Honduras: Organizaciones declaran emergencia de derechos humanos a 30 días de las elecciones

defensoresenlinea.com

Por Defensores en Línea

La creación del espacio llamada la Mesa de Análisis sobre la Situación de Derechos Humanos antes, durante y después de las elecciones generales para monitorear las diferentes violaciones que se están generando fue anunciado este viernes 25 de octubre por cinco organizaciones que la conforman y que estarán realizando diferentes acciones de denuncia como una estrategia preventiva para proteger a las víctimas de la barbarie que, desde el estado de Honduras, se echó a andar en los últimos meses previos a las elecciones generales del 24 de noviembre próximo. 

Esta mesa está integrada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS; el COFADEH, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.

“Estamos en la capacidad de decirle a la comunidad nacional e internacional que Honduras ha entrado en un estado de emergencia nacional en materia de derechos humanos, eso lo hemos estado analizando diferentes organizaciones que integramos la mesa, basadas en las denuncias que se han venido  dando a nivel nacional y las campañas de desprestigio y de odio que se han generado en el actual momento” dijo Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH quien se dirigió a periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en una conferencia de prensa en la capital.

Otro de los problemas señalados es la militarización que ha generado varias intimidaciones que colindan con el delito y el crimen, por lo que las organizaciones antes indicadas consideran que Honduras está viviendo en emergencia de derechos humanos.

“Estamos a 30 días de las elecciones generales y están indicando el contexto grave de militarización seguido de violación a los diferentes actores sociales. Según el monitoreo, las mayores víctimas hasta estos momentos han sido los miembros del Partido LIBRE, no queremos decir con esto que no hay otros miembros de los diferentes partidos que les han violentado sus derechos,  agregó Oliva.

Informó que la mesa va a sacar los resultados de las denuncias que tenemos y que vamos a dar a conocer con el propósito que la comunidad nacional e internacional esté al día de lo que está pasando y nunca lo vamos a hacer con el objetivo de sembrar el terror porque estamos consientes que todo esto se está generando para que la población hondureña sienta terror, entre en el proceso de desmovilización para que en estos 30 días lo medite de ir a ejercer el sufragio.

Argumentó que la mesa de análisis se conformó para que la población tenga conciencia y sepa en el momento que se está moviendo para que actúe con conciencia pero con decisión, es necesario que sepan que la mesa estará con esta tarea y además que se están preparando delegaciones internacionales que no solo vienen a observar el proceso electoral sino que acompañarán el monitoreo de la situación de los derechos humanos.

La mesa de análisis creada estará convocando con frecuencia para dar a conocer los casos de violaciones a los derechos humanos, pero la situación hasta estos momentos es alarmante y por eso decimos que hay emergencia en derechos humanos, señalaron.

Entre los casos presentados está el relacionado con el SITRAPANI ha venido siendo víctima de amenazas e intento de muertes. “Casualmente cuando se emitió un requerimiento fiscal contra las autoridades que han cometido Abuso de Autoridad contra los miembros de este sindicato y  el día que se presentó ese requerimiento la casa del vicepresidente de esta organización fue allanada por la Policía Militar que lo sometieron a él junto a su familia a los más crueles vejámenes, indica que están actuando muy coordinadamente para que los sindicalistas se queden en calma, expresó la Coordinadora del COFADEH.

Relacionó asimismo el caso de Edwin Robelo Espinal, “que le venimos dando seguimiento desde el 2009 cuando fue asesinada su esposa Wendy Ávila y las medidas cautelares que él ha tenido por lo que ha sido sometido, pero ya se está configurando un patrón  donde colocan a las maras como quienes son los que hacen daño a las personas que están siendo perseguidos, pero se está claro que hay una acción directa de los operadores de justicia utilizando a la policía militar”.

Estamos preocupadísimas porque estamos en la obligación no solo de denunciar sino acompañar a las víctimas y hacer hasta lo imposible para que se frene esta cacería humanos y esta barbarie que ya está instituida, por eso esta mesa que va a tener vida activa las 24 horas del día destacó.

Pero también los periodistas han sido afectados, no podemos estar indiferentes ante esta situación, pues en el marco de la puesta en marcha de la Policía Militar también han sido visitados en sus hogares bajo el pretexto que su vehículo ha servido para transportar armas o que las tienen en sus casas. El objetivo es que en el futuro se pueda decir que aquí hay un plan de desestabilización y que hay terroristas, denunció.

Gilda Rivera, del CDM dijo que lo que están haciendo es evadir la responsabilidad en los delitos de las múltiples violaciones a los derechos humanos y entre estas algunas de las víctimas son miembras de organizaciones sociales que han estado activas contras las políticas de persecución y represión desde el golpe de Estado o sea personas ligadas a la oposición política.

Gladys Lanza del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla agregó que estamos en una emergencia que se ha agudizando desde el golpe de Estado, se ha venido acumulando una serie de violaciones a derechos humanos que el Estado como tal se muestra indiferente.

Hemos visto como se ha ido conformando un patrón por parte de los cuerpos represivos del Estado para ir justificando una serie de actos que van desde allanamientos, acusaciones falsa y crear expedientes que no tienen ningún fundamento, alertó.

Por su parte Carlos H. Reyes del STIBYS dijo que de lo que se trata es que la oligarquía no quiere hacer entrega del poder después de un golpe de Estado, no estamos hablando como del Partido LIBRE sino que estamos hablando que se quiere preservar el estatus quo implementando un modelo neoliberal que es criminal.

Esta acción de emergencia que estamos tomando es para que los hondureños tomemos conciencia que los que dieron el golpe, quieren seguir en el golpe y están violentando los derechos humanos para meternos temor, añadió.

“Estaba viendo en medios de comunicación que están haciendo entrevistas a personas para que digan por quién van a votar y ellas tienen miedo de hablar cuántos compañeros nos han asesinado diciendo que tenía un amante o que andaba en otras cosas, pero lo que se quiere es que se continúe el estado de cosas para poder seguir gozando de los recursos naturales”, expresó Reyes.

María Elena Méndez, del CEM-H manifestó que  esa estrategia que obedece a un poder económico que se quiere conservar con alianzas ultra conservadoras internacionales, pero la historia de este país está cambiando con toda la fuerza social que ha surgido hay un golpe para el bipartidismo.

“Es una base social de un pueblo que está indignado porque realmente porque todo el proceso de lo que ha significado el golpe de Estado con la criminalización de la protesta social como es el caso de Bertha Cáceres y Magdalena Morales y más de 600 más que están siendo criminalizadas por la lucha que están haciendo de sus territorios”, reflexionó.

Asimismo describió que hay un pueblo con una conciencia política que independientemente gane o no LIBRE es un pueblo que se ha lanzado a un cambio y está desmontando toda esta campaña mediática de mentiras que se están dando.

En un comunicado de prensa entregado a los periodistas de los medios de comunicación señalan que hay una situación extremadamente peligrosa que impacta directamente sobre los derechos humanos.

Describieron diferentes casos de asesinatos, amenazas a muerte, hostigamiento, falsas acusaciones y la instrumentalización del Sistema de Justicia hondureño junto a la recién creada Policía Militar para desbaratar la disidencia política en el país.

Este es el texto completo del comunicado:

Proceso electoral: Un peligroso contexto para los derechos humanos

Las organizaciones que integramos la Mesa de Análisis Político de la Situación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Proceso Electoral, denunciamos que la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país,  impacta directamente en los derechos humanos, de acuerdo a los siguientes hechos:

En la última semana, prevaliéndose de la emergencia nacional generada por la inseguridad y violencia, el Partido Nacional a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos.
Además de usar esta dinámica de fuerza para generar voluntad electoral a 30 días de la competencia general, Hernández usa el Ministerio Público y los tribunales para fortalecer  su campaña.

 
Hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista y presidente del Legislativo, a la vez.

 
Asesinatos políticos

 
El Camarógrafo Manuel Murillo Varela, quien gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue encontrado muerto de tres impactos de bala en el rostro, este 23 de octubre  en la Colonia Independencia, de la ciudad de Comayagüela. El se desempeñó en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. Cuando laboró para Globo TV , el 02 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado, y en los últimos años trabajo directamente con Rasel Tomé, aspirante a diputado  por parte del partido político Libertad y Refundación (LIBRE).

 
A comienzos del mes de octubre, el 03, hombres fuertemente armados asesinaron en su labranza a Terencio Paz, Subcoordinador de LIBRE en el Norte del Municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira; una semana antes encapuchados lo habían buscado afanosamente en la zona.

 
Allanamientos

 
El 23 de octubre de este año fue allanada  la casa de Edwin Robelo Espinal, miembro activo de la resistencia contra el golpe de Estado y simpatizante de LIBRE, en la colonia Flor del Campo, de Tegucigalpa, se utilizó como actor principal a la Policía Militar recién creada y ésta, a su vez, utilizó al Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y Ejército.

 
Según el acta del allanamiento que autoriza como juez ejecutor a un sargento del Ejército, el Estado buscaba un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en la residencia de Espinal, al estilo de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe en Colombia, país con el que el régimen suscribió uno de sus primeros convenios en 2010 para interceptar a la resistencia anti golpista.

 
Con su rostro encapuchado, el sargento raso que ejecutó el atraco y todo el personal bajo su mando, actuaron por orden del Juez Claudio Aguilar, pieza clave del golpismo para usar el sicariato judicial contra la resistencia hondureña.

 
Otro allanamiento con las mismas características se produjo el 07 de mayo anterior en la vivienda de María Concepción Ortega Lanza. Unos 50 militares encapuchados, con perros amaestrados asaltaron su casa encañonando a toda su familia directamente en su rostro y generando el terror en todos los alrededores del sector de la colonia Kennedy donde habita la afectada quien es activista de LIBRE y hermana de Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Estos militares son parte de la Operación Libertad,  que fue aprobada su existencia en Concejo de Ministros, el 02 de abril de este año.

 
El 11 de octubre pasado, a las 5:00 am, la Policía Militar también entró a la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, sin orden de allanamiento y saltando las paredes, diciendo que buscaba armas.

 
Después, el 12 de octubre, el sindicalista Pedro Elvir, también del SITRAPANI, fue objeto de persecución en el anillo periférico hasta interceptarlo con un vehículo, cuyos ocupantes lo amenazaron.

 
Amenazados a muerte y supuestos asaltos

 
En lo que va del año 20 personas entre activistas y miembros del Partido LIBRE ha sido amenazado a muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara.

 
También se han documentado unos seis casos de supuestos asaltos contra personas vinculadas al activismo de este mismo partido político, en especial en Comayagua y Danlí.
Coinciden estas acciones de terror con una campaña hostil que incita el odio contra la membrecía de LIBRE a través de los periódicos, la televisión, la radio, redes sociales y grafitis, que el Tribunal Supremo Electoral no ha detenido.  Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas en la década de los ochenta, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular,  que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y aplicaron a sus víctimas la Ley Fuga y les sacaron sus uñas en largas sesiones de tortura.

 
Paralelamente a este accionar, los “magistrados” del TSE afirman que la de 2013 es “una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en 1982 en Honduras”.

 
Hemos abierto un expediente para juntar y relacionar las acciones violentas e ilegales cometidas por las tropas militares electorales creadas para influir la campaña del candidato Juan Orlando Hernández y suplantar las instituciones de derecho.

 
Por este medio, advertimos a las misiones de observación electoral y de acompañamiento de derechos humanos que también el golpismo pretende cerrar las fronteras para impedir el ingreso de nuevas misiones y vigilar de cerca las que ya se encuentran dentro del territorio nacional.

 
El uso de fiscales y jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas.