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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
De acuerdo con el Informe Anual 2013 emitido recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación en el Aguán, en la costa norte de Honduras, permanece marcada por amenazas, hostigamientos, muertes violentas de campesinos, criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos y del movimiento campesino en su lucha por la recuperación de tierras.
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Durante el 2013, la CIDH continuó recibiendo información sobre la grave situación de conflictividad que existe en la zona. Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 57 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, habrían sido asesinados desde septiembre de 2009 a marzo de 2013 en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región.
Además, un campesino continuaría desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. Señalan también tener documentación sobre casos de desplazamiento involuntario. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras, no se habría hecho una investigación eficiente sobre estos crímenes.
Por su parte, después de concluir su visita reciente a Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios “expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.
La Comisión también ha sido informada de una serie de amenazas y otros actos de hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que laboran en la zona.
En el 2013 se ha recibido información sobre el hecho de que se estaría criminalizando a miembros del movimiento agrario que participan en el proceso electoral de noviembre de 2013, y que serían objetos de amenazas y atentados en su contra.
Al respecto en sus observaciones al presente informe (Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013), el Estado reiteró que la situación en el Bajo Aguán corresponde a conflictos surgidos entre campesinos y empresarios “respecto a lo cual el Estado ha realizado acciones para ponerle fin, mediante la adopción de Acuerdos indemnizatorios con los dueños de las tierras para que los grupos campesinos cuenten con terrenos en los cuales puedan trabajar para su beneficio“.
Asimismo indicó, no obstante ello, la violencia continúa “porque hay una situación compleja que va más allá del conflicto agrario, de modo que a los actores tradicionales de dicho conflicto se han sumado otros como cárteles de la droga, sicarios, robo y saqueo de las plantaciones de palma africana, rivalidades entre los grupos campesinos, entre otros factores.“
En las Observaciones del Estado a los Informes Anuales de 2011 y 2012, se rechaza que las organizaciones de la sociedad civil señalen únicamente la muerte de campesinos como acciones violentas en el Bajo Aguán pues el Estado de Honduras ha mostrado reiteradamente la existencia de varios casos de muerte de guardias de seguridad y la muerte de jornaleros de finca y personas que no son campesinos, ni guardias de seguridad, lo que muestra la verdadera dimensión de la situación en esa región, y no como una criminalización o persecución del movimiento campesino.
De acuerdo con el gobierno de Honduras, a la fecha, se registra la muerte de 89 personas, de ellas, 51 son campesinos; 18 son guardias de seguridad, 4 son supuestos campesinos (no se sabe si pertenecen a algún movimiento); 5 son personas que no son ni campesinos, ni guardias; 1 es jornalero de finca; 3 son desconocidos; 3 no se conoce su oficio y 3 son policías y militares.
De esos casos, se han judicializado 5 casos: 1 caso (muerte de cinco personas), 1 caso (muerte de tres personas), 3 casos (muerte de 1 persona cada uno). La mayor dificultad para la judicialización viene dada por es escaso apoyo que se recibe de las familiares y demás personas cercanas particularmente de los grupos campesinos, que en muchas ocasiones no permiten ni siquiera el levantamiento cadavérico y se hace necesario solicitar exhumaciones que igualmente se hace difícil su realización, por lo que las investigaciones se ven limitadas, no obstante se fortalecen las unidades investigativas para dar respuesta.
En marzo de 2014 el periódico especializado en derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denominado defensoresenlinea.com, publicó una información relacionada al Bajo Aguán en la que, enfatizando en el contexto actual de militarización y represión, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) y la Fundación San Alonso Rodríguez presentaron a través de un informe estadístico de muertes violentas relacionadas al conflicto de tierras en el Bajo Aguán, que en el período comprendido entre 2008 a 2013 se han ejecutado 123 muertes violentas y al menos 6 desapariciones forzadas, de los cuales un 90 por ciento permanecen en la impunidad.
Entre las víctimas se registran guardias de seguridad, militares, policías, víctimas colaterales y un gran porcentaje de campesinos que perecieron producto de una violencia estructural cuyos actores principales han sido el poder económico agroindustrial (los terratenientes de la zona) y la fuerte presencia militar (operación Xatruch) que han actuado en contubernio del Estado, desatando trastornos en la convivencia social, destaca el informe.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada que a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, habría aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra los campesinos en la zona y que continúa la estigmatización y criminalización de la lucha agraria. En abril de 2010 el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las organizaciones campesinas de la zona, que pretendía solucionar el problema. Sin embargo, los hechos de violencia han continuado.
Además, un campesino continuaría desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. Señalan también tener documentación sobre casos de desplazamiento involuntario. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras, no se habría hecho una investigación eficiente sobre estos crímenes.
Por su parte, después de concluir su visita reciente a Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios “expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.
La Comisión también ha sido informada de una serie de amenazas y otros actos de hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que laboran en la zona.
En el 2013 se ha recibido información sobre el hecho de que se estaría criminalizando a miembros del movimiento agrario que participan en el proceso electoral de noviembre de 2013, y que serían objetos de amenazas y atentados en su contra.
Al respecto en sus observaciones al presente informe (Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013), el Estado reiteró que la situación en el Bajo Aguán corresponde a conflictos surgidos entre campesinos y empresarios “respecto a lo cual el Estado ha realizado acciones para ponerle fin, mediante la adopción de Acuerdos indemnizatorios con los dueños de las tierras para que los grupos campesinos cuenten con terrenos en los cuales puedan trabajar para su beneficio“.
Asimismo indicó, no obstante ello, la violencia continúa “porque hay una situación compleja que va más allá del conflicto agrario, de modo que a los actores tradicionales de dicho conflicto se han sumado otros como cárteles de la droga, sicarios, robo y saqueo de las plantaciones de palma africana, rivalidades entre los grupos campesinos, entre otros factores.“
En las Observaciones del Estado a los Informes Anuales de 2011 y 2012, se rechaza que las organizaciones de la sociedad civil señalen únicamente la muerte de campesinos como acciones violentas en el Bajo Aguán pues el Estado de Honduras ha mostrado reiteradamente la existencia de varios casos de muerte de guardias de seguridad y la muerte de jornaleros de finca y personas que no son campesinos, ni guardias de seguridad, lo que muestra la verdadera dimensión de la situación en esa región, y no como una criminalización o persecución del movimiento campesino.
De acuerdo con el gobierno de Honduras, a la fecha, se registra la muerte de 89 personas, de ellas, 51 son campesinos; 18 son guardias de seguridad, 4 son supuestos campesinos (no se sabe si pertenecen a algún movimiento); 5 son personas que no son ni campesinos, ni guardias; 1 es jornalero de finca; 3 son desconocidos; 3 no se conoce su oficio y 3 son policías y militares.
De esos casos, se han judicializado 5 casos: 1 caso (muerte de cinco personas), 1 caso (muerte de tres personas), 3 casos (muerte de 1 persona cada uno). La mayor dificultad para la judicialización viene dada por es escaso apoyo que se recibe de las familiares y demás personas cercanas particularmente de los grupos campesinos, que en muchas ocasiones no permiten ni siquiera el levantamiento cadavérico y se hace necesario solicitar exhumaciones que igualmente se hace difícil su realización, por lo que las investigaciones se ven limitadas, no obstante se fortalecen las unidades investigativas para dar respuesta.
En marzo de 2014 el periódico especializado en derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denominado defensoresenlinea.com, publicó una información relacionada al Bajo Aguán en la que, enfatizando en el contexto actual de militarización y represión, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) y la Fundación San Alonso Rodríguez presentaron a través de un informe estadístico de muertes violentas relacionadas al conflicto de tierras en el Bajo Aguán, que en el período comprendido entre 2008 a 2013 se han ejecutado 123 muertes violentas y al menos 6 desapariciones forzadas, de los cuales un 90 por ciento permanecen en la impunidad.
Entre las víctimas se registran guardias de seguridad, militares, policías, víctimas colaterales y un gran porcentaje de campesinos que perecieron producto de una violencia estructural cuyos actores principales han sido el poder económico agroindustrial (los terratenientes de la zona) y la fuerte presencia militar (operación Xatruch) que han actuado en contubernio del Estado, desatando trastornos en la convivencia social, destaca el informe.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada que a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, habría aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra los campesinos en la zona y que continúa la estigmatización y criminalización de la lucha agraria. En abril de 2010 el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con las organizaciones campesinas de la zona, que pretendía solucionar el problema. Sin embargo, los hechos de violencia han continuado.
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