Ciudades Charter: la última frontera del capital

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Por Julia Evelyn Martínez | Voces

Más allá de la falta de originalidad de la propuesta y/o el desatino de usar a Honduras como ejemplo de buena práctica internacional -cuando aún este país no ha puesto en práctica esta experiencia-, la propuesta de la ANEP debe ser analizada a la luz de dos tendencias globales: la  privatización del gobierno de las ciudades y  la creciente capitulación de gobiernos progresistas y socialistas ante el Capital.

Las denominaciones y modalidades de privatización del gobierno de las ciudades son variadas. En Canadá y Estados Unidos se les conoce como BID (Business Improvement District), en Asia como Ciudades con Estatuto Independiente, y en América Latina como Zonas Especiales Económicas y/o Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Social. Las modalidades de ciudades charter también son variadas, y oscilan entre la concesión de las funciones de gobierno de un determinado territorio a una corporación empresarial hasta versiones menos extremas, en donde la gestión territorial se realiza mediante un  asocio público-privado.

La propuesta de privatización del gobierno de las ciudades es lo más parecido a la utopía del anarco capitalismo, elaborada por Murray N. Rothbard, y apoyada por un grupo importante de miembros de la Escuela Austríaca de Economía y de la Sociedad Mont Pellerin. De acuerdo a Rothbard, las funciones del Estado se clasifican en las funciones innecesarias (controles de precios, subsidios, impuestos, etc.)  que deben ser eliminadas, y las funciones necesarias (ley, educación, seguridad, etc.), que deben ser privatizadas. La progresiva eliminación del Estrado y la privatización del gobierno serían en opinión de este autor,  la vía más segura para alcanzar  la prosperidad y la democracia en los países. En sus palabras: “La forma más perfecta de democracia directa solo se alcanzará una vez que el mercado libre se extienda a todas las áreas que actualmente se han reservado con carácter monopolista los gobiernos, a través de una constelación de agencias privadas de tipo voluntario que compitan y se solapen entre sí a la hora de prestar sus servicios de defensa y seguridad”. (Para una nueva libertad, 1973).

De acuerdo a los impulsores de estas iniciativas, en la medida que las ciudades chárter se convierten en “vitrinas” que muestran al resto de la sociedad las ventajas de la gobernanza privada  sobre la gobernanza pública y de las relaciones capitalistas de producción sobre otras formas de organización económica, solo sería cuestión de tiempo para que este modelo de gobierno privado y de economía capitalista se expanda y/o se consolide  en resto de país y del Estado.

Un aspecto novedoso de estas ciudades chárter, es que – con algunas variantes-, están siendo adoptadas  por  países con gobiernos  progresistas (Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela) y/o por gobiernos de Estados socialistas (Cuba, Vietnam)  que aspiran a realizar una transición ordenada (“aterrizaje suave”) hacia un  capitalismo controlado por el Estado, como el modelo capitalista de China. En todos estos casos, los gobiernos justifican la creación de zonas especiales de desarrollo, como una medida de pragmatismo político, frente a la necesidad de defender y/o profundizar  los avances sociales mediante un mayor crecimiento económico proveniente de la inversión extranjera y las exportaciones.

Precisamente en el documento ENADE 2014, se acude al ejemplo de la Zona Especial de Desarrollo del Puerto Mariel (ZEDM) en Cuba,  para ilustrar las ventajas que para El Salvador tendría la adopción del  modelo de gestión territorial de las ciudades chárter. De acuerdo a  este documento, el  ZEDM es actualmente  la principal apuesta de desarrollo económico del gobierno cubano y pretende convertir a una zona de 465 kilómetros en el motor de la economía nacional, mediante políticas especiales para atraer inversiones extranjeras, con legislación distinta a la que existe en el resto de la isla. Entre estas medidas especiales se encuentra la exención del pago de impuestos a las utilidades y a las importaciones, la exención de pago de impuestos o comisiones a las transferencias de utilidades al exterior, y la aprobación de un régimen especial de contratación de mano de obra.

Todas las zonas especiales de desarrollo que se están creando en el mundo y en particular en  países como  Cuba y Venezuela, tienen  como denominador común la aceptación de la inevitabilidad del Capital como medio para el crecimiento económico, el empleo y el financiamiento de políticas sociales.  Es decir, el reconocimiento explícito de que para crecer, producir, innovar, crear empleos y/o exportar se necesita del Capital y que éste solo actuará en favor de estos objetivos,  sí se le permite actuar libremente,  sin la interferencia del Estado y de las leyes nacionales y sin las presiones de grupos de interés, como los sindicatos o  los grupos ambientalistas.

Como  un buen ejemplo que ilustra esta tendencia se puede citar el discurso  que pronunció el pasado 08.03.2014, el  Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,  en ocasión del anuncio de la creación de la Zona Económica Especial de Desarrollo del Puerto Cabello (departamento de Carabobo), en lel cual hizo un vehemente  llamado al Capital nacional y extranjero a invertir en esa ZEDE: “Que vengan con su inversión, su tecnología. Que tengan sus dividendos y que nosotros tengamos desarrollo económico, generación de empleo y dividendos para el desarrollo social”.

Se está configurando una peligrosa  paradoja entre  los partidos políticos, movimientos sociales  y/o gobiernos que se definen como anti-capitalistas o anti-colonialistas, y que consiste en creer que,  para  avanzar  hacia el socialismo y/o profundizar  el socialismo,  se puede acudir al auxilio del capitalismo.

Por el momento el gobierno salvadoreño y sus aliados parecen no tener una postura clara frente a la  propuesta de la ANEP sobre las ciudades chárter.  A lo mejor piensan que criticar esta propuesta es como criticar de forma indirecta a los gobiernos progresistas de Ecuador, Venezuela o Nicaragua que están impulsando este modelo de zonas libres para el Capital, pero seguramente también les preocupa que sí deciden adherirse abiertamente a  esta propuesta, ello puede representar un distanciamiento con algunos sectores sociales, sindicales e intelectuales, que aún mantienen la esperanza  en  la naturaleza revolucionaria y socialista de este gobierno.

Al igual que con los Asocios Público Privados, tanto el gobierno como  el partido en el gobierno, deberán asumir más tarde o más temprano, una postura definida en torno al tema, y ya no bastará con repetir que harán zonas de desarrollo especial “a la salvadoreña”. Esto se convertirá en otra prueba para calibrar la calidad de los cambios que este gobierno y este partido están  dispuesto a llevar adelante, y  para  avizorar  el horizonte utópico (o dis-tópico) que les  orienta en este proceso.

Mientras tanto, podría ser oportuno  recordar cuales son las razones que fundamentan la  necesidad de ruptura con el  Capital, si es que se  quiere realmente avanzar en una ruta contraria a la ruta capitalista de desarrollo y construir una sociedad alternativa al capitalismo. Michel Lebowit,  nos advierte que,  “Hasta que los trabajadores no rompan con la idea que el Capital es necesario, un Estado en el cual ellos tengan la supremacía política solo actuará para facilitar las condiciones para la reproducción ampliada del Capital. En consecuencia, el Estado permanece totalmente dentro de los límites de la relación capitalista y es su garante, mientras los trabajadores consideren las exigencias del Capital como “leyes naturales” evidentes por sí mismas”. (Más allá del Capital, 1995)

En otras palabras, a  más dependencia del Capital, menos posibilidades de romper con el capitalismo. Y este principio se impone  aun cuando se tenga un  discurso anti-capitalista y/o anti-colonialista.