El Salvador: CSJ señalada por desinterés en caso de masacre de Jesuitas

Por ContraPunto

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue señalada por su falta de cooperación en la investigación contra los responsables del asesinato de un grupo de jesuitas en El Salvador, aspecto que fue criticado nuevamente este lunes por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales.

El titular de la PDDH reiteró a la CSJ la necesidad de revisar el crimen contra los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras perpetrado en 1989 durante el conflicto armado salvadoreño y para que los acusados de este crimen de lesa humanidad sean extraditados a España, dijo.

Morales emitió una resolución este lunes que se conmemora el 26 aniversario del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA), en la que pide que se revise por parte de la CSJ la decisión que en 2012 evitó que un grupo de militares acusados de la masacre fueran extraditados a España.

Actualmente, sólo Estados Unidos y España siguen llevando el proceso judicial contra los supuestos responsables de este crimen, por lo que este año autoridades norteamericanas solicitaron la extradición del excoronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales.

El 16 de noviembre de 1989, cuando ocurrió el asesinato de los cinco sacerdotes españoles, un cura salvadoreño y dos de sus colaboradoras, Montano era un coronel de alta en el ejército salvadoreño y fungía como Viceministro de Defensa. Por lo cual el requerimiento de EEUU alega que tenía “responsabilidad de supervisión sobre una estación de radio que, días antes de la masacre, emitió al aire amenazas llamando a asesinar a los sacerdotes jesuitas”.

En España, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, ha reclamado a 11 de 20 militares involucrados en el múltiple crimen para que se presentaran a declarar en el proceso que se sigue en Madrid por el crimen de los jesuitas, cinco de los cuales son de origen español.

Al respecto, Morales enfatizó que la CSJ se niega a "colaborar con España", pese a que las víctimas y la sociedad salvadoreña tiene derecho al acceso de la justicia y a la verdad, tal como la misma corte salvadoreña lo judicializó por medio de una resolución emitida en 2011.

Morales, por lo tanto, pidió que aquella "decisión sea revisada por Corte Plena y se colabore con la justicia universal".

En agosto de 2011 la justicia local evitó que 11 militares en retiro fueran detenidos y extraditados a España después de una  difusión roja de la Policía Internacional (Interpol), a pedido del juez español Velasco.

Entre los exigidos por España están el ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la Aviación Juan Rafael Bustillo y el ex viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, entre otros.

Hasta la fecha, la justicia local argumenta que ya ese caso de la masacre de la UCA fue juzgado en El Salvador, además de la vigencia de una ley de amnistía de 1993 que protege a los autores de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.

Aquel 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López. También fueron masacradas la colaboradora de los jesuitas Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

Casos graves de violaciones de lesa humanidad cometida por militares o guerrilleros, como las masacres de El Mozote" o del Río Sumpul, los asesinatos del Arzobispo Oscar Romero y del escritor Roque Dalton, están aún en la impunidad.

En el último de los hechos relacionados a este crimen, un poeta salvadoreño se vió obligado a solicitar asilo en España luego de ser amenazado en este país, tras escribir una obra donde relata el asesinato de los cinco jesuitas y a los presuntos hechores de dicho crimen.