Por FIAN Internacional
Los recientes asesinatos de los activistas José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) del Bajo Aguán y los atentados contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ponen en evidencia el riesgo al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente sus vidas son el día a día de muchas y muchos, particularmente cuando hay actividades que afectan los intereses de actores con poder político o económico de por medio.
En una carta, junto con 170 organizaciones, FIAN Internacional exige al Estado de Honduras a que lleve una investigación exhaustiva de estos sucesos. Asimismo, Honduras a de adoptar medidas para la protección efectiva de quienes defienden la vida y los derechos humanos.
Puedes leer la carta AQUÍ
Los recientes asesinatos de los activistas José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) del Bajo Aguán y los atentados contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ponen en evidencia el riesgo al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente sus vidas son el día a día de muchas y muchos, particularmente cuando hay actividades que afectan los intereses de actores con poder político o económico de por medio.
En una carta, junto con 170 organizaciones, FIAN Internacional exige al Estado de Honduras a que lleve una investigación exhaustiva de estos sucesos. Asimismo, Honduras a de adoptar medidas para la protección efectiva de quienes defienden la vida y los derechos humanos.
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