Por Andrés Molina | Conexihon
La Policía Nacional desalojó de forma violenta una manifestación pacífica, que realizaban miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP).
La violencia policial se desató, justo en el momento que los pueblos garífunas y lencas realizaban una ceremonia espiritual, desde las cosmovisiones de ambos pueblos, cuando inició el lanzamiento de gases y agua desde una tanqueta.
Los manifestantes fueron perseguidos por varias cuadras, hasta llegar al Hospital San Felipe, recibiendo decenas de gases lacrimógenas y gas pimienta lanzado por una tanqueta, según pudo constatar el Comité por la Libre Expresión.
Durante la persecución, la Policía Nacional y miembros del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), hicieron un uso indiscriminado de la fuerza, lanzando gases en contra de niños, niñas y ancianos, afectando además vecinos de los alrededores del MP, clientes y trabajadores de negocios que se encuentran en el trayecto hasta el Hospital San Felipe.
«Quien ha dicho que manifestarse es un delito, no concebimos que se nos trate de esa manera» dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH y agregó no es posible que nos traten como si no fuéramos hondureños.
Desde hace cuatro días, el COPINH había anunciado una movilización de resistencia por la tierra y por los ríos que terminaría con una conferencia de prensa frente al ente acusador del Estado, para «exigir justicia por el asesinato de la Coordinadora Berta Cáceres Flores, una comisión internacional independiente para investigar su asesinato, y la cancelación inmediata de la concesión otorgada a la empresa DESA para desarrollar la presa Agua Zarca en Río Blanco, junto con todas las demás concesiones mineras e hidroeléctricas en territorio indígena lenca».
En la represión contra el COPINH, la Policía Nacional muestra un patrón de violencia, en contra de cualquier tipo de manifestaciones públicas, convocada por organizaciones sociales y políticas en Tegucigalpa.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos ha establecido, que «El derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión. En muchas ocasiones, las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva».
Los estándares internacionales establecen que, «si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra el derecho a manifestase pacíficamente. Cuando la respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos».
Policía Agrede a defensor de derechos humanos
Durante la represión en contra del COPINH, el defensor de los derechos humanos Carlo Antonio Jiménez miembro del Equipo Legal de C-Libre, fue agredido por miembros del Comando de Operaciones Especiales (Cobras).
Jiménez fue golpeado e insultado por la policía, a pesar que se identificó plenamente como defensor de los derechos humanos e intentaron llevárselo detenido, acción que no se concretó por la intervención de otros defensores y defensoras de los derechos humanos.
Las explicaciones ofrecidas por el defensor al ser requerido de manera violenta, fueron ignoradas y las respuestas policiales fueron que no les importaba, seguido de una serie de palabras soeces en contra del procurador.
La violencia policial se desató, justo en el momento que los pueblos garífunas y lencas realizaban una ceremonia espiritual, desde las cosmovisiones de ambos pueblos, cuando inició el lanzamiento de gases y agua desde una tanqueta.
Los manifestantes fueron perseguidos por varias cuadras, hasta llegar al Hospital San Felipe, recibiendo decenas de gases lacrimógenas y gas pimienta lanzado por una tanqueta, según pudo constatar el Comité por la Libre Expresión.
Durante la persecución, la Policía Nacional y miembros del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), hicieron un uso indiscriminado de la fuerza, lanzando gases en contra de niños, niñas y ancianos, afectando además vecinos de los alrededores del MP, clientes y trabajadores de negocios que se encuentran en el trayecto hasta el Hospital San Felipe.
«Quien ha dicho que manifestarse es un delito, no concebimos que se nos trate de esa manera» dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH y agregó no es posible que nos traten como si no fuéramos hondureños.
Desde hace cuatro días, el COPINH había anunciado una movilización de resistencia por la tierra y por los ríos que terminaría con una conferencia de prensa frente al ente acusador del Estado, para «exigir justicia por el asesinato de la Coordinadora Berta Cáceres Flores, una comisión internacional independiente para investigar su asesinato, y la cancelación inmediata de la concesión otorgada a la empresa DESA para desarrollar la presa Agua Zarca en Río Blanco, junto con todas las demás concesiones mineras e hidroeléctricas en territorio indígena lenca».
En la represión contra el COPINH, la Policía Nacional muestra un patrón de violencia, en contra de cualquier tipo de manifestaciones públicas, convocada por organizaciones sociales y políticas en Tegucigalpa.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos ha establecido, que «El derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión. En muchas ocasiones, las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva».
Los estándares internacionales establecen que, «si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra el derecho a manifestase pacíficamente. Cuando la respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos».
Policía Agrede a defensor de derechos humanos
Durante la represión en contra del COPINH, el defensor de los derechos humanos Carlo Antonio Jiménez miembro del Equipo Legal de C-Libre, fue agredido por miembros del Comando de Operaciones Especiales (Cobras).
Jiménez fue golpeado e insultado por la policía, a pesar que se identificó plenamente como defensor de los derechos humanos e intentaron llevárselo detenido, acción que no se concretó por la intervención de otros defensores y defensoras de los derechos humanos.
Las explicaciones ofrecidas por el defensor al ser requerido de manera violenta, fueron ignoradas y las respuestas policiales fueron que no les importaba, seguido de una serie de palabras soeces en contra del procurador.
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