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| Sandra Sebastián |
Agresiones y amenazas contra periodistas
Por Oswaldo J. Hernéndez | Plaza Pública
Éstos fueron ataques contra personas que ejercen el periodismo como su actividad principal, por parte de políticos interesados en, al menos, generar zozobra o enviar mensajes de tolerancia cero a la crítica.
En el primero de los casos, el precandidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, la emprendió en contra del director de la revista ContraPoder, Juan Luis Font. Luego, una agresión directa contra los comunicadores de la radio Snuq Jolom Konob, en Huehuetenango, de la que se acusa al alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro. Y, días más tarde, la intimidación de desconocidos contra la presentadora de TV Azteca, Susana Morazán, a quien conminaron a dejar “de estar hablando mal del gobierno…”, tras arrebatarle el teléfono celular y pegarle con un tubo en el rostro.
Los ataques han agitado a quienes ejercen su libertad de expresión en los medios de comunicación: periodistas, columnistas, comunicadores y activistas. Ello porque, como advierte Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), con una trayectoria de más de 15 años enfocada a la defensa del ejercicio periodístico, una vez dada la luz verde a la campaña proselitista, las agresiones y amenazas se incrementarán en todo el territorio nacional.
Estar en medio de luchas políticas
La intimidación con objetivos políticos más evidentes ha sido la de Lider en contra del periodista Juan Luis Font. Los medios de comunicación relacionados a Manuel Baldizón (NTV, La Nación, EsPrimicia, La Tribunal) publicaron varios reportajes para desprestigiar a Font; y el diputado de Lider, Luis Adolfo Chávez Pérez, presentó una denuncia penal en contra del periodista, en la que sin mayores evidencias lo acusaba de extorsión y calumnia. El panorama en contra del ejercicio periodístico es preocupante, señala Font: “Las coacciones pueden venir tanto del Estado, cuando castiga a un medio con el cierre de la publicidad oficial en tanto que se premia a otros con esa misma pauta; como de los partidos políticos”.
Durante el conflicto armado las amenazas contra los periodistas eran en forma de violencia selectiva, dice Font, quien ejerce el periodismo desde 1989. “Ahora (luego del inicio de la época democrática en 1985 y la firma de la paz en 1996) los ataques tienen que ver con el acoso judicial y la criminalización del periodista”, añade. Se utilizan, explica el director de la revista ContraPoder "mecanismos de coacción absolutamente inapropiados e ilegales y sobre todo antidemocráticos”.
A pesar de las publicaciones de la coporación mediática vinculada a Baldizón y la demanda del diputado Chávez Pérez, Font decidió no darle una cobertura periodística a esos hechos en los medios que dirige (Contrapoder, Diario Digital y Canal Antigua). Esto le valió que José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, le increpara su autocensura por no publicar nada de su caso en esos medios, y lo describiera como una especie de “víctima” de las pugnas y alianzas entre el Partido Patriota (PP) y el partido Lider, de cara al año electoral, entre intereses políticos, económicos y mercantilistas. El principal accionista de los medios periodísticos en los que trabaja Font es Erik Archila, actual Ministro de Energía y Minas, contra quien los diputados de Lider preparaban una interpelación en el Congreso, la cual fue retirada apenas unas horas después de que un grupo de periodistas y columnistas denunciaran los ataques de Baldizón en contra de la libertad de expresión.
“No publicar —defiende Font— fue una cuestión estratégica. No me voy a victimizar, no voy a usar los medios en los que yo trabajo para desarrollar una campaña que conduzca a construir imagen personal que no sea la que se necesita comercialmente para un actor publicitario. La decisión fue que cuando haya que publicar algo lo haré yo a título personal en mi columna”.
Aunque ya habían tenido roces antes, la inquina de Baldizón hacia Font proviene de las investigaciones publicadas a lo largo de 2014 por Contrapoder, en las que quedaron al descubierto los plagios en los que incurrió el precandidato presidencial en el libro Rompiendo paradigmas, y su tesis académica por medio de la cual obtuvo el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos.
Que nadie sepa, que nadie denuncie
Diego Marcos Pedro, alcalde del municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango, electo en las elecciones de 2012 por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y ahora miembro de Lider, también ha hecho lo suyo contra la libertad de expresión durante el inicio del año electoral. Marcos ha sido denunciado por los comunicadores de la radio Snuq Jolom Konob de amenazas para intentar contener las denuncias de éstos sobre su gestión edil. El 19 de enero, la radio denunció la persecución a líderes comunitarios por parte de la Municipalidad, acción intimidatoria en la también habría estado implicada la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico, PDH S.A. Lorenzo Mateo, director de la radio, explicó que el alcalde movilizó una turba para intimidar a los comunicadores, cortó la energía eléctrica y cerró las instalaciones de Snuq Jolom Konob. La radio tiene un convenio de diez años para utilizar como su sede parte del salón que pertenece a la municipalidad de Santa Eulalia. “No es la primera vez que intentan cerrar la radio. El alcalde Diego Marcos no quiere que las comunidades sepan cómo hace su trabajo. No es abierto a la crítica”, indicó Lorenzo Mateo.
Desde el 19 de enero, alrededor de 12 comunicadores han salido de Santa Eulalia debido a las amenazas, asegura Lorenzo Mateo. Luego de plantear la denuncia ante el Ministerio Público, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y la Procuraduría de Derechos Humanos, las instalaciones de Snuq Jolom Konob continúan cerradas, aunque la radio sigue transmitiendo por internet.
El tercer ataque, sufrido por Susana Morazán, dejó bajo sospecha al Gobierno y al Partido Patriota (PP), que buscará la reelección en los comicios de este año. La agresión contra la presentadora de TV Azteca sucedió en la Calzada Roosevelt: una persecución, dos motoristas, y luego una emboscada para robarle su teléfono celular e intimidarla para que “no siguiera hablando mal del gobierno”. Un golpe seco y metálico, como describió Morazán a otros medios, le fracturó la mandíbula.
Jorge Ortega, vocero de la Presidencia, expresó en aquel momento que lamentaba el ataque y rechazó que el Gobierno estuviera detrás del hecho. “Somos respetuosos de la ley", enfatizó.
“Lo que estamos viendo es un intento de dividir al gremio. El periodismo no puede quedar en medio de pugnas partidarias”, dice Ileana Alamilla. “Tan solo en este inicio de año hemos tenido que activar nueve alertas (entre ellas el ataque contra Juan Luis Font, la Radio Snuq Jolom Konob, Susana Morazán, el cierre de varias cuentas de twitter de periodistas que cubren el Poder Legislativo, y por agresiones físicas a periodistas que trabajan en los departamentos de Guatemala). En año electoral lo que nos queda no es la división, sino buscar unidad para el gremio, hacer frente común”, agrega.
Pero estas divisiones suelen ser más complejas. Depende de los intereses políticos de los medios de comunicación y cómo los exponen, explica Miguel González Moraga, miembro del Centro Civitas y editor de la revista Sala de Redacción, especializada en periodismo. “Partidos políticos y medios de comunicación en una misma frase no es nuevo”, dice Moraga. “Es sólo que ahora se ha vuelto más descarado. Lo veíamos en los departamentos. Diputados o precandidatos a alcaldes con estaciones de cable. Políticos controlando medios. Y, sí, periodistas que trabajan con la agenda de los políticos. Desde la ciudad no se tenía la magnitud de todo el panorama. El fenómeno (en este año electoral) alcanzó la metrópoli”.
—¿Los ataques de este año son un intento de dividir al gremio? —se pregunta a González Moraga.
—Más que dividir obliga a que el gremio tome una postura. Se apoya a unos y no a otros. Y se personaliza un derecho, cuando algo como la libertad de expresión es para todos. Cuando atacan a un periodista quien sale afectado es la sociedad, porque ya no hay información.
—¿Se entiende mal el concepto de la Libertad de Expresión?
—Según el pacto de San José, yo no me puedo burlar de nadie por motivos étnicos ni religiosos. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos sancionó moralmente a Ricardo Méndez Ruiz a causa de su discurso de odio. Y nadie lo defendió. No trascendió. En ese caso la libertad de expresión entra con la recomendación de autorregularse, no censurarse. Tener límites éticos, sin rebasarse. Pero hay un eje de ideologías. Y lo que se obligó acá es a tomar una postura —explica González Moraga.
¿El Estado para defender la Libertad de Expresión?
Desde febrero de 2012 el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se comprometió a crear un programa para la protección de periodistas. Dos años después casi nada se ha concretado. Sigue en plan, en proyecto. “Un programa en agenda”, dice Ana Margarita Castillo, socióloga y consultora encargada de diseñar el Sistema de Protección a Periodistas de Guatemala. Castillo, no obstante, promete que su trabajo dará frutos a finales de marzo de 2015, aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia había ofrecido los primeros resultados para diciembre de 2014: un diagnóstico sobre los problemas de seguridad que padecen los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su trabajo.
Una vez presentado, el diagnóstico será evaluado por los periodistas. Y dar el visto bueno, uno definitivo, llevará más tiempo. Castillo adelanta que dentro de la propuesta se sugiere que una nueva institución para la protección de periodistas no es viable, se debe trabajar con lo que hay, es decir, una mejor coordinación entre las distintas instituciones responsables de trabajar el tema desde el Estado: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh). Mientras tanto, los periodistas, columnistas y comunicadores, siguen desprotegidos.
En los últimos tres años la violencia e inseguridad que afrontan los periodistas dentro de Guatemala se ha incrementado. “Veníamos de 19 asesinatos, luego pasó a 33, y el año en que el Gobierno se comprometió a crear el Sistema se llegó a 36”, dice Alamilla.
En 2014, según datos de Castillo, se revisaron 74 ataques a periodistas, mediante denuncias en la Unidad Fiscal de delitos contra Periodistas en el Ministerio Público. “Pero no todos son consecuencia del ejercicio de la función periodística. Algunos fueron hechos delictivos. La investigación en este momento es importante para el diagnóstico que será presentado en marzo y así fundamentar los ataques en el contexto del ejercicio del periodismo”, señala.
Alrededor de 190 denuncias por agresiones a periodistas se han reportado en la Fiscalía a lo largo de tres años de gobierno de Otto Pérez Molina.
Castillo indica que se tiene consciencia de lo que significa un año electoral para los periodistas. Pero el programa que ella prepara no sólo se enfoca a una coyuntura política. “Los ataques en contra de periodistas son diversos, a veces complejos. Aunque se ha vuelto evidente que muchas de las amenazas se dan en contextos de pugnas políticas”, dice.
¿A quién proteger? ¿Cómo?
Saber a quién y cómo proteger no ha sido definido. Por ejemplo, cómo proteger a columnistas de opinión que expresan una idea o análisis sobre distintos temas, a título personal, es distinto al de comunicadores sociales o comunitarios que trabajan, como dice Quimy de León, de Prensa Comunitaria, como “una voz colectiva, local, desde el pueblo para el pueblo, respaldados por el Convenio 169”, o también activistas que muchas veces funcionan como observadores de conflictos y deben presentar informes a diversas instituciones internacionales.
¿Cómo validar la profesión de periodismo? ¿Cómo acreditarla para tener mecanismos de protección? ¿Cómo definir un ataque? Ana Margarita Castillo dice que eso será en otro momento, cuando las asociaciones de periodistas entren a conocer el programa que está diseñando. Y es probable que el tema quede al margen de la pugna política del año electoral. “La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos. Será cuestión de que los periodistas decidan a quiénes y cómo proteger, en consenso”, indica.
González Moraga dice que es un riesgo tener una definición muy abierta o muy restringida sobre los actores que ejercen la libertad de expresión en el contexto de un Sistema de Protección a Periodistas. “¿Quién es un periodista? —pregunta— Lo que define a un periodista como tal es que su principal fuente de ingresos sea consecuencia de lo publicado. ¿Un columnista como Pedro Trujillo recibe todos sus ingresos por una columna de opinión? No. Los medios comunitarios, según ellos mismos dicen, su trabajo es por compromiso y es voluntario. ¿Por definición son o no son periodistas?”. Sin embargo, aclara González Moraga, todos —columnistas, comunicadores, periodistas— producen información. Y todos son vulnerables de ataques: agresión verbal, física, o despojo del equipo, intimidación, chantaje, atentados, secuestro, asesinato o intento de asesinato. La amenaza latente es por ejercer su libertad de expresión, al margen del contexto en el que lo hagan.
Quimy de León argumenta que la libertad de expresión no sólo es un derecho de los periodistas. “La discusión sobre la parte metodológica es constante. En nuestro caso dignificamos el trabajo político. Tenemos una metodología de investigación que tiene que ver más con las ciencias sociales. La metodología es intencional, pero le intentamos dar una forma periodística, con fuentes teóricas, con un marco teórico, con información académica y periodística”, explica.
“Si hubiera que definir la profesión de periodista”, dice Juan Luis Font, “sería todo aquel que con una frecuencia estable expresa sus opiniones y realiza un trabajo de redacción en medios de mínima o amplia difusión. Prefiero pecar por exceso, que regatearle la protección a alguien que en dado caso podría necesitarla. Y no restringirlo a un pequeño grupo”.
Tanto Alamilla como González Moraga están de acuerdo en que el problema fundamental dentro del programa del Sistema de Protección de Periodistas es que no ha sido abierto ni amigable, ni tampoco se han realizado consultas para que los periodistas hablen de los problemas que les aquejan. No ha habido rendición de cuentas ni exposición de avances. Sólo la promesa de que se cumplirá, y que cada vez se necesita un poco más de tiempo. Tanto que el debate podría quedar fuera del año electoral, un momento en el que los ataques contra la prensa suelen ser más evidentes.
“Cuando un gobierno debe proteger a grupos específicos es que toda su política de seguridad ha fracasado”, señala González Moraga. “El Estado tiene que hacer algo, pero también cada uno de los medios de comunicación. Pero son muy pocos los que cuentan con protocolos básicos de seguridad para sus reporteros”.
Y eso repercute, en el caso de la libertad de expresión, en la información de calidad que llega a los ciudadanos.
—¿Dentro de los ataques a la libertad de expresión cómo se maneja la censura y la autocensura desde el periodismo? —se pregunta a Font.
—Se maneja con mucho silencio y vergüenza. Pero hay que entender algo antes: esta es una sociedad subdesarrollada sin convicciones democráticas. Hay una prensa que refleja disparidad en términos profesionales. Desde una prensa muy poco profesional hasta una que reclama autonomía de los poderes políticos, y otra prensa que está al servicio del poder y los partidos. También hay una prensa muy militante de causas sociales. Y una prensa muy militante de causas empresariales y poderes hegemónicos en el país. En medio de todo este entramado, se suceden diversos hechos para coartar la libertad de expresión. Son consustanciales de una realidad social que vive un país —explica Font.
Los recientes ataques en contra de la libertad de expresión, dice Alamilla, hay que verlos como un mensaje directo en el inicio de un año electoral al que hay que estar atentos. “Ya no es sólo de plantearme una autocensura, de publicar o no algo. Sino de entender que si pueden callar a alguien relativamente importante, pueden callar a cualquiera. Si callan a uno solo, nos callan a todos. Ese, de fondo, es el problema”.
Estar en medio de luchas políticas
La intimidación con objetivos políticos más evidentes ha sido la de Lider en contra del periodista Juan Luis Font. Los medios de comunicación relacionados a Manuel Baldizón (NTV, La Nación, EsPrimicia, La Tribunal) publicaron varios reportajes para desprestigiar a Font; y el diputado de Lider, Luis Adolfo Chávez Pérez, presentó una denuncia penal en contra del periodista, en la que sin mayores evidencias lo acusaba de extorsión y calumnia. El panorama en contra del ejercicio periodístico es preocupante, señala Font: “Las coacciones pueden venir tanto del Estado, cuando castiga a un medio con el cierre de la publicidad oficial en tanto que se premia a otros con esa misma pauta; como de los partidos políticos”.
Durante el conflicto armado las amenazas contra los periodistas eran en forma de violencia selectiva, dice Font, quien ejerce el periodismo desde 1989. “Ahora (luego del inicio de la época democrática en 1985 y la firma de la paz en 1996) los ataques tienen que ver con el acoso judicial y la criminalización del periodista”, añade. Se utilizan, explica el director de la revista ContraPoder "mecanismos de coacción absolutamente inapropiados e ilegales y sobre todo antidemocráticos”.
A pesar de las publicaciones de la coporación mediática vinculada a Baldizón y la demanda del diputado Chávez Pérez, Font decidió no darle una cobertura periodística a esos hechos en los medios que dirige (Contrapoder, Diario Digital y Canal Antigua). Esto le valió que José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, le increpara su autocensura por no publicar nada de su caso en esos medios, y lo describiera como una especie de “víctima” de las pugnas y alianzas entre el Partido Patriota (PP) y el partido Lider, de cara al año electoral, entre intereses políticos, económicos y mercantilistas. El principal accionista de los medios periodísticos en los que trabaja Font es Erik Archila, actual Ministro de Energía y Minas, contra quien los diputados de Lider preparaban una interpelación en el Congreso, la cual fue retirada apenas unas horas después de que un grupo de periodistas y columnistas denunciaran los ataques de Baldizón en contra de la libertad de expresión.
“No publicar —defiende Font— fue una cuestión estratégica. No me voy a victimizar, no voy a usar los medios en los que yo trabajo para desarrollar una campaña que conduzca a construir imagen personal que no sea la que se necesita comercialmente para un actor publicitario. La decisión fue que cuando haya que publicar algo lo haré yo a título personal en mi columna”.
Aunque ya habían tenido roces antes, la inquina de Baldizón hacia Font proviene de las investigaciones publicadas a lo largo de 2014 por Contrapoder, en las que quedaron al descubierto los plagios en los que incurrió el precandidato presidencial en el libro Rompiendo paradigmas, y su tesis académica por medio de la cual obtuvo el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos.
Que nadie sepa, que nadie denuncie
Diego Marcos Pedro, alcalde del municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango, electo en las elecciones de 2012 por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y ahora miembro de Lider, también ha hecho lo suyo contra la libertad de expresión durante el inicio del año electoral. Marcos ha sido denunciado por los comunicadores de la radio Snuq Jolom Konob de amenazas para intentar contener las denuncias de éstos sobre su gestión edil. El 19 de enero, la radio denunció la persecución a líderes comunitarios por parte de la Municipalidad, acción intimidatoria en la también habría estado implicada la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico, PDH S.A. Lorenzo Mateo, director de la radio, explicó que el alcalde movilizó una turba para intimidar a los comunicadores, cortó la energía eléctrica y cerró las instalaciones de Snuq Jolom Konob. La radio tiene un convenio de diez años para utilizar como su sede parte del salón que pertenece a la municipalidad de Santa Eulalia. “No es la primera vez que intentan cerrar la radio. El alcalde Diego Marcos no quiere que las comunidades sepan cómo hace su trabajo. No es abierto a la crítica”, indicó Lorenzo Mateo.
Desde el 19 de enero, alrededor de 12 comunicadores han salido de Santa Eulalia debido a las amenazas, asegura Lorenzo Mateo. Luego de plantear la denuncia ante el Ministerio Público, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y la Procuraduría de Derechos Humanos, las instalaciones de Snuq Jolom Konob continúan cerradas, aunque la radio sigue transmitiendo por internet.
El tercer ataque, sufrido por Susana Morazán, dejó bajo sospecha al Gobierno y al Partido Patriota (PP), que buscará la reelección en los comicios de este año. La agresión contra la presentadora de TV Azteca sucedió en la Calzada Roosevelt: una persecución, dos motoristas, y luego una emboscada para robarle su teléfono celular e intimidarla para que “no siguiera hablando mal del gobierno”. Un golpe seco y metálico, como describió Morazán a otros medios, le fracturó la mandíbula.
Jorge Ortega, vocero de la Presidencia, expresó en aquel momento que lamentaba el ataque y rechazó que el Gobierno estuviera detrás del hecho. “Somos respetuosos de la ley", enfatizó.
“Lo que estamos viendo es un intento de dividir al gremio. El periodismo no puede quedar en medio de pugnas partidarias”, dice Ileana Alamilla. “Tan solo en este inicio de año hemos tenido que activar nueve alertas (entre ellas el ataque contra Juan Luis Font, la Radio Snuq Jolom Konob, Susana Morazán, el cierre de varias cuentas de twitter de periodistas que cubren el Poder Legislativo, y por agresiones físicas a periodistas que trabajan en los departamentos de Guatemala). En año electoral lo que nos queda no es la división, sino buscar unidad para el gremio, hacer frente común”, agrega.
Pero estas divisiones suelen ser más complejas. Depende de los intereses políticos de los medios de comunicación y cómo los exponen, explica Miguel González Moraga, miembro del Centro Civitas y editor de la revista Sala de Redacción, especializada en periodismo. “Partidos políticos y medios de comunicación en una misma frase no es nuevo”, dice Moraga. “Es sólo que ahora se ha vuelto más descarado. Lo veíamos en los departamentos. Diputados o precandidatos a alcaldes con estaciones de cable. Políticos controlando medios. Y, sí, periodistas que trabajan con la agenda de los políticos. Desde la ciudad no se tenía la magnitud de todo el panorama. El fenómeno (en este año electoral) alcanzó la metrópoli”.
—¿Los ataques de este año son un intento de dividir al gremio? —se pregunta a González Moraga.
—Más que dividir obliga a que el gremio tome una postura. Se apoya a unos y no a otros. Y se personaliza un derecho, cuando algo como la libertad de expresión es para todos. Cuando atacan a un periodista quien sale afectado es la sociedad, porque ya no hay información.
—¿Se entiende mal el concepto de la Libertad de Expresión?
—Según el pacto de San José, yo no me puedo burlar de nadie por motivos étnicos ni religiosos. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos sancionó moralmente a Ricardo Méndez Ruiz a causa de su discurso de odio. Y nadie lo defendió. No trascendió. En ese caso la libertad de expresión entra con la recomendación de autorregularse, no censurarse. Tener límites éticos, sin rebasarse. Pero hay un eje de ideologías. Y lo que se obligó acá es a tomar una postura —explica González Moraga.
¿El Estado para defender la Libertad de Expresión?
Desde febrero de 2012 el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se comprometió a crear un programa para la protección de periodistas. Dos años después casi nada se ha concretado. Sigue en plan, en proyecto. “Un programa en agenda”, dice Ana Margarita Castillo, socióloga y consultora encargada de diseñar el Sistema de Protección a Periodistas de Guatemala. Castillo, no obstante, promete que su trabajo dará frutos a finales de marzo de 2015, aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia había ofrecido los primeros resultados para diciembre de 2014: un diagnóstico sobre los problemas de seguridad que padecen los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su trabajo.
Una vez presentado, el diagnóstico será evaluado por los periodistas. Y dar el visto bueno, uno definitivo, llevará más tiempo. Castillo adelanta que dentro de la propuesta se sugiere que una nueva institución para la protección de periodistas no es viable, se debe trabajar con lo que hay, es decir, una mejor coordinación entre las distintas instituciones responsables de trabajar el tema desde el Estado: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh). Mientras tanto, los periodistas, columnistas y comunicadores, siguen desprotegidos.
En los últimos tres años la violencia e inseguridad que afrontan los periodistas dentro de Guatemala se ha incrementado. “Veníamos de 19 asesinatos, luego pasó a 33, y el año en que el Gobierno se comprometió a crear el Sistema se llegó a 36”, dice Alamilla.
En 2014, según datos de Castillo, se revisaron 74 ataques a periodistas, mediante denuncias en la Unidad Fiscal de delitos contra Periodistas en el Ministerio Público. “Pero no todos son consecuencia del ejercicio de la función periodística. Algunos fueron hechos delictivos. La investigación en este momento es importante para el diagnóstico que será presentado en marzo y así fundamentar los ataques en el contexto del ejercicio del periodismo”, señala.
Alrededor de 190 denuncias por agresiones a periodistas se han reportado en la Fiscalía a lo largo de tres años de gobierno de Otto Pérez Molina.
Castillo indica que se tiene consciencia de lo que significa un año electoral para los periodistas. Pero el programa que ella prepara no sólo se enfoca a una coyuntura política. “Los ataques en contra de periodistas son diversos, a veces complejos. Aunque se ha vuelto evidente que muchas de las amenazas se dan en contextos de pugnas políticas”, dice.
¿A quién proteger? ¿Cómo?
Saber a quién y cómo proteger no ha sido definido. Por ejemplo, cómo proteger a columnistas de opinión que expresan una idea o análisis sobre distintos temas, a título personal, es distinto al de comunicadores sociales o comunitarios que trabajan, como dice Quimy de León, de Prensa Comunitaria, como “una voz colectiva, local, desde el pueblo para el pueblo, respaldados por el Convenio 169”, o también activistas que muchas veces funcionan como observadores de conflictos y deben presentar informes a diversas instituciones internacionales.
¿Cómo validar la profesión de periodismo? ¿Cómo acreditarla para tener mecanismos de protección? ¿Cómo definir un ataque? Ana Margarita Castillo dice que eso será en otro momento, cuando las asociaciones de periodistas entren a conocer el programa que está diseñando. Y es probable que el tema quede al margen de la pugna política del año electoral. “La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos. Será cuestión de que los periodistas decidan a quiénes y cómo proteger, en consenso”, indica.
González Moraga dice que es un riesgo tener una definición muy abierta o muy restringida sobre los actores que ejercen la libertad de expresión en el contexto de un Sistema de Protección a Periodistas. “¿Quién es un periodista? —pregunta— Lo que define a un periodista como tal es que su principal fuente de ingresos sea consecuencia de lo publicado. ¿Un columnista como Pedro Trujillo recibe todos sus ingresos por una columna de opinión? No. Los medios comunitarios, según ellos mismos dicen, su trabajo es por compromiso y es voluntario. ¿Por definición son o no son periodistas?”. Sin embargo, aclara González Moraga, todos —columnistas, comunicadores, periodistas— producen información. Y todos son vulnerables de ataques: agresión verbal, física, o despojo del equipo, intimidación, chantaje, atentados, secuestro, asesinato o intento de asesinato. La amenaza latente es por ejercer su libertad de expresión, al margen del contexto en el que lo hagan.
Quimy de León argumenta que la libertad de expresión no sólo es un derecho de los periodistas. “La discusión sobre la parte metodológica es constante. En nuestro caso dignificamos el trabajo político. Tenemos una metodología de investigación que tiene que ver más con las ciencias sociales. La metodología es intencional, pero le intentamos dar una forma periodística, con fuentes teóricas, con un marco teórico, con información académica y periodística”, explica.
“Si hubiera que definir la profesión de periodista”, dice Juan Luis Font, “sería todo aquel que con una frecuencia estable expresa sus opiniones y realiza un trabajo de redacción en medios de mínima o amplia difusión. Prefiero pecar por exceso, que regatearle la protección a alguien que en dado caso podría necesitarla. Y no restringirlo a un pequeño grupo”.
Tanto Alamilla como González Moraga están de acuerdo en que el problema fundamental dentro del programa del Sistema de Protección de Periodistas es que no ha sido abierto ni amigable, ni tampoco se han realizado consultas para que los periodistas hablen de los problemas que les aquejan. No ha habido rendición de cuentas ni exposición de avances. Sólo la promesa de que se cumplirá, y que cada vez se necesita un poco más de tiempo. Tanto que el debate podría quedar fuera del año electoral, un momento en el que los ataques contra la prensa suelen ser más evidentes.
“Cuando un gobierno debe proteger a grupos específicos es que toda su política de seguridad ha fracasado”, señala González Moraga. “El Estado tiene que hacer algo, pero también cada uno de los medios de comunicación. Pero son muy pocos los que cuentan con protocolos básicos de seguridad para sus reporteros”.
Y eso repercute, en el caso de la libertad de expresión, en la información de calidad que llega a los ciudadanos.
—¿Dentro de los ataques a la libertad de expresión cómo se maneja la censura y la autocensura desde el periodismo? —se pregunta a Font.
—Se maneja con mucho silencio y vergüenza. Pero hay que entender algo antes: esta es una sociedad subdesarrollada sin convicciones democráticas. Hay una prensa que refleja disparidad en términos profesionales. Desde una prensa muy poco profesional hasta una que reclama autonomía de los poderes políticos, y otra prensa que está al servicio del poder y los partidos. También hay una prensa muy militante de causas sociales. Y una prensa muy militante de causas empresariales y poderes hegemónicos en el país. En medio de todo este entramado, se suceden diversos hechos para coartar la libertad de expresión. Son consustanciales de una realidad social que vive un país —explica Font.
Los recientes ataques en contra de la libertad de expresión, dice Alamilla, hay que verlos como un mensaje directo en el inicio de un año electoral al que hay que estar atentos. “Ya no es sólo de plantearme una autocensura, de publicar o no algo. Sino de entender que si pueden callar a alguien relativamente importante, pueden callar a cualquiera. Si callan a uno solo, nos callan a todos. Ese, de fondo, es el problema”.
Fuente: Plaza Pública
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