Costa Rica: A cinco meses del asesinato de Jairo Mora ¡Alto a la caza de ecologistas!

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Por Mauricio Álvarez | FECON

Conforme incrementan los conflictos socio-ambientales y la crisis “civilizatoria”, también acrecientan los ataques contra los ecologistas y las comunidades que defienden la vida, actos que además, suelen quedar impunes.

Si bien, Costa Rica lucra por su protección y políticas ambientales, la realidad desnuda profundas incoherencias: la fama (discurso) es proporcional con la contradicción (realidad), a lo que se le suma una variable de escalas (megaproyectos) en comunidades con ecosistemas diversos y frágiles.

En los últimos años, estas contradicciones han sido evidenciadas por la acción de un movimiento de ecologistas y comunidades, que ha logrado denunciar y detener las más agudas -como las industrias extractivas  y  proyectos de infraestructura- en zonas vulnerables.

Una de las respuestas a estas acciones, está representada por los 9 asesinatos de activistas, quedando la mayoría en la impunidad. En 1989, Antonio Zúñiga, indígena luchador en contra de la cacería ilegal, muere en circunstancias no esclarecidas en el Territorio Indígena de Ujarrás. En 1992, Oscar Quirós, dirigente de la lucha contra la deforestación en Sarapiquí muere a balazos, se cree que fue asesinado por madereros debido a sus constantes denuncias. A Jorge Aguilar que luchaba contra la cacería ilegal, lo mataron cuando patrullaba. En 1994, luego de una exitosa campaña contra la instalación de un puerto astillero en el Golfo Dulce; Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), mueren en un incendio cuyas causas aún siguen generando dudas. Meses después, David Maradiaga también de AECO, muere tras una misteriosa desaparición de tres semanas.

En 2011, Kimberley Blackwell, conservacionista canadiense radicada en Costa Rica, aparece asesinada dentro de su casa en Osa después de varios enfrentamientos con cazadores. Se presume que fue por venganza que la mataron, e inclusive un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de su asesinato, se desconoce si hubo condena. Completa la lista Jairo Mora ambientalista que fue asesinado en Moín.

Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 de activistas locales.

Esta es una realidad generaliza. En México, 20 defensores del ambiente han sido asesinados en los últimos seis años y en la mayoría de los casos no se ha hecho justicia (elpais.com,  6-8-2013). En Brasil, Amnistía Internacional denunció que 20 activistas fueron asesinados entre 2011 y 2012; y en lo que va del año, en Mesoamérica se ha asesinado por lo menos a unos 10 de activistas, indígenas y campesinos. En la región, se han documentado en un año 300 casos de amenazas, intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos (Amnistía Internacional, 2012).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado un aumento de actos de violencia en ciertos países contra los defensores ambientales en el período entre el año 2006 hasta 2011. Durante aproximadamente el mismo plazo, la misma Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos recibió 106 comunicaciones sobre defensores ambientales.

Esta alarmante situación se facilita por un modelo que antepone la economía sobre los derechos socio-ambientales, así como por la inexistencia de legislación especial que proteja a los activistas sociales y a los ecologistas. Por el contrario, los crímenes o demandas en su contra suelen enfocarse y tratarse como actos de delincuencia común o simples accidentes.

Ante estos graves hechos de violencia e impunidad, al que se suma el asesinato de Jairo Mora, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear una comisión de justicia y verdad ambiental para documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente. Esta iniciativa es apoyada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,) y por John Knox, experto independiente de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Ambiente.

El Gobierno debe combatir la impunidad, sentando las bases de la verdad y la justicia, para que se detenga este proceso de criminalización, caza y extinción de los defensores del ambiente.