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Por Gerardo Arbaiza | ContraPunto
Una mañana tensa para los abogados querellantes del proceso judicial contra el ex presidente Francisco Flores, acusado de delitos de corrupción, requería de una buena dosis de apoyo moral, y es por eso que a la audiencia especial de proceso sancionatorio convocada por el juez Levis Italmir Orellana, los juristas recibieron el respaldo de decenas de personas de diversas organizaciones sociales que se congregaron en las afueras de los juzgados.
Si bien el viernes pasado se conoció que en sesión de corte Plena, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió suspender al juez Orellana y traspasar el expediente del Caso Flores al juzgado Séptimo de Instrucción, la última acción que el titular del juzgado Primero de Instrucción fue convocar a una audiencia para dirimir sobre un proceso sancionatorio contra los querellantes, que implicaría una mancha en sus expedientes profesionales.
Organizaciones como Foro para la Salud y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), convocaron a decenas de personas de diversas comunidades del país, que marcharon desde el Centro de Gobierno hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, para apoyar a los abogados querellantes, y demandar la remoción de Italmir Orellana del sistema judicial.
La concentración, que logró cerrar un sentido del paso vehicular del Boulevard Tutunichapa, también cuestionaba las actuaciones de la Fiscalía General de la República en el proceso contra el ex mandatario, por negarse a incluir en la investigación de enriquecimiento ilícito y peculado, el delito de lavado de dinero.
Las organizaciones querellantes han insistido que las figuras delictivas de enriquecimiento ilícito y peculado, actualmente imputadas a Flores, son generadores de lavado de dinero, por lo que la Fiscalía debe investigar e incorporar la acusación al expediente.
“Fiscal independiente”, y “Fuera Italmir Orellana”, eran algunas de las consignas de los manifestantes, quienes a la vez reclamaban la decisión judicial que en noviembre pasado envió a arresto domiciliar al ex presidente Flores, por presuntos problemas de salud ligados a una trombosis agravada durante su encierro en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La audiencia especial, de acuerdo a los querellantes, estaba convocada “aparte” del proceso judicial, por lo que no requería la presencia de la Fiscalía ni la de los abogados defensores de Francisco Flores. Sin embargo, ambas partes se hicieron presentes.
Fue precisamente cuando los abogados de Francisco Flores, Edgar Morales Joya y Yanira Ticas llegaron al juzgado, se tuvieron que abrir paso entre la manifestación, quienes coreaban: “¡Sinvergüenzas, sinvergüenzas!”
El 23 de enero pasado, el juez Italmir Orellana abrió un proceso sancionatorio contra los querellantes, por considerar que habían incurrido en la revelación o difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos del caso donde se procesa al exmandatario, Francisco Flores.
Concretamente, se les acusó de alegar que el juez ordenó la destrucción de un informe enviado por el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que según los querellantes, el mismo fiscal General Luis Martínez habría admitido que contendría elementos suficientes para fundamentar la acusación contra el ex mandatario.
El requerimiento fiscal contra Flores indica que él recibió tres cheques del gobierno de China Taiwán entre 2002 y 2003, por un valor acumulado de 10 millones de dólares, los cuales habrían ido a una cuenta en un banco de Costa Rica, de la que se habría financiado la campaña presidencial del partido ARENA, liderada entonces por Elías Antonio Saca.
Sin embargo, el juez declinó de tomar acciones contra los querellantes, y en la audiencia especial habría dicho que: “Ya ni me interesan las consecuencias y no tiene sentido este proceso”, a la vez que señaló a dichos juristas, bajo el convencimiento que “sus actuaciones no se deben a negligencia, sino a ignorancia de la Ley”.
Esto no cayó en gracia a los querellantes, que catalogaron la actitud del juzgador como arbitraria e irresponsable, y resuelta a menospreciar y desacreditar la labor que cumplen en el caso.
“Hay argumentos que podrían ser atentatorios contra nuestra seguridad”, sostuvo el Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, cuando se refirió a que el juez Orellana echó en cara el “pasado político” de quienes forman la querella, dentro de los que se encuentran algunos antiguos miembros de la guerrilla como René Landaverde o el mismo Villalta.
Lo que les pareció más preocupante, fueron las declaraciones de Orellana, en las que no se hacía responsable por los retrasos que podría tener el traslado del expediente del caso al conocimiento del juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello.
Miembros de la parte querellante del caso hicieron hincapié en las buenas referencias que tienen sobre el juez García Argüello, el mismo que administra justicia contra los implicados en el contrato entablado por la italiana Enel Green Power y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) durante la administración de Francisco Flores.
Ramón Villalta, por su parte, valoró que el traslado del caso a otro juzgado es muestra que la institucionalidad del país, pero que no cesarán en su presión por llevar justicia al caso y anunciaron que después de las elecciones incrementarán las acciones y la petición de diligencias legales para comprobar la culpabilidad de Flores, las cuales incluirán hasta acciones diplomáticas.
Organizaciones como Foro para la Salud y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), convocaron a decenas de personas de diversas comunidades del país, que marcharon desde el Centro de Gobierno hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, para apoyar a los abogados querellantes, y demandar la remoción de Italmir Orellana del sistema judicial.
La concentración, que logró cerrar un sentido del paso vehicular del Boulevard Tutunichapa, también cuestionaba las actuaciones de la Fiscalía General de la República en el proceso contra el ex mandatario, por negarse a incluir en la investigación de enriquecimiento ilícito y peculado, el delito de lavado de dinero.
Las organizaciones querellantes han insistido que las figuras delictivas de enriquecimiento ilícito y peculado, actualmente imputadas a Flores, son generadores de lavado de dinero, por lo que la Fiscalía debe investigar e incorporar la acusación al expediente.
“Fiscal independiente”, y “Fuera Italmir Orellana”, eran algunas de las consignas de los manifestantes, quienes a la vez reclamaban la decisión judicial que en noviembre pasado envió a arresto domiciliar al ex presidente Flores, por presuntos problemas de salud ligados a una trombosis agravada durante su encierro en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La audiencia especial, de acuerdo a los querellantes, estaba convocada “aparte” del proceso judicial, por lo que no requería la presencia de la Fiscalía ni la de los abogados defensores de Francisco Flores. Sin embargo, ambas partes se hicieron presentes.
Fue precisamente cuando los abogados de Francisco Flores, Edgar Morales Joya y Yanira Ticas llegaron al juzgado, se tuvieron que abrir paso entre la manifestación, quienes coreaban: “¡Sinvergüenzas, sinvergüenzas!”
El 23 de enero pasado, el juez Italmir Orellana abrió un proceso sancionatorio contra los querellantes, por considerar que habían incurrido en la revelación o difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos del caso donde se procesa al exmandatario, Francisco Flores.
Concretamente, se les acusó de alegar que el juez ordenó la destrucción de un informe enviado por el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que según los querellantes, el mismo fiscal General Luis Martínez habría admitido que contendría elementos suficientes para fundamentar la acusación contra el ex mandatario.
El requerimiento fiscal contra Flores indica que él recibió tres cheques del gobierno de China Taiwán entre 2002 y 2003, por un valor acumulado de 10 millones de dólares, los cuales habrían ido a una cuenta en un banco de Costa Rica, de la que se habría financiado la campaña presidencial del partido ARENA, liderada entonces por Elías Antonio Saca.
Sin embargo, el juez declinó de tomar acciones contra los querellantes, y en la audiencia especial habría dicho que: “Ya ni me interesan las consecuencias y no tiene sentido este proceso”, a la vez que señaló a dichos juristas, bajo el convencimiento que “sus actuaciones no se deben a negligencia, sino a ignorancia de la Ley”.
Esto no cayó en gracia a los querellantes, que catalogaron la actitud del juzgador como arbitraria e irresponsable, y resuelta a menospreciar y desacreditar la labor que cumplen en el caso.
“Hay argumentos que podrían ser atentatorios contra nuestra seguridad”, sostuvo el Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, cuando se refirió a que el juez Orellana echó en cara el “pasado político” de quienes forman la querella, dentro de los que se encuentran algunos antiguos miembros de la guerrilla como René Landaverde o el mismo Villalta.
Lo que les pareció más preocupante, fueron las declaraciones de Orellana, en las que no se hacía responsable por los retrasos que podría tener el traslado del expediente del caso al conocimiento del juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello.
Miembros de la parte querellante del caso hicieron hincapié en las buenas referencias que tienen sobre el juez García Argüello, el mismo que administra justicia contra los implicados en el contrato entablado por la italiana Enel Green Power y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) durante la administración de Francisco Flores.
Ramón Villalta, por su parte, valoró que el traslado del caso a otro juzgado es muestra que la institucionalidad del país, pero que no cesarán en su presión por llevar justicia al caso y anunciaron que después de las elecciones incrementarán las acciones y la petición de diligencias legales para comprobar la culpabilidad de Flores, las cuales incluirán hasta acciones diplomáticas.
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