Por CMI Guatemala
Luego de muchas batallas legales y medidas represivas de parte del gobierno de Pérez Molina, finalmente en julio una Sala ordenó el cierre de la mina El Tambor, ubicada entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. La mina, a cargo Exmingua y de la multinacional Kappes, Cassidy and Associates (KCA), y con la empresa de seguridad de la familia del ex vicepresidenciable de la UNE, el azucarero Mario Leal Castillo, se negaron a cerrar y han seguido amedrentando a la población.
Según los comunitarios, hasta la municipalidad de San José del Golfo, a cargo de Nito Palencia (Lider) ha apoyado a la mina. Pero la presión es tanta que ahora el Congreso norteamericano está pidiendo explicaciones, pese a que el capital de KCA proviene de ese país. Esta es la carta enviada por el Congreso estadounidense al presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre.
Reproducimos a continuación la carta traducida, y en el recuadro de abajo se encontrará la original.
26 de octubre de 2015
Presidente Alejandro Maldonado Aguirre, Presidente de Guatemala
Casa Presidencial
6ta. Avenida “A” 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Estimado Señor Presidente Maldonado:
Usted asume la presidencia de la República de Guatemala en un momento histórico cuando el gobierno está experimentando cambios drásticos. Nos alegramos de escuchar sobre su apoyo por el proceso democrático y el estado de derecho ya que su administración ha expresado su intención de hacer que este gobierno de transición rinda cuentas al pueblo y sea libre de corrupción.
Por medio de esta comunicación quisiéramos compartir con usted unas preocupaciones específicas sobre la mina de oro El Tambor, en San Pedro Ayampuc. La empresa estadounidense Kappes, Cassidy and Associates (KCA) y su filial Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) llevan a cabo el proyecto. El 15 de julio de 2015 un tribunal de amparo guatemalteco ordenó a EXMINGUA suspender sus actividades mineras en El Tambor. La resolución de la corte señala claramente que EXMINGUA había estado operando sin los permisos válidos necesarios del municipio, que no había consultado con las comunidades afectadas antes de emprender el proyecto como es su deber según la ley de Guatemala y la ley internacional y además que el estudio de impacto ambiental de la empresa sufría de deficiencias serias.
El juzgado les concedió un plazo de 15 días a KCA y EXMINGUA para cesar sus trabajos de construcción; sin embargo, las actividades mineras han continuado. Estas operaciones en curso, en violación directa del amparo, han sido documentadas durante agosto y septiembre. Los residentes afectados por el proyecto han estado manifestando pacíficamente en la entrada de la mina desde 2012 y han sido victimizados con abusos e intimidación, incluyendo un atentado contra Yolanda Oquelí, una líder del movimiento La Puya.
Mientras usted guía a Guatemala por este período de transición, la demostración del máximo respeto por el estado de derecho será imprescindible para ganar la confianza de los ciudadanos. Le pedimos que ejerza su autoridad para asegurar que KCA y EXMINGUA cumplan inmediatamente con el fallo del 15 de julio y que cese toda operación ilegal.
Le pedimos que asegure que las inquietudes sobre el impacto ambiental con respecto a la mina sean abordadas en su totalidad y que se realice un estudio del impacto ambiental de una manera justa y transparente. Las agresiones violentas del pasado tienen que tratarse, incluyendo una investigación completa e imparcial del atentado y del uso de fuerza excesiva de parte de agentes policiales contra los manifestantes. Finalmente, instamos a que su administración tome medidas concretas para iniciar un diálogo con los residentes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que pueda llevar a una resolución pacífica de este conflicto. Es imperativo que el gobierno de Guatemala se abstenga de presentar cargos espurios contra los residentes y líderes de estas comunidades que se
oponen a la mina El Tambor y que los que han sido acusados injustamente sean liberados de dichos cargos. Esperamos colaborar con usted en el futuro para resolver este asunto importante y para apoyar el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en Guatemala.
Atentamente,
Miembros del Congreso
Raul Grijalva
Betty McCollum
Hank Johnson, Jr
Marcy Kaptur
Tim Walz
Norma Torres
Barbara Lee
Bonnie Watson Coleman
Mark Takano
John Conyers
James P. McGovern
Jan Schakowsky
26 de octubre de 2015
Presidente Alejandro Maldonado Aguirre, Presidente de Guatemala
Casa Presidencial
6ta. Avenida “A” 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Estimado Señor Presidente Maldonado:
Usted asume la presidencia de la República de Guatemala en un momento histórico cuando el gobierno está experimentando cambios drásticos. Nos alegramos de escuchar sobre su apoyo por el proceso democrático y el estado de derecho ya que su administración ha expresado su intención de hacer que este gobierno de transición rinda cuentas al pueblo y sea libre de corrupción.
Por medio de esta comunicación quisiéramos compartir con usted unas preocupaciones específicas sobre la mina de oro El Tambor, en San Pedro Ayampuc. La empresa estadounidense Kappes, Cassidy and Associates (KCA) y su filial Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) llevan a cabo el proyecto. El 15 de julio de 2015 un tribunal de amparo guatemalteco ordenó a EXMINGUA suspender sus actividades mineras en El Tambor. La resolución de la corte señala claramente que EXMINGUA había estado operando sin los permisos válidos necesarios del municipio, que no había consultado con las comunidades afectadas antes de emprender el proyecto como es su deber según la ley de Guatemala y la ley internacional y además que el estudio de impacto ambiental de la empresa sufría de deficiencias serias.
El juzgado les concedió un plazo de 15 días a KCA y EXMINGUA para cesar sus trabajos de construcción; sin embargo, las actividades mineras han continuado. Estas operaciones en curso, en violación directa del amparo, han sido documentadas durante agosto y septiembre. Los residentes afectados por el proyecto han estado manifestando pacíficamente en la entrada de la mina desde 2012 y han sido victimizados con abusos e intimidación, incluyendo un atentado contra Yolanda Oquelí, una líder del movimiento La Puya.
Mientras usted guía a Guatemala por este período de transición, la demostración del máximo respeto por el estado de derecho será imprescindible para ganar la confianza de los ciudadanos. Le pedimos que ejerza su autoridad para asegurar que KCA y EXMINGUA cumplan inmediatamente con el fallo del 15 de julio y que cese toda operación ilegal.
Le pedimos que asegure que las inquietudes sobre el impacto ambiental con respecto a la mina sean abordadas en su totalidad y que se realice un estudio del impacto ambiental de una manera justa y transparente. Las agresiones violentas del pasado tienen que tratarse, incluyendo una investigación completa e imparcial del atentado y del uso de fuerza excesiva de parte de agentes policiales contra los manifestantes. Finalmente, instamos a que su administración tome medidas concretas para iniciar un diálogo con los residentes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que pueda llevar a una resolución pacífica de este conflicto. Es imperativo que el gobierno de Guatemala se abstenga de presentar cargos espurios contra los residentes y líderes de estas comunidades que se
oponen a la mina El Tambor y que los que han sido acusados injustamente sean liberados de dichos cargos. Esperamos colaborar con usted en el futuro para resolver este asunto importante y para apoyar el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en Guatemala.
Atentamente,
Miembros del Congreso
Raul Grijalva
Betty McCollum
Hank Johnson, Jr
Marcy Kaptur
Tim Walz
Norma Torres
Barbara Lee
Bonnie Watson Coleman
Mark Takano
John Conyers
James P. McGovern
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