Por LINyM | CONFRAS
Diferentes organizaciones agropecuarias aglutinadas en la
Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña
(CONFRAS), realizaron una marcha hacia la Asamblea Legislativa para conmemorar 34 años de la Reforma
Agraria.
En su planteamiento, consideran que la reforma agraria tuvo avances importantes desde que
nació. Con la aplicación del Decreto 154, la Junta Revolucionaria de Gobierno intervino cientos de propiedades mayores de 500 hectáreas, que fueron transferidas a miles de familias campesinas sin tierra.
El proceso fue sucesivamente boicoteado e intervenido por los gobiernos y las fuerzas de la ultraderecha salvadoreña en las décadas de los 80 y 90, que dieron paso a una verdadera contrarreforma agraria. La segunda fase de la Reforma Agraria nunca se dio. Las organizaciones aglutinadas en la CONFRAS aseguran que, a 34 años de su ejecución, "la Reforma Agraria requiere de nuevas políticas para su recuperación".
Comunicado de Prensa
A 34 años, la Reforma Agraria sobrevive porque las gremiales cooperativas la defendimos
Hace 34 años, el 6 de marzo de 1980, la “Junta Revolucionaria de Gobierno” aplicó el Decreto 154, en lo que se conoce como la Primera Fase de la Reforma Agraria. Ese día se intervinieron 329 propiedades mayores de 500 hectáreas (700 manzanas). En total, con la Fase I se expropiaron excedentes de tierras por 207,853 hectáreas (290,994 manzanas), que fueron transferidas a 31,250 familias campesinas sin tierra.
Los primeros obstáculos a la Reforma Agraria
La Segunda Fase de la Reforma Agraria sería más profunda, ya que establecía que iban a expropiarse los excedentes de propiedades mayores de 100 hectáreas en tierras calidad “A” y de 150 hectáreas en tierras calidad “B” y “C”. Esa Segunda Fase no se dio porque fueron purgados los elementos más progresistas de la Primera Junta de Gobierno. En esa contraofensiva de la ultraderecha, 18 días después de las transferencias de tierras, fue asesinado el principal aliado de la clase campesina, Monseñor Oscar Arnulfo Romero; en noviembre de ese mismo año, también fue asesinado Enrique Álvarez Córdova, quien fue ministro de Agricultura, promotor de la Reforma Agraria.
Lo que vino después fue la aplicación del Decreto 207, el 28 de abril de 1980, con el que se creó la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) para la compra de parcelas que fueron asignadas a 37,900 familias campesinas que las arrendaban. Con el Decreto 207 se adjudicaron 138,797 manzanas.
El segundo golpe a la Reforma Agraria
El proceso de Reforma Agraria se estancó cuando ARENA logró mayoría de diputados en las elecciones de marzo de 1982. Esas elecciones fueron para elegir una Asamblea Constituyente, que redactó una nueva Constitución, que aún está vigente. En esa Carta Magna, que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983, se amplió a 245 hectáreas el límite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hectáreas, dice el artículo 105 de la Constitución, debían ser expropiadas y transferidas en los primeros tres años de vigencia de la Constitución. Jamás se dio ese paso, ARENA lo impidió, aún cuando también quedó establecido en los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992.
La contrarreforma agraria de ARENA
Entre los años 1989 y 2009 las cooperativas agropecuarias sufrieron las más despiadadas políticas de desarticulación de las unidades productivas y de destrucción de su organización social. Es el periodo de 20 años de contrarreforma agraria, de anticooperativismo, en el que hasta el concepto de Reforma Agraria fue borrado del lenguaje y era palabra casi prohibida en los documentos oficiales. Las cooperativas que hoy quedan sobreviven por la conciencia desarrollada en las y los productores.
En abril de 1991 inició una masiva campaña de parcelación a través del decreto 747. A la par de la parcelación, el gobierno de turno privatizó la banca nacional, con lo cual las cooperativas y pequeños productores individuales quedaron fuera de la calificación de “sujetos de crédito”; y, por otro lado, subieron los intereses incrementándose los costos de producción. Al mismo tiempo el gobierno cerró el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), donde los campesinos comercializaban su producción con precios de garantía. Todo eso estuvo acompañado de la eliminación de controles de precios de insumos, reducción de aranceles a productos agropecuarios importados y la casi desaparición del CENTA.
Durante el gobierno de Armando Calderón Sol, en 1998, y después de una larga lucha de las cooperativas, se logró la condonación del 85% de las deudas agraria y bancaria. Pero, a la par se aprobó un decreto de liberalización del mercado de tierras de las cooperativas, el Decreto 719, por medio del cual han desaparecido muchas cooperativas.
Durante el gobierno de Francisco Flores, las cooperativas agropecuarias fueron arrinconadas y obligadas por el ISTA a vender o devolver tierras para el pago de la deuda. Decenas de cooperativas se desintegraron y el resto quedó en total abandono por parte del gobierno. El aborrecimiento al campesinado era tal que, en abril del 2001, grandes comerciantes militantes de ARENA se robaron un cargamento de 11,000 quintales de fertilizantes que donó Japón para que fuera entregado a pequeños productores afectados por los terremotos. La gran apuesta de Flores fue la acelerada negociación del TLC con Estados Unidos, que desamparó aún más al sector agropecuario. Con Antonio Saca la situación continuó más o menos igual.
Una nueva etapa
Es hasta a partir de junio del 2009 que las cooperativas beneficiarias de la Reforma Agraria sentimos un gran alivio al quitarnos la presión destructiva de los gobiernos de ARENA. De la defensiva pasamos a trabajar más libremente, en mejores condiciones, con los programas agrícolas y pecuarios del nuevo gobierno.
En esta nueva etapa, hasta pudimos ganarle una batalla ideológica a la derecha, al lograr que la Asamblea Legislativa declarara el 6 de marzo como “Día Nacional de la Reforma Agraria”, reivindicación que se plasmó en el Decreto 289, del 31 de enero del 2013, publicado en el Diario Oficial del 22 de febrero de 2013.
A 34 años de su ejecución, la Reforma Agraria requiere de nuevas políticas para su recuperación y tenemos la esperanza de que en el próximo gobierno del FMLN el proceso de distribución y de productividad de la tierra se profundice.
Le hemos propuesto a quienes estarán en el nuevo gobierno que a partir del 1 de junio retomen el proceso de Reforma Agraria con una visión más integral, con la perspectiva de construcción de soberanía alimentaria. Esa integralidad debe estar asentada en 5 pilares:
• La producción asociativa o cooperativa, con tecnologías agroecológicas y eslabonada a procesos agroindustriales.
• La organización democrática, en la que la relación de poder esté regida por la equidad de género y la participación real de jóvenes.
• La formación y capacitación del liderazgo cooperativista, para la producción, la gerencia y la conducción estratégica, gremial, de la organización.
• La sostenibilidad organizativa y económica, en el tiempo y el espacio cooperativo.
• La construcción de poder popular, a partir del impulso de un nuevo modelo económico, social, político y cultural, que sustituya al viejo sistema que reproduce el desenfrenado lucro individual.
San Salvador, 6 de marzo de 2014
A 34 años, la Reforma Agraria sobrevive porque las gremiales cooperativas la defendimos
Hace 34 años, el 6 de marzo de 1980, la “Junta Revolucionaria de Gobierno” aplicó el Decreto 154, en lo que se conoce como la Primera Fase de la Reforma Agraria. Ese día se intervinieron 329 propiedades mayores de 500 hectáreas (700 manzanas). En total, con la Fase I se expropiaron excedentes de tierras por 207,853 hectáreas (290,994 manzanas), que fueron transferidas a 31,250 familias campesinas sin tierra.
Los primeros obstáculos a la Reforma Agraria
La Segunda Fase de la Reforma Agraria sería más profunda, ya que establecía que iban a expropiarse los excedentes de propiedades mayores de 100 hectáreas en tierras calidad “A” y de 150 hectáreas en tierras calidad “B” y “C”. Esa Segunda Fase no se dio porque fueron purgados los elementos más progresistas de la Primera Junta de Gobierno. En esa contraofensiva de la ultraderecha, 18 días después de las transferencias de tierras, fue asesinado el principal aliado de la clase campesina, Monseñor Oscar Arnulfo Romero; en noviembre de ese mismo año, también fue asesinado Enrique Álvarez Córdova, quien fue ministro de Agricultura, promotor de la Reforma Agraria.
Lo que vino después fue la aplicación del Decreto 207, el 28 de abril de 1980, con el que se creó la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) para la compra de parcelas que fueron asignadas a 37,900 familias campesinas que las arrendaban. Con el Decreto 207 se adjudicaron 138,797 manzanas.
El segundo golpe a la Reforma Agraria
El proceso de Reforma Agraria se estancó cuando ARENA logró mayoría de diputados en las elecciones de marzo de 1982. Esas elecciones fueron para elegir una Asamblea Constituyente, que redactó una nueva Constitución, que aún está vigente. En esa Carta Magna, que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983, se amplió a 245 hectáreas el límite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hectáreas, dice el artículo 105 de la Constitución, debían ser expropiadas y transferidas en los primeros tres años de vigencia de la Constitución. Jamás se dio ese paso, ARENA lo impidió, aún cuando también quedó establecido en los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992.
La contrarreforma agraria de ARENA
Entre los años 1989 y 2009 las cooperativas agropecuarias sufrieron las más despiadadas políticas de desarticulación de las unidades productivas y de destrucción de su organización social. Es el periodo de 20 años de contrarreforma agraria, de anticooperativismo, en el que hasta el concepto de Reforma Agraria fue borrado del lenguaje y era palabra casi prohibida en los documentos oficiales. Las cooperativas que hoy quedan sobreviven por la conciencia desarrollada en las y los productores.
En abril de 1991 inició una masiva campaña de parcelación a través del decreto 747. A la par de la parcelación, el gobierno de turno privatizó la banca nacional, con lo cual las cooperativas y pequeños productores individuales quedaron fuera de la calificación de “sujetos de crédito”; y, por otro lado, subieron los intereses incrementándose los costos de producción. Al mismo tiempo el gobierno cerró el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), donde los campesinos comercializaban su producción con precios de garantía. Todo eso estuvo acompañado de la eliminación de controles de precios de insumos, reducción de aranceles a productos agropecuarios importados y la casi desaparición del CENTA.
Durante el gobierno de Armando Calderón Sol, en 1998, y después de una larga lucha de las cooperativas, se logró la condonación del 85% de las deudas agraria y bancaria. Pero, a la par se aprobó un decreto de liberalización del mercado de tierras de las cooperativas, el Decreto 719, por medio del cual han desaparecido muchas cooperativas.
Durante el gobierno de Francisco Flores, las cooperativas agropecuarias fueron arrinconadas y obligadas por el ISTA a vender o devolver tierras para el pago de la deuda. Decenas de cooperativas se desintegraron y el resto quedó en total abandono por parte del gobierno. El aborrecimiento al campesinado era tal que, en abril del 2001, grandes comerciantes militantes de ARENA se robaron un cargamento de 11,000 quintales de fertilizantes que donó Japón para que fuera entregado a pequeños productores afectados por los terremotos. La gran apuesta de Flores fue la acelerada negociación del TLC con Estados Unidos, que desamparó aún más al sector agropecuario. Con Antonio Saca la situación continuó más o menos igual.
Una nueva etapa
Es hasta a partir de junio del 2009 que las cooperativas beneficiarias de la Reforma Agraria sentimos un gran alivio al quitarnos la presión destructiva de los gobiernos de ARENA. De la defensiva pasamos a trabajar más libremente, en mejores condiciones, con los programas agrícolas y pecuarios del nuevo gobierno.
En esta nueva etapa, hasta pudimos ganarle una batalla ideológica a la derecha, al lograr que la Asamblea Legislativa declarara el 6 de marzo como “Día Nacional de la Reforma Agraria”, reivindicación que se plasmó en el Decreto 289, del 31 de enero del 2013, publicado en el Diario Oficial del 22 de febrero de 2013.
A 34 años de su ejecución, la Reforma Agraria requiere de nuevas políticas para su recuperación y tenemos la esperanza de que en el próximo gobierno del FMLN el proceso de distribución y de productividad de la tierra se profundice.
Le hemos propuesto a quienes estarán en el nuevo gobierno que a partir del 1 de junio retomen el proceso de Reforma Agraria con una visión más integral, con la perspectiva de construcción de soberanía alimentaria. Esa integralidad debe estar asentada en 5 pilares:
• La producción asociativa o cooperativa, con tecnologías agroecológicas y eslabonada a procesos agroindustriales.
• La organización democrática, en la que la relación de poder esté regida por la equidad de género y la participación real de jóvenes.
• La formación y capacitación del liderazgo cooperativista, para la producción, la gerencia y la conducción estratégica, gremial, de la organización.
• La sostenibilidad organizativa y económica, en el tiempo y el espacio cooperativo.
• La construcción de poder popular, a partir del impulso de un nuevo modelo económico, social, político y cultural, que sustituya al viejo sistema que reproduce el desenfrenado lucro individual.
San Salvador, 6 de marzo de 2014
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