Foto Vanguardia/Especial |
Por David Cilia Olmos |agenciasubversiones.org
El día de hoy 27 de abril se cumplen 3 años del ataque a una caravana humanitaria que se dirigía a la localidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca.
En 4 o más vehículos unas 26 personas llevaban alimentos, medicina y agua a los cerca de 300 habitantes triquis que aún se mantenían en esa localidad luego de 5 meses de un cerco armado establecido por dos grupos paramilitares.
En 4 o más vehículos unas 26 personas llevaban alimentos, medicina y agua a los cerca de 300 habitantes triquis que aún se mantenían en esa localidad luego de 5 meses de un cerco armado establecido por dos grupos paramilitares.
Una de las últimas paradas de la caravana se realizó en Huajuapan de León donde dos periodistas de la Revista Contralínea se incorporaron ya que su objetivo era llegar a San Juan Copala para hacer entrevistas en torno al asesinato, 2 años antes, de las locutoras de la Radio La Voz Que Rompe El Silencio.
No todos los que iban en la caravana llegaron a la desviación de La Sabana en la carretera Juxtlahuaca-Tlaxiaco, hubo quien se bajo antes suponiendo que podría haber violencia.
Las disposiciones que habían tomado los integrantes de la caravana era que ante el primer indicio de acciones hostiles darían vuelta atrás. Ya 5 meses antes, a finales de noviembre, se conocía la experiencia de una caravana de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que realizaba un recorrido exigiendo la libertad de los 12 activistas que en ese momento se mantenían en prisión, la cual había sido interceptada con una valla de rocas en el camino y atacados los vehículos con piedras y palos, en La Sabana, localidad en ese entonces bajo control del grupo paramilitar UBISORT.
Mientras los vehículos se acercaban al recodo del camino en el que minutos más tarde serían atacados con armas de fuego, el grupo de paramilitares alistaba sus armas para entrar en acción.
Dos mujeres triquis que habían salido de San Juan Copala y se dirigían a la localidad de La Sabana por las veredas fueron interceptadas al atravesar la loma escogida por los paramilitares para realizar la masacre y retenidas por los sicarios encabezados por Antonio Cruz García alias Toño Pájaro, temían que si se les dejaba en libertad podrían dar aviso y prevenir a los caravaneros del ataque.
La caravana llegó hasta un recodo del camino donde había piedras que impedían el paso, la camioneta en la que iba Bety Cariño fue la primera en detenerse. En ese momento empezó una lluvia de balas.
Los disparos provenían en ráfagas desde la colina situada de frente a la izquierda. Eran aproximadamente 17 rifles de asalto AK-47 los que simultáneamente eran activados por los sicarios de UBISORT al mando de Toño Pájaro.
En algún momento los disparos disminuyeron y los observadores internacionales, periodistas y defensores de derechos humanos intentaron escapar, el chofer de la primera camioneta, una van de servicio público contratado para el recorrido, intentó dar la vuelta, los demás trataron de retroceder, el vehículo de los periodistas de Contralínea quedó en primer lugar luego del la maniobra de retroceso .
Pero mientras los sicarios disparaban y recargaban sus armas habían avanzado desde la colina hacia los autos. En algún momento Bety Cariño, o sea Alberta Cariño Trujillo, se levantó de donde se había agazapado para tratar de observar la situaciòn. En ese momento, ya a corta distancia, los sicarios de UBISORT le dispararon. Jyri Jaakola Antero, el joven observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa se incorporó para tratar de auxiliarla y en ese momento, igualmente le dispararon a corta distancia los sicarios, ambos morirían en ese momento.
Las camionetas y autos quedaron ensangrentadas y perforados como si fueran parte de una acción de guerra, los sicarios de Ubisort habían disparado más de 1500 balas sobre ellos. El resto de los observadores internacionales y los activistas y periodistas mexicanos salieron como pudieron del área del ataque llegando a la carretera, otros más fueron capturados por los sicarios en su intento por huir y secuestrados temporalmente. Dos periodistas de la Revista Contralínea y dos activistas oaxaqueños, huyeron en dirección contraria al lugar donde provenían los disparos, se internaron en la selva baja de la cañada más cercana donde se lograron esconder y permanecieron ocultos, heridos dos de ellos, sin alimentos ni ropa casi tres días y tres noches.
Luego de la masacre las autoridades policíacas limitaron su actuación a ir a recoger los dos cadáveres de los defensores de derechos humanos asesinados. Llegaron y en 5 minutos hicieron el levantamiento de los cuerpos, los arrojaron a la batea de una camioneta y sin el menor respeto, pero con la mayor prisa por salir de la zona, los trasladaron a Juxtlahuaca.
Del gobierno federal nunca se supo nada
Frente a la presión de familiares y periodistas por encontrar a los desaparecidos, que hasta ese momento sumaban 7, las autoridades policiacas del estado de Oaxaca contestaron “No puedo exponer a mis hombres” y advirtieron “si ustedes entran por su cuenta a la zona les va a pasar lo mismo”.
Frente a la presión internacional el gobierno federal atrajo el caso, las primeras investigaciones fueron realizar la prueba de pruebas de disparo en las manos de ¡los sobrevivientes rescatados! e interrogarlos largamente sobre quién había organizado la caravana.
Sin embargo, desde los primeros días posteriores al ataque, los nombres completos de los sicarios que participaron en la masacre de La Sabana fueron publicados en internet. Los dos testigos presenciales de la actuación del comando de sicarios que emboscó la caravana jamás han sido interrogados. La periodista Erika Ramiréz publica un reportaje sobre un video donde uno de los sicarios describe la participación y los nombres de los sicarios que como él, dispararon ese 27 de abril del 2010. El video fue filmado por las autoridades policíacas y obra en su poder, sin embargo el sicario se encuentra en libertad.
De este video se desprenden los nombres de los principales asesinos de Jyri Jaakola y Bety Cariño. En 2011 y 2012 una par de ellos y el padre de otro fueron reconocidos por el gobierno de Gabino Cue y su siniestro operador Jesús Martinez Alvarez, en ese momento Secretario General de Gobierno, como “autoridad constitucional” de San Juan Copala.
Debido a ese reconocimiento oficial de los sicarios y sus familiares es que el Gobierno de Gabino Cue impidió por la fuerza, con mas de 400 policías, en enero del 2012, el retorno de los habitantes de San Juan Copala a sus hogares. El argumento es que para que los desplazados triquis regresen a su propio territorio ancestral, deben pedir permiso a las “autoridades constitucionales” reconocidos por el gobierno del estado de Oaxaca, y comprometerse por escrito a acatar su “autoridad”, esto es deben pedir permiso a los sicarios que tomaron a sangre y fuego, 5 meses después de la masacre del 27 de abril, la población de San Juan Copala.
Con todos los elementos en la mano desde los primeros días de la masacre, el gobierno del estado de Oaxaca tardó cerca de dos años para ordenar la detención de uno de los líderes de UBISORT Rufino Juárez, involucrado en la masacre.
Esto lo hizo después del paso de Toño Pájaro y la mayoría de sus sicarios de UBISORT a las filas del MULT, la organización paramilitar dominante en la zona triqui.
Las diferencias surgidas y el rechazo de algunos de los sicarios de Ubisort frente a la fusión de esta organización con el MULT durante el cerco paramilitar contra San Juan Copala, causaron que el propio hermano de Rufino Juarez, Anastacio Juarez, fue asesinado por los hombres de Toño Pájaro, su antiguo compañero, en Juxtlahuaca. Así lo declaró a la prensa Maximiliano, uno de sus acompañantes también miembro de Ubisort, quien meses después igualmente sería asesinado en La Sabana localidad en ese momento bajo control armado de Toño Pájaro.
Esta división de Ubisort explica la casi desaparición posterior de Ubisort del escenario, en ese momento la mayoría de sus sicarios, comandados por Toño Pájaro, se encontraban ahora bajo las ordenes directas del MULT, y la minoría de Ubisorto, los que se negaron a incorporarse a la organización paramilitar dominante en la región, luego del asesinato de Anastacio Juarez y de Maximiliano, entendieron bien el mensaje intimidatorio y optaron por replegarse, sobre todo luego de la derrota electoral del PRI en las elecciones de julio del 2010, de lo cual podría preverse que UBISORT, organización 100% priísta, no contaría con el mismo respaldo que hasta ese momento contaba por parte del gobierno de Ulises Ruiz.
Paradójicamente, mientras Rufino Juarez entraba a prisión, se descubriría que el hijo de Toño Pajaro había sido nombrado por el gobierno de Gabino Cue, como el funcionario de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca encargado de las investigaciones judiciales en la región mixteca cuya jurisdicción abarca la zona triqui en conflicto.
Exhibido por los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala este hecho durante una de las reuniones de implementación de medidas cautelares de la CIDH, el gobierno de Oaxaca a duras penas reconoció el hecho y retiró a este personaje de su cargo (junto con su hermano que era responsable regional del DIF). Sin embargo, hasta hace un mes (febrero 2013) podíamos encontrar al hijo de Toño Pájaro como Agente del Ministerio Público en el Hospital General de Oaxaca. Para los sicarios protegidos por las alianzas políticas del gobernador con el MULT, grupo paramilitar dominante.
Por esto, a tres años de “investigaciones” gubernamentales sobre los asesinatos y demás delitos derivados de la emboscada del 27 de abril del 2010, ninguno de los asesinos han sido detenidos, la sociedad tampoco ha sido informada de los avances de la investigación. En cambio las autoridades policiacas del estado de Oaxaca se han dedicado de tiempo completo a poner cercos en contra de los desplazados, a desalojarlos por la fuerza de su campamento, en tomarles fotografías y hostigarlos, en perseguirlos penalmente, tratar de detenerlos y en una lapidaria campaña de desprestigio implementada para incitar a la sociedad al linchamiento contra el pueblo triqui autónomo y sus representantes.
Esto es México.
No todos los que iban en la caravana llegaron a la desviación de La Sabana en la carretera Juxtlahuaca-Tlaxiaco, hubo quien se bajo antes suponiendo que podría haber violencia.
Las disposiciones que habían tomado los integrantes de la caravana era que ante el primer indicio de acciones hostiles darían vuelta atrás. Ya 5 meses antes, a finales de noviembre, se conocía la experiencia de una caravana de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que realizaba un recorrido exigiendo la libertad de los 12 activistas que en ese momento se mantenían en prisión, la cual había sido interceptada con una valla de rocas en el camino y atacados los vehículos con piedras y palos, en La Sabana, localidad en ese entonces bajo control del grupo paramilitar UBISORT.
Mientras los vehículos se acercaban al recodo del camino en el que minutos más tarde serían atacados con armas de fuego, el grupo de paramilitares alistaba sus armas para entrar en acción.
Dos mujeres triquis que habían salido de San Juan Copala y se dirigían a la localidad de La Sabana por las veredas fueron interceptadas al atravesar la loma escogida por los paramilitares para realizar la masacre y retenidas por los sicarios encabezados por Antonio Cruz García alias Toño Pájaro, temían que si se les dejaba en libertad podrían dar aviso y prevenir a los caravaneros del ataque.
La caravana llegó hasta un recodo del camino donde había piedras que impedían el paso, la camioneta en la que iba Bety Cariño fue la primera en detenerse. En ese momento empezó una lluvia de balas.
Los disparos provenían en ráfagas desde la colina situada de frente a la izquierda. Eran aproximadamente 17 rifles de asalto AK-47 los que simultáneamente eran activados por los sicarios de UBISORT al mando de Toño Pájaro.
En algún momento los disparos disminuyeron y los observadores internacionales, periodistas y defensores de derechos humanos intentaron escapar, el chofer de la primera camioneta, una van de servicio público contratado para el recorrido, intentó dar la vuelta, los demás trataron de retroceder, el vehículo de los periodistas de Contralínea quedó en primer lugar luego del la maniobra de retroceso .
Pero mientras los sicarios disparaban y recargaban sus armas habían avanzado desde la colina hacia los autos. En algún momento Bety Cariño, o sea Alberta Cariño Trujillo, se levantó de donde se había agazapado para tratar de observar la situaciòn. En ese momento, ya a corta distancia, los sicarios de UBISORT le dispararon. Jyri Jaakola Antero, el joven observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa se incorporó para tratar de auxiliarla y en ese momento, igualmente le dispararon a corta distancia los sicarios, ambos morirían en ese momento.
Las camionetas y autos quedaron ensangrentadas y perforados como si fueran parte de una acción de guerra, los sicarios de Ubisort habían disparado más de 1500 balas sobre ellos. El resto de los observadores internacionales y los activistas y periodistas mexicanos salieron como pudieron del área del ataque llegando a la carretera, otros más fueron capturados por los sicarios en su intento por huir y secuestrados temporalmente. Dos periodistas de la Revista Contralínea y dos activistas oaxaqueños, huyeron en dirección contraria al lugar donde provenían los disparos, se internaron en la selva baja de la cañada más cercana donde se lograron esconder y permanecieron ocultos, heridos dos de ellos, sin alimentos ni ropa casi tres días y tres noches.
Luego de la masacre las autoridades policíacas limitaron su actuación a ir a recoger los dos cadáveres de los defensores de derechos humanos asesinados. Llegaron y en 5 minutos hicieron el levantamiento de los cuerpos, los arrojaron a la batea de una camioneta y sin el menor respeto, pero con la mayor prisa por salir de la zona, los trasladaron a Juxtlahuaca.
Del gobierno federal nunca se supo nada
Frente a la presión de familiares y periodistas por encontrar a los desaparecidos, que hasta ese momento sumaban 7, las autoridades policiacas del estado de Oaxaca contestaron “No puedo exponer a mis hombres” y advirtieron “si ustedes entran por su cuenta a la zona les va a pasar lo mismo”.
Frente a la presión internacional el gobierno federal atrajo el caso, las primeras investigaciones fueron realizar la prueba de pruebas de disparo en las manos de ¡los sobrevivientes rescatados! e interrogarlos largamente sobre quién había organizado la caravana.
Sin embargo, desde los primeros días posteriores al ataque, los nombres completos de los sicarios que participaron en la masacre de La Sabana fueron publicados en internet. Los dos testigos presenciales de la actuación del comando de sicarios que emboscó la caravana jamás han sido interrogados. La periodista Erika Ramiréz publica un reportaje sobre un video donde uno de los sicarios describe la participación y los nombres de los sicarios que como él, dispararon ese 27 de abril del 2010. El video fue filmado por las autoridades policíacas y obra en su poder, sin embargo el sicario se encuentra en libertad.
De este video se desprenden los nombres de los principales asesinos de Jyri Jaakola y Bety Cariño. En 2011 y 2012 una par de ellos y el padre de otro fueron reconocidos por el gobierno de Gabino Cue y su siniestro operador Jesús Martinez Alvarez, en ese momento Secretario General de Gobierno, como “autoridad constitucional” de San Juan Copala.
Debido a ese reconocimiento oficial de los sicarios y sus familiares es que el Gobierno de Gabino Cue impidió por la fuerza, con mas de 400 policías, en enero del 2012, el retorno de los habitantes de San Juan Copala a sus hogares. El argumento es que para que los desplazados triquis regresen a su propio territorio ancestral, deben pedir permiso a las “autoridades constitucionales” reconocidos por el gobierno del estado de Oaxaca, y comprometerse por escrito a acatar su “autoridad”, esto es deben pedir permiso a los sicarios que tomaron a sangre y fuego, 5 meses después de la masacre del 27 de abril, la población de San Juan Copala.
Con todos los elementos en la mano desde los primeros días de la masacre, el gobierno del estado de Oaxaca tardó cerca de dos años para ordenar la detención de uno de los líderes de UBISORT Rufino Juárez, involucrado en la masacre.
Esto lo hizo después del paso de Toño Pájaro y la mayoría de sus sicarios de UBISORT a las filas del MULT, la organización paramilitar dominante en la zona triqui.
Las diferencias surgidas y el rechazo de algunos de los sicarios de Ubisort frente a la fusión de esta organización con el MULT durante el cerco paramilitar contra San Juan Copala, causaron que el propio hermano de Rufino Juarez, Anastacio Juarez, fue asesinado por los hombres de Toño Pájaro, su antiguo compañero, en Juxtlahuaca. Así lo declaró a la prensa Maximiliano, uno de sus acompañantes también miembro de Ubisort, quien meses después igualmente sería asesinado en La Sabana localidad en ese momento bajo control armado de Toño Pájaro.
Esta división de Ubisort explica la casi desaparición posterior de Ubisort del escenario, en ese momento la mayoría de sus sicarios, comandados por Toño Pájaro, se encontraban ahora bajo las ordenes directas del MULT, y la minoría de Ubisorto, los que se negaron a incorporarse a la organización paramilitar dominante en la región, luego del asesinato de Anastacio Juarez y de Maximiliano, entendieron bien el mensaje intimidatorio y optaron por replegarse, sobre todo luego de la derrota electoral del PRI en las elecciones de julio del 2010, de lo cual podría preverse que UBISORT, organización 100% priísta, no contaría con el mismo respaldo que hasta ese momento contaba por parte del gobierno de Ulises Ruiz.
Paradójicamente, mientras Rufino Juarez entraba a prisión, se descubriría que el hijo de Toño Pajaro había sido nombrado por el gobierno de Gabino Cue, como el funcionario de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca encargado de las investigaciones judiciales en la región mixteca cuya jurisdicción abarca la zona triqui en conflicto.
Exhibido por los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala este hecho durante una de las reuniones de implementación de medidas cautelares de la CIDH, el gobierno de Oaxaca a duras penas reconoció el hecho y retiró a este personaje de su cargo (junto con su hermano que era responsable regional del DIF). Sin embargo, hasta hace un mes (febrero 2013) podíamos encontrar al hijo de Toño Pájaro como Agente del Ministerio Público en el Hospital General de Oaxaca. Para los sicarios protegidos por las alianzas políticas del gobernador con el MULT, grupo paramilitar dominante.
Por esto, a tres años de “investigaciones” gubernamentales sobre los asesinatos y demás delitos derivados de la emboscada del 27 de abril del 2010, ninguno de los asesinos han sido detenidos, la sociedad tampoco ha sido informada de los avances de la investigación. En cambio las autoridades policiacas del estado de Oaxaca se han dedicado de tiempo completo a poner cercos en contra de los desplazados, a desalojarlos por la fuerza de su campamento, en tomarles fotografías y hostigarlos, en perseguirlos penalmente, tratar de detenerlos y en una lapidaria campaña de desprestigio implementada para incitar a la sociedad al linchamiento contra el pueblo triqui autónomo y sus representantes.
Esto es México.
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