Costa Rica: Ecologistas recogen firmas para reformar autoridad ambiental

esferaambientalcr.com

Por FECON Costa Rica

Después de 8 años de intervención política y de un enorme cúmulo de fracasos e irregularidades la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) tiene que ser reformada y reestructurada de forma integral para que cumpla, de verdad y de forma eficiente, con su tarea de evaluación de impacto ambiental.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) creada como organismo técnico de desconcentración máxima hace 19 años por la Ley Orgánica del Ambiente, con la tarea fundamental de implementar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento preventivo de la gestión ambiental, debido a una intervención política de 8 años, se encuentra en un evidente estado de crisis y requiere ser reformada de manera integral, a fin de que recupere su objetivo y cumpla una verdadera y eficiente tarea de equilibrar los procesos productivos y el impacto ambiental.

Las organizaciones ambientales y sociales que suscribimos este documento hacemos un llamado a la sociedad costarricense, los diputados electos y en particular a los dos candidatos a la presidencia de la República para que consideren con la mayor seriedad lo que ha sucedido y está sucediendo con la SETENA a fin de que de forma URGENTE se tomen acciones concretas para resolver su situación de crisis y se reestablezca como un verdadera secretaría técnica en materia ambiental.

Son muchas las irregularidades e inconsistencias que se han cometido en la SETENA, empezando por su Comisión Plenaria y seguida, salvo pocas excepciones, por su  personal técnico y administrativo. Solo  por mencionar algunos ejemplos de la larga lista de actos cuestionados, mencionamos los siguientes:

    Caso Crucitas: el complaciente y altamente cuestionado trámite ambiental que realizó la SETENA a la modificación de este proyecto minero llevó a que generara un largo proceso de demandas judiciales y manifestaciones sociales. El proceso, a pesar de la anulación de todo lo actuado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y ratificado por la Sala Primera, todavía no “ha terminado” por la demanda internacional presentada por la empresa minera ante del CIADI por un monto de $ 94 millones. Este caso tiene en juicio al ex Ministro Roberto Dobles y varios funcionarios de la SETENA  y la Dirección de Geología y Minas del MINAE.

    Desarrollo de procedimientos arbitrarios e inconsultos: desde el 2007, como resultado de su intervención política, la SETENA dejó de convocar a la Comisión Mixta de apoyo para el desarrollo de procedimientos técnicos por medio de decretos ejecutivos y empezó un nuevo proceso absolutamente irregular de generar procedimientos por la vía de resoluciones de la Comisión Plenaria. Procedimientos arbitrarios e inconsultos, muchos de los cuales todavía están vigentes, y son los responsables de que obras como la Trocha Fronteriza no cumplieran correctamente con el trámite de EIA o bien, que actividades como las piñeras no deban cumplir obligatoriamente con un trámite de viabilidad ambiental.

    Caso Marina Moín: la serie de irregularidades expuestas por la Procuraduría General de la República para el trámite ambiental de este megaproyecto  al que SETENA dio viabilidad ambiental en el año 2008, y llevó a que se anulara todo el proceso, dada la serie de inconsistencias que se identificaron y que nunca debieron haberse dado. Algunos de los funcionarios técnicos y de la Comisión Plenaria actual, participaron de ese proceso, y solo este caso debería ser suficiente para separarlos de sus cargos.

    Caso de torres y antenas de telefonía celular: en gran parte, el gran desorden que dio con el proceso de autorizaciones y permisos para la instalación de  esta infraestructura de telecomunicaciones vital para la apertura telefónica, fue responsabilidad de la SETENA, la cual, de forma arbitraria e inconsulta estableció un procedimiento de EIA, complaciente, pero técnicamente inconsistente, que tuvo muy negativas consecuencias para todos: empresas, municipalidades y comunidades en general. Se dieron miles de viabilidades ambientales sin considerar una marco regulatorio ambiental básico, lo que llevó al desorden y al incumplimiento de las mínimas normas. Hoy varios años después, nuestro país quedó marcado, gracias a la SETENA, con miles de antenas y torres de  telefonía celular localizadas en lugares inapropiados y produciendo contaminación debido  a la falta de acertado criterio técnico de la SETENA y del MINAE.

    Caso de P.H. Diquís: la investigación realizada por  la Universidad de Costa Rica para este megaproyecto demuestra la serie de irregularidades e inconstancias legales que aplicó la SETENA, de forma complaciente y lleva a cuestionarse en cuantos otros casos similares se ha actuado de la misma forma. Alejándose por completo de la legislación vigente sobre EIA, la SETENA, en este caso, permitiría el ICE, segmentar el  EIA del megaproyectos en partes, para que el trámite de viabilidad ambiental se pudiera ir cumpliendo de forma segmentada. En consecuencia con esto, la SETENA, aprobó numerosos componentes constructivos del proyecto, incluso dentro de territorios indígenas, lo que llevó a denuncias y tensión entre las partes que finalmente terminaron con la salida del ICE y la suspensión del megaproyecto a la espera de una consulta indígena, algo que la SETENA, en cumplimiento de la legislación debió haber visualizado con mucha antelación, como parte de sus responsabilidades.

    Caso Refinería: La revisión realizada en el trámite de EIA que llevó a cabo la SETENA para este proyecto pone en clara evidencia que esta Secretaría no ha actuado con objetividad y total neutralidad científica y técnica, todo lo contrario, fue complaciente al momento de definir los términos de referencia y de aprobar un Estudio de Impacto Ambiental, incompleto y carente de verdadero fundamento. Todo esto llevó a que se solicitara la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada, algo que todavía solo se ha resuelto “a medias” en la medida de que se suspendió de forma temporal. Gran parte de la unidad técnica y la Comisión Plenaria actuales son responsables de esta situación, la cual por si sola debería ser suficiente para solicitar al menos su salida de la SETENA.
    

Evidente pérdida de autonomía técnica: Es de todos conocidos que la SETENA ha estado intervenida políticamente, durante los últimos ocho años. Ello con la total complicidad de la Comisión Plenaria y los secretarios generales de turno, que más que coordinadores técnicos de la  SETENA, han servido de títeres de los ministros de turno: Jorge Woodbridge en el Ministerio de Competitividad, Roberto Dobles y René Castro en el MINAE.  La mejor prueba reciente de todo esto es que desde hace más de un año, personal técnico de la SETENA se instaló en el MINAE, para tramitar los proyectos de EIA relacionados con el cuestionado muelle de contenedores de APM en Moín. Nos preguntamos: porqué funcionarios de un este técnico de desconcentración máxima tienen que irse a instalar a un edificio donde hay hacinamiento como en el MINAE, para cumplir con sus responsabilidades? Dónde queda la autonomía técnica de la SETENA?

    Anomalías en trámites de diversos EIA de proyectos: Algunos de los proyectos aquí mencionados son simples ejemplos de la serie de inconsistencias en que ha incurrido la SETENA y lo que muestran es una actitud complaciente y alejada de la objetividad científica que también se ha aplicado a otro gran número de proyectos menos sonados públicamente, pero no por eso menos importantes desde el punto de vista ambiental. Una lista de estos proyectos fueron mencionados por la Contraloría General de la República como parte de la auditoría realizada en el año 2010 y a ellos se suman grandes proyectos inmobiliarios como Mar Serena y las Catalinas en Guanacaste, la Cementera en San Rafael de Alajuela y una larga lista de expedientes de EIA, en los que se pueden encontrar incumplimientos de los mismos procedimientos técnicos de EIA formalmente establecidos.

    Ineficiencia en el proceso de control y seguimiento: Siendo esta la principal y más importante tarea de la SETENA, resulta que es la más debilitada y la que menor músculo tiene en el proceso de EIA. El Departamento de Auditoría y Seguimiento, se ha convertido, durante años, en un simple ente burocrático que tramita devoluciones de garantía ambiental y trámites técnico administrativos sobre los cambios de proyectos con EIA aprobada. Su verdadero papel de control ambiental se ha perdido, nunca desarrolla u ordena la realización de auditorías ambientales. No realiza calificaciones ambientales de las actividades y coordinada las comisiones de control y monitoreo social (COMIMAS) que establece la legislación.  Es claro que esta situación no es casual y parte del principio de intervención política de la SETENA, a fin de que no cumpla su tarea de control y permita que los desarrolladores y sus empresas constructoras puedan actuar a la libre a la hora de desarrollar los diferentes proyectos, con las serias consecuencias ambientales y sociales que esto tiene.

    Deficiencia absoluta en el proceso de trámite ambiental de planes reguladores: Después del otorgamiento de la viabilidad ambiental al PRUGAM en el año 2009 y algunos de sus planes reguladores, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la SETENA, fue reestructurado. A partir de ese momento, se cambió de actitud respecto a los informes ambientales de los planes reguladores. La SETENA se convirtió en el mayor y más serio obstáculo para el trámite de los planes reguladores. Con el pretexto de aplicar el decreto 32966 – MINAE de forma “estricta” numerosos planes reguladores han sido atrasados por muchos años y otros muchos planes han sido archivados en primera instancia, sin ni siquiera dar oportunidad a las municipalidades de poder enmendar o mejorar los informes entregados.  Esta actitud del Departamento de EAE de la SETENA, con el beneplácito de la Comisión Plenaria, ha tenido serias consecuencias para el país, no solo por el gasto económico que ha implicado, sino en particular, por el enorme atraso (de varios años) que ha provocado en temas en los que de por sí, el país está muy atrasado, como es el ordenamiento y la planificación territorial. Son muchas las irregularidades y arbitrariedades cometidas por la SETENA en este tema, como que primero se solicitara audiencias públicas y luego se anulara el requisito; todo lo cual sustenta que el personal técnico de EAE como de la Comisión Plenaria deba ser relevado de sus cargos y sus responsabilidades.

    No reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas: A pesar de que este tema está incluido en el Reglamento General de EIA desde el año 2004 y que se han dado innumerables llamados para que se proceda a normar el procedimiento, la SETENA y el MINAE se han hecho de los oídos sordos y no han querido cumplir con esta importante gestión. Incumplimiento que tiene muy serias consecuencias para el país en materia de planificación y protección del ambiente. Megaproyectos como el de la terminal de contenedores de APM en Moín, no tendrían hoy los serios cuestionamientos ambientales que se han presentado, si en el momento oportuno la SETENA hubiese solicitado una EAE del Plan de Desarrollo Portuario Moín – Limón. De igual manera, con otros temas estratégicos para el país, como el Plan Nacional de Energía, de Turismo o de Infraestructura vial o aeroportuaria.  Una SETENA con mayor visión y verdaderamente interesada en contribuir al desarrollo sostenible del país habría intervenido en el momento oportuno para que se evitaran muchos de los problemas y conflictos que hoy se están dando.

    Incumplimiento de rectificaciones solicitadas por la Contraloría General de la República: Es otro claro ejemplo de la intervención política en la institucionalidad técnica del país. Desde el 2010 la Contraloría, después de auditar a la SETENA, le generó una serie de mandatos para que corrigiera su proceder, mandatos que la SETENA y el MINAE se comprometieron a cumplir. No obstante, con el paso del tiempo y la llegada de René Castro al MINAE, más bien pasaron al olvido, para ser sustituidos por una intervención “técnica” cuyo único producto fue una propuesta de modificación del reglamento general de EIA, que tuvo que impugnarse ante la Sala Constitucional, debido a que era totalmente irregular e incumplía el principio de no regresión, entre otras cosas. De paso, y como por arte de magia, en dicha modificación, se establecía una nueva categoría de actividad, las de muy bajo impacto ambiental, en las que se incluían todas las actividades que nunca hubieran hecho trámite de EIA, como las pineras; algo absolutamente anómalo y que evidencia el grado de complacencia con que han actuado la SETENA y el MINAE, en favor de unos sectores privilegiados. Sobre esto, llama poderosamente la atención como la Contraloría se olvidó de la SETENA, con tanta facilidad.

    Proliferación de proyectos hidroeléctricos: Más 23 comunidades afectadas por represas junto con organizaciones sociales y ecologistas se manifestaron el 13 marzo del 2014 frente a SETENA por la proliferación de proyectos hidroeléctricos privado y entregaron a la Secretaria una carta (http://feconcr.org/doc/SETENAinfo14314.pdf) donde se evidenciaron múltiples anomalías que afectan negativamente el proceso de elaboración y evaluación de los Estudios de Impactos Ambiental de proyectos hidroeléctricos en sus territorios como lo es la parcialidad y favorecimiento a las empresas desarrolladoras por parte de funcionarios de dicha entidad a la hora de realizar la evaluación ambiental, o bien, la realización de estudios sociológicos someros, débiles, incompletos y tendenciosos que no cumplen con el ejercicio eficiente de someter a consulta todos los aspectos en los que las comunidades deben ser adecuadamente consideradas. Además, se hicieron una serie de demandas como por ejemplo, la realización de Audiencias Públicas para dialogar y negociar la viabilidad social de los proyectos incluidos en el Anexo “Expediente en proceso de Evaluación Ambiental ingresados, desde 2012 a febrero del 2014”, tal cual lo establece la Ley de Biodiversidad y otra normativa legal vigente en Costa Rica.

En consideración de todo lo anterior, es claro que la intervención política desarrollada por el Poder Ejecutivo durante los últimos 8 años ha llevado a la SETENA a fracasar rotundamente en su tarea principal, para convertirse en una instancia al servicio de intereses de sectores particulares defendidos por las autoridades de gobierno. Situación que lejos de llevarnos hacia la sostenibilidad del desarrollo económico y social, nos ha sumido en una verdadera crisis en materia ambiental, con una creciente huella ecológica negativa  y una estrepitosa caída en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de la Universidad de Yale, USA.

Ante esta situación solicitamos lo siguiente:

    Que se renueve por completo y de forma urgente, la Comisión Plenaria de la SETENA con nuevos representantes de las instituciones que la conforman y que cumplan de forma estricta con los requisitos que establece la reglamentación vigente para sus cargos, de forma tal que se pueda garantizar una absoluta y completa limpieza del proceder hasta ahora actuado por esta instancia técnica.

    El nombramiento de un nuevo(a) Secretario General de la SETENA, que verdaderamente conozca sobre los procedimientos de Evaluación Ambiental y recupere a la SETENA como una verdadera instancia técnica, objetiva y científica, y no como hasta ahora, que ha estado sumida a los vaivenes de los intereses políticos y poliqueros.

    La renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos de la SETENA, a fin de dar un claro refrescamiento a la institución que por tantos años ha estado postrada bajo el control político y ha hecho de eso una costumbre del actuar rutinario de esas instancias técnicas.

    Que se acelere ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para despolitizar la SETENA que tiene como fin, darle al autonomía técnica y financiera, así como las reformas necesarias, para que esta institución se convierta en un verdadero baluarte de la gestión ambiental pública del país y no como hasta ahora, que ha fungido como  un simple instrumento político de la administración de turno.

    Que se realicen investigaciones profundas por medio de auditorías externas de los casos aquí mencionados y de otros denunciados, a fin de que se aplique el marco de la ley, en particular la Ley 8220 y su reglamento, y otra legislación en aquellos funcionarios y miembros de la Comisión Plenaria para que se sienten responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Como conclusión, es claro y evidente que la situación con la SETENA, no puede seguir por el mismo camino y que por tanto su reforma integral es una urgente necesidad para el país. Dejar la situación tal y como está, o generar soluciones “a medias” es seguir favoreciendo la ilegalidad, la arbitrariedad y la corrupción, elementos que son los principales responsables de la situación de crisis por la que pasa nuestra sociedad y nuestro Estado. 

Es hora de tomar decisiones serias y dirigidas a resolver de raíz los problemas de nuestro país.

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