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Por Dina Meza | Defensores en Línea
Con la plena convicción de tener la impunidad como arma de ataque un pelotón de elementos de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, junto a varios hombres y dos mujeres vestidos de civil asaltaron la casa del vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, Marco Antonio Rodríguez, este 10 de octubre pasado, según lo denunció ante el COFADEH.
La Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada el 21 de agosto de este año por el Congreso Nacional argumentando el combate al narcotráfico, crimen organizado y la inseguridad de todo tipo en el país, pero su accionar curiosamente se enfoca contra miembros del Partido Libertad y Refundación LIBRE, que participará en las próximas elecciones de noviembre.
Cuál orden de allanamiento
Eran las cinco de la mañana, la familia Rodríguez Rodríguez dormía sin contratiempos, pero los gritos y golpes en las puertas los hizo perder la tranquilidad, eran hombres encapuchados con uniformes de la Policía Militar que saltaron las verjas de la casa y casi derribaban la puerta, lo que obligó a la esposa del Vicepresidente del SITRAPANI a salir para ver lo qué pasaba, su hija e hijo menor estaban asustados.
“Abran hijos de p…. que si no vamos a disparar”, dijeron los elementos de este cuerpo represivo del Estado para obligarlos a abrir la puerta, en cuanto lo hicieron los empujones no se hicieron esperar, el hijo menor fue sacado a empellones con una pistola apuntándole a la cara al igual que a su padre el sindicalista Marco Antonio, ambos fueron colocados pecho a tierra en la calle y los enchacharon a ambos.
Este caso recuerda el allanamiento, secuestro, desaparición y torturas del caso conocido como los seis estudiantes que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En aquel entonces un pelotón comandado por Billy Fernando Joya Améndola, integrante de escuadrones de la muerte en esa década, igual que en este caso saltaron el muro perimetral de la casa del Subprocurador General de la República, Rafael Rivera Torres, padre de las hermanas Gilda y Ana Suyapa Rivera que fueron llevadas a cárceles clandestinas junto a Guillermo y Edwin Lopez Lone, así como a Milton y Marlen Jiménez, donde estuvieron sometidos a crueles torturas y por eso es que el caso está en la CIDH porque las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en Honduras debido a la impunidad que impera en el país desde ese tiempo. El expediente judicial está en las gavetas del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán,
“Les pedí que me mostraran una orden de allanamiento y en respuesta me dijeron que “cuál orden de allanamiento acá nosotros podemos hacer lo que queramos”, denunció el sindicalista.
Mientras a la esposa de éste, Elisma Suyapa Rodríguez Rodríguez, y a u menor hija, las llevaron a unos metros más allá colocando su rostros contra la pared de unos vecinos apuntándoles a su cabeza si se movían.
Entretanto los policías entraron a revolver todo a la casa, actuando con mucha impunidad y prepotencia, acción que solo se puede hacer en un país como Honduras donde la institucionalidad fue enterrada desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Yo les dije aún estando boca abajo que revisen bien pues posiblemente se habían equivocado, pero uno de los policías me dijo “déjenos hacer nuestro trabajo”. Pasó alrededor de una hora desde que iniciaron el allanamiento. A mi esposa la llevaron hacia adentro y la interrogaron preguntándole dónde trabajaba yo, qué edad tenían los hijos, que si tenían novio o novia y que dónde estudiaban, la mujer de civil que creemos se trata de una fiscal obligó a firmar a mi esposa un documento que ella no pudo leer, señaló Marco Antonio Rodríguez en su testimonio ante el COFADEH
Agregó que a él y a su hijo les dijeron que se levantaran pues estaban boca abajo, para tomarles fotografías en sus rostros, el dirigente sindical siempre preguntó por qué de la acción y nunca encontró respuesta
Después de esa experiencia traumática Marco Antonio Rodríguez tiene la duda sobre qué hicieron los policías dentro de su casa donde permanecieron solos pues la familia estaba en la calle con armas apuntándoles a sus cabeza.
“No sabemos si ellos pudieron haber dejado objetos, sustancias o artefactos prohibidos que puedan usar para incriminarnos posteriormente”, detalló.
Los miembros y miembras del SITRAPANI han venido siendo víctimas de diversas acciones represivas tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, que les han incoado acciones para despojarles del fueron sindical y así deshacerse de este sindicato que enarbola la bandera contra la impunidad y lleva a cabo una lucha de dignidad desde la década de los 80. Su presidente, Gustavo Morales, fue secuestrado y desaparecido por los cuerpos de seguridad de Honduras en 1984.
En los primeros meses del golpe de Estado, la sede del PANI donde se encuentra la organización sindical, fue ametrallada por desconocidos.
Pedro Vicente Elvir, quien fungió como presidente hasta los primeros meses de este año, ha sido víctima de constantes amenazas, entre ellas un intento de asesinato, después de participar en una marcha de la resistencia, meses atrás cuando un hombre le disparó por varias ocasiones y salvó su vida gracias a que sus vecinos estuvieron alertas al hecho. Después su vehículo fue saboteado, desconocidos le quitaron las tuercas de las llantas para simular un accidente.
Un día después de que a Marco Antonio Rodríguez la PMOP le allanara la casa, el 11 de octubre, hombres armados le atravesaron un vehículo a Elvir cuando circulaba por el anillo periférico.
También Dagoberto Posadas, actual presidente de SITRAPANI ha recibido varias amenazas a muerte y seguimiento por desconocidos que se transportan en vehículos sin placas y que están fuertemente armados.
Pero estos últimos hechos también coinciden con la presentación de un Requerimiento Fiscal por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos en contra de Gladys Suyapa Santos Reyes y Julio Cesar Cruz Manun, Directora y Asesor Legal del Patronato Nacional de la Infancia, respectivamente, por los delitos de Abuso de Autoridad y discriminación en Contra de Pedro Vicente Elvir, Dagoberto Posadas Cruz, Julián Sánchez Aguilera, Marlon Abraham Arias, José Mauricio Reyes, Jorge Alberto Parada, Luis Armando Murillo, Nora margarita Pavón, Sonia Margarita Bustillos, Marco Antonio Rodríguez Ochoa, Mariela Lizeth Salinas, Enrique Antonio Torres, Mirna Luz Rodríguez Jorge Alberto Sierra, María del Carmen Matamoros, Roger Humberto Midence, Blanca Isabel Ochoa, y la Administración Pública. Presentado el 14 de octubre de 2013, pero que había sido notificado en forma previa a los abogados del SITRAPANI por esta Fiscalía.
El COFADEH a través de su Coordinadora General, Bertha Oliva ha presentado en esta semana la denuncia ante la CIDH, solicitando medidas de protección urgentes para salvaguardar la vida de Marco Antonio Rodríguez y Pedro Vicente Elvir.
Cuál orden de allanamiento
Eran las cinco de la mañana, la familia Rodríguez Rodríguez dormía sin contratiempos, pero los gritos y golpes en las puertas los hizo perder la tranquilidad, eran hombres encapuchados con uniformes de la Policía Militar que saltaron las verjas de la casa y casi derribaban la puerta, lo que obligó a la esposa del Vicepresidente del SITRAPANI a salir para ver lo qué pasaba, su hija e hijo menor estaban asustados.
“Abran hijos de p…. que si no vamos a disparar”, dijeron los elementos de este cuerpo represivo del Estado para obligarlos a abrir la puerta, en cuanto lo hicieron los empujones no se hicieron esperar, el hijo menor fue sacado a empellones con una pistola apuntándole a la cara al igual que a su padre el sindicalista Marco Antonio, ambos fueron colocados pecho a tierra en la calle y los enchacharon a ambos.
Este caso recuerda el allanamiento, secuestro, desaparición y torturas del caso conocido como los seis estudiantes que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En aquel entonces un pelotón comandado por Billy Fernando Joya Améndola, integrante de escuadrones de la muerte en esa década, igual que en este caso saltaron el muro perimetral de la casa del Subprocurador General de la República, Rafael Rivera Torres, padre de las hermanas Gilda y Ana Suyapa Rivera que fueron llevadas a cárceles clandestinas junto a Guillermo y Edwin Lopez Lone, así como a Milton y Marlen Jiménez, donde estuvieron sometidos a crueles torturas y por eso es que el caso está en la CIDH porque las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en Honduras debido a la impunidad que impera en el país desde ese tiempo. El expediente judicial está en las gavetas del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán,
“Les pedí que me mostraran una orden de allanamiento y en respuesta me dijeron que “cuál orden de allanamiento acá nosotros podemos hacer lo que queramos”, denunció el sindicalista.
Mientras a la esposa de éste, Elisma Suyapa Rodríguez Rodríguez, y a u menor hija, las llevaron a unos metros más allá colocando su rostros contra la pared de unos vecinos apuntándoles a su cabeza si se movían.
Entretanto los policías entraron a revolver todo a la casa, actuando con mucha impunidad y prepotencia, acción que solo se puede hacer en un país como Honduras donde la institucionalidad fue enterrada desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Yo les dije aún estando boca abajo que revisen bien pues posiblemente se habían equivocado, pero uno de los policías me dijo “déjenos hacer nuestro trabajo”. Pasó alrededor de una hora desde que iniciaron el allanamiento. A mi esposa la llevaron hacia adentro y la interrogaron preguntándole dónde trabajaba yo, qué edad tenían los hijos, que si tenían novio o novia y que dónde estudiaban, la mujer de civil que creemos se trata de una fiscal obligó a firmar a mi esposa un documento que ella no pudo leer, señaló Marco Antonio Rodríguez en su testimonio ante el COFADEH
Agregó que a él y a su hijo les dijeron que se levantaran pues estaban boca abajo, para tomarles fotografías en sus rostros, el dirigente sindical siempre preguntó por qué de la acción y nunca encontró respuesta
Después de esa experiencia traumática Marco Antonio Rodríguez tiene la duda sobre qué hicieron los policías dentro de su casa donde permanecieron solos pues la familia estaba en la calle con armas apuntándoles a sus cabeza.
“No sabemos si ellos pudieron haber dejado objetos, sustancias o artefactos prohibidos que puedan usar para incriminarnos posteriormente”, detalló.
Los miembros y miembras del SITRAPANI han venido siendo víctimas de diversas acciones represivas tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, que les han incoado acciones para despojarles del fueron sindical y así deshacerse de este sindicato que enarbola la bandera contra la impunidad y lleva a cabo una lucha de dignidad desde la década de los 80. Su presidente, Gustavo Morales, fue secuestrado y desaparecido por los cuerpos de seguridad de Honduras en 1984.
En los primeros meses del golpe de Estado, la sede del PANI donde se encuentra la organización sindical, fue ametrallada por desconocidos.
Pedro Vicente Elvir, quien fungió como presidente hasta los primeros meses de este año, ha sido víctima de constantes amenazas, entre ellas un intento de asesinato, después de participar en una marcha de la resistencia, meses atrás cuando un hombre le disparó por varias ocasiones y salvó su vida gracias a que sus vecinos estuvieron alertas al hecho. Después su vehículo fue saboteado, desconocidos le quitaron las tuercas de las llantas para simular un accidente.
Un día después de que a Marco Antonio Rodríguez la PMOP le allanara la casa, el 11 de octubre, hombres armados le atravesaron un vehículo a Elvir cuando circulaba por el anillo periférico.
También Dagoberto Posadas, actual presidente de SITRAPANI ha recibido varias amenazas a muerte y seguimiento por desconocidos que se transportan en vehículos sin placas y que están fuertemente armados.
Pero estos últimos hechos también coinciden con la presentación de un Requerimiento Fiscal por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos en contra de Gladys Suyapa Santos Reyes y Julio Cesar Cruz Manun, Directora y Asesor Legal del Patronato Nacional de la Infancia, respectivamente, por los delitos de Abuso de Autoridad y discriminación en Contra de Pedro Vicente Elvir, Dagoberto Posadas Cruz, Julián Sánchez Aguilera, Marlon Abraham Arias, José Mauricio Reyes, Jorge Alberto Parada, Luis Armando Murillo, Nora margarita Pavón, Sonia Margarita Bustillos, Marco Antonio Rodríguez Ochoa, Mariela Lizeth Salinas, Enrique Antonio Torres, Mirna Luz Rodríguez Jorge Alberto Sierra, María del Carmen Matamoros, Roger Humberto Midence, Blanca Isabel Ochoa, y la Administración Pública. Presentado el 14 de octubre de 2013, pero que había sido notificado en forma previa a los abogados del SITRAPANI por esta Fiscalía.
El COFADEH a través de su Coordinadora General, Bertha Oliva ha presentado en esta semana la denuncia ante la CIDH, solicitando medidas de protección urgentes para salvaguardar la vida de Marco Antonio Rodríguez y Pedro Vicente Elvir.
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