mauricio Guzmán. Estos criminales de guerra, violadores de derechos humanos y delincuentes de lesa humanidad pueden estar tranquilos, gracias a los “honorables” de la Sala.
Así, los tristemente célebres magistrados -que han pretendido dar lecciones de democracia, transparencia, ética, legalidad y justicia- exhiben otra vez su desfachatez y doble moral. Con semejante decisión, la Sala Constitucional fomenta la impunidad y la injusticia.
Recientemente la Sala revirtió una reforma que permitiría pagar las pensiones a 175 mil jubilados y anuló el presupuesto nacional de este año. En esta última invadió competencias especializadas del Ejecutivo y estableció criterios sobre el gasto público, pero -descaradamente- evitó pronunciarse sobre los ingresos (evasión y elusión fiscal, regresividad tributaria).
A pesar de todos sus desmanes, los magistrados se mantienen por el respaldo de sectores oligárquicos, la cobertura de ciertos medios hegemónicos y la cobardía de los diputados que se niegan a destituirlos. Fiscalía, Tribunal de Ética y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco actúan, a pesar de varias demandas presentadas.
La impunidad de la Sala Constitucional también se favorece con la falta de contundencia de la izquierda gobernante y de sectores progresistas, que la critican pero terminan aceptando sus espurias resoluciones.
La Sala aceptó un recurso de “hábeas corpus” presentado por la defensa de los ex jefes castrenses, el cual reclamaba presuntas vulneraciones a la libertad personal y seguridad jurídica. Los acusados también alegan violación del principio de prohibición de doble juzgamiento.
Argumentando que hace un año la Corte Plena negó la extradición a España, los magistrados de la Sala -entre los que se encuentra un ex defensor de presos políticos y un ex querellante particular de la UCA- dejan libres a los asesinos de Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes y demás jesuitas masacrados, junto a Elba y Celina Ramos, en noviembre de 1989.
Entre los beneficiados están Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Carlos Mauricio Guzmán. Estos criminales de guerra, violadores de derechos humanos y delincuentes de lesa humanidad pueden estar tranquilos, gracias a los “honorables” de la Sala.
Así, los tristemente célebres magistrados -que han pretendido dar lecciones de democracia, transparencia, ética, legalidad y justicia- exhiben otra vez su desfachatez y doble moral. Con semejante decisión, la Sala Constitucional fomenta la impunidad y la injusticia.
Recientemente la Sala revirtió una reforma que permitiría pagar las pensiones a 175 mil jubilados y anuló el presupuesto nacional de este año. En esta última invadió competencias especializadas del Ejecutivo y estableció criterios sobre el gasto público, pero -descaradamente- evitó pronunciarse sobre los ingresos (evasión y elusión fiscal, regresividad tributaria).
A pesar de todos sus desmanes, los magistrados se mantienen por el respaldo de sectores oligárquicos, la cobertura de ciertos medios hegemónicos y la cobardía de los diputados que se niegan a destituirlos. Fiscalía, Tribunal de Ética y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco actúan, a pesar de varias demandas presentadas.
La impunidad de la Sala Constitucional también se favorece con la falta de contundencia de la izquierda gobernante y de sectores progresistas, que la critican pero terminan aceptando sus espurias resoluciones.
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