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Ollantay Itzamná - Rebelión
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, estableció el año 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, considerando que del acceso al servicio de la energía eléctrica dependen el disfrute de otros derechos como la educación, la salud, la alimentación, etc.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, estableció el año 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, considerando que del acceso al servicio de la energía eléctrica dependen el disfrute de otros derechos como la educación, la salud, la alimentación, etc.
¿Imagina Ud. hospitales o centros de investigaciones sin energía eléctrica? Sin embargo, en este momento, cerca de mil cuatrocientos millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica en el mundo. Y, en algunos casos, este servicio, lejos de garantizar derechos, por la mercantilización de la energía eléctrica, se ha convertido en una pesadilla para usuarios empobrecidos. Veamos el caso de Guatemala.
Don David, miembro de un comité local para la nacionalización de la energía eléctrica, en la zona oriental de Guatemala (Zacapa), indica: “Luego que se privatizó la luz, progresivamente los campesinos fuimos trabajando sólo para ajustar la facturación mensual de la luz. Pero, ahora, ya no podemos más. Antes pagábamos como 40 Quetzales ($ 5.00) mensuales, pero en los últimos meses las facturas no venían con menos de 1,500 a 3,000 Quetzales. ¿De dónde vamos a pagar si al campesino no nos pagan ni 50 Quetzales diarios?”
Don Francisco, en Huehuetenango, se queja furioso en una reunión campesina porque la última factura de luz que recibió era de 16,000 Quetzales acumulados de tres meses. Él dice: “Si sólo tengo tres foquitos y la refrigeradora, no entiendo por qué me cobran tanto”. Dña. Candelaria, indígena quiché, comenta: “En mi comunidad no hay alumbrado público, pero en la factura dice 70 Quetzales por alumbrado público. Incluso el maíz para la tortilla tenemos que vender para pagar la luz. Por eso nos hemos desconectado de los medidores”.
A 16 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Estado/Ejército y la URNG, se evidencia que, en buena medida, aquel Acuerdo sólo fue para crear las condiciones jurídicas y políticas seguras para el afianzamiento del sistema neoliberal recargado. Los Programas de Ajuste Estructural del FMI y las “inversiones” del BM y del DID se empecinaron en esquilmar a guatemaltecas/os empobrecidos y dárselo todo a las corporaciones y empresas privadas. Eso se hizo también con el servicio de la energía eléctrica (privatizado en 1996), cuya subvención estatal para el 2012 es de mil millones de Quetzales para “evitar” alzas en las tarifas.
A desconectarse de los medidores
Ante la avaricia y los cobros abusivos de la empresa privada de energía eléctrica (DEOCSA-DEORSA, actualmente denominada Energuate), los usuarios, lejos de renunciar a su legítimo derecho de acceso a la energía eléctrica, decidieron emprender una progresiva y comunitaria huelga inédita que cosiste en desconectarse de los medidores de consumo de energía y conectarse de manera directa, exigiendo la nacionalización de este servicio. La consigna es: “La energía es nuestra, y mientras no se nacionalice no pagamos”
Hasta hace tres meses atrás, sólo había cerca de 100 comunidades campesinas en huelga permanente, algunas desde hace dos años (comunidades integrantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA). Ahora, ya suman cerca de 200 comunidades a nivel nacional. En el oriente del país, municipios enteros, con el apoyo moral de las autoridades ediles, se han desconectado, y muchos otros están en proceso.
La metodología es: las comunidades se reúnen, evalúan el monto de las facturas de luz, se informan de la lucha emprendida por integrantes de CODECA, invitan a dirigentes campesinos de CODECA para que les explique los motivos y objetivos de la lucha. Una vez decididos a sumarse a la huelga nacional, conforman sus comités locales, se desconectan de los medidores, y en la entrada a los barrios y/o comunidades colocan sus mantas pintadas que dice: “Fuera DEOCSA-DEORSA, CODECA presente”. Luego, la vigilancia vecinal ya no permite el ingreso de técnicos de la empresa de energía que buscan manipular los transformadores.
Esta acción colectiva, ¿delito o derecho?
El sector empresarial amenaza a las y los dirigentes de CODECA con mandarlos a la cárcel por robo de energía, las comunidades organizadas en huelga sostienen que ejercen su legítimo derecho a la protesta, y que si hay cárcel para sus dirigentes el Estado deberá contar con cárceles suficientes para los más de 30 mil afiliados de la organización. Lo cierto es que, según el Art. 17° de la Constitución Política de Guatemala, “No hay cárcel por deuda”, y los campesinos no están robando energía, sino exigiendo la nacionalización de la energía.
Una de las participantes en la asamblea sostiene: “No estamos robando energía, tampoco nos resistimos a pagar por la luz, sino que estamos exigiendo nuestro derecho a la energía eléctrica”. El Art. 45° de la Constitución Política establece: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. En esta disposición se fundamentan los huelguistas para su acción colectiva.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución N° 1803, 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que los Estados, en sus legítimos ejercicios de su soberanía, y por utilidad pública y función social, podrán recuperar la propiedad y el control sobre sus recursos y riquezas. Y con un enfoque de derechos, en su aspiración de aproximar a la humanidad a los objetivos del milenio, la ONU, en su Resolución N° 65/151, de 2010, establece el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos para estimular a los estados miembros a que garanticen este servicio a toda su población. Guatemala firmó ambas resoluciones.
Aún nadie sabe con certeza en qué concluirá esta lucha desigual de las y los despojados por su derecho a la energía. Casi el 40% de la energía eléctrica en Guatemala es generada por termoeléctricas (a base de hidrocarburos). Y, con petróleo subvencionado por el Estado. Los precios del petróleo en el mercado mundial no paran de subir, al igual que la temperatura media de la Madre Tierra producto de la “civilización” del petróleo. Si bien en Guatemala se intenta transitar hacia las hidroeléctricas, pero, económicamente esta opción será más de lo mismo, porque son las mismas empresas de termoeléctrica que ahora se adjudican los ríos para mercantilizar la energía “limpia”.
Lo único cierto es que la avaricia y los abusos de la empresa de energía eléctrica en Guatemala está empujando a la población a organizarse para defender sus derechos, y con esta acción de hormigas golpean a la parte más sensible del sistema: las ganancias económicas. Según Don Mauro Vay, dirigente de CODECA, la lucha colectiva por la nacionalización de la energía es una batalla que fortalecerá al movimiento campesino/indígena en su agenda política por la recuperación del Estado y de los bienes comunes.
La comunidad nacional e internacional tendrá que estar vigilante para observar la reacción del Gobierno Nacional. Si el Gral. Otto Pérez encabeza un gobierno democrático, entonces, tendrá que priorizar el diálogo y la garantía de los derechos del pueblo guatemalteco, antes que recurrir a la criminación de las organizaciones sociales o la represión contra dirigentes campesinos e indígenas consecuentes con los ideales de la humanidad: la satisfacción de derechos.
Don Francisco, en Huehuetenango, se queja furioso en una reunión campesina porque la última factura de luz que recibió era de 16,000 Quetzales acumulados de tres meses. Él dice: “Si sólo tengo tres foquitos y la refrigeradora, no entiendo por qué me cobran tanto”. Dña. Candelaria, indígena quiché, comenta: “En mi comunidad no hay alumbrado público, pero en la factura dice 70 Quetzales por alumbrado público. Incluso el maíz para la tortilla tenemos que vender para pagar la luz. Por eso nos hemos desconectado de los medidores”.
A 16 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Estado/Ejército y la URNG, se evidencia que, en buena medida, aquel Acuerdo sólo fue para crear las condiciones jurídicas y políticas seguras para el afianzamiento del sistema neoliberal recargado. Los Programas de Ajuste Estructural del FMI y las “inversiones” del BM y del DID se empecinaron en esquilmar a guatemaltecas/os empobrecidos y dárselo todo a las corporaciones y empresas privadas. Eso se hizo también con el servicio de la energía eléctrica (privatizado en 1996), cuya subvención estatal para el 2012 es de mil millones de Quetzales para “evitar” alzas en las tarifas.
A desconectarse de los medidores
Ante la avaricia y los cobros abusivos de la empresa privada de energía eléctrica (DEOCSA-DEORSA, actualmente denominada Energuate), los usuarios, lejos de renunciar a su legítimo derecho de acceso a la energía eléctrica, decidieron emprender una progresiva y comunitaria huelga inédita que cosiste en desconectarse de los medidores de consumo de energía y conectarse de manera directa, exigiendo la nacionalización de este servicio. La consigna es: “La energía es nuestra, y mientras no se nacionalice no pagamos”
Hasta hace tres meses atrás, sólo había cerca de 100 comunidades campesinas en huelga permanente, algunas desde hace dos años (comunidades integrantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA). Ahora, ya suman cerca de 200 comunidades a nivel nacional. En el oriente del país, municipios enteros, con el apoyo moral de las autoridades ediles, se han desconectado, y muchos otros están en proceso.
La metodología es: las comunidades se reúnen, evalúan el monto de las facturas de luz, se informan de la lucha emprendida por integrantes de CODECA, invitan a dirigentes campesinos de CODECA para que les explique los motivos y objetivos de la lucha. Una vez decididos a sumarse a la huelga nacional, conforman sus comités locales, se desconectan de los medidores, y en la entrada a los barrios y/o comunidades colocan sus mantas pintadas que dice: “Fuera DEOCSA-DEORSA, CODECA presente”. Luego, la vigilancia vecinal ya no permite el ingreso de técnicos de la empresa de energía que buscan manipular los transformadores.
Esta acción colectiva, ¿delito o derecho?
El sector empresarial amenaza a las y los dirigentes de CODECA con mandarlos a la cárcel por robo de energía, las comunidades organizadas en huelga sostienen que ejercen su legítimo derecho a la protesta, y que si hay cárcel para sus dirigentes el Estado deberá contar con cárceles suficientes para los más de 30 mil afiliados de la organización. Lo cierto es que, según el Art. 17° de la Constitución Política de Guatemala, “No hay cárcel por deuda”, y los campesinos no están robando energía, sino exigiendo la nacionalización de la energía.
Una de las participantes en la asamblea sostiene: “No estamos robando energía, tampoco nos resistimos a pagar por la luz, sino que estamos exigiendo nuestro derecho a la energía eléctrica”. El Art. 45° de la Constitución Política establece: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. En esta disposición se fundamentan los huelguistas para su acción colectiva.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución N° 1803, 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que los Estados, en sus legítimos ejercicios de su soberanía, y por utilidad pública y función social, podrán recuperar la propiedad y el control sobre sus recursos y riquezas. Y con un enfoque de derechos, en su aspiración de aproximar a la humanidad a los objetivos del milenio, la ONU, en su Resolución N° 65/151, de 2010, establece el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos para estimular a los estados miembros a que garanticen este servicio a toda su población. Guatemala firmó ambas resoluciones.
Aún nadie sabe con certeza en qué concluirá esta lucha desigual de las y los despojados por su derecho a la energía. Casi el 40% de la energía eléctrica en Guatemala es generada por termoeléctricas (a base de hidrocarburos). Y, con petróleo subvencionado por el Estado. Los precios del petróleo en el mercado mundial no paran de subir, al igual que la temperatura media de la Madre Tierra producto de la “civilización” del petróleo. Si bien en Guatemala se intenta transitar hacia las hidroeléctricas, pero, económicamente esta opción será más de lo mismo, porque son las mismas empresas de termoeléctrica que ahora se adjudican los ríos para mercantilizar la energía “limpia”.
Lo único cierto es que la avaricia y los abusos de la empresa de energía eléctrica en Guatemala está empujando a la población a organizarse para defender sus derechos, y con esta acción de hormigas golpean a la parte más sensible del sistema: las ganancias económicas. Según Don Mauro Vay, dirigente de CODECA, la lucha colectiva por la nacionalización de la energía es una batalla que fortalecerá al movimiento campesino/indígena en su agenda política por la recuperación del Estado y de los bienes comunes.
La comunidad nacional e internacional tendrá que estar vigilante para observar la reacción del Gobierno Nacional. Si el Gral. Otto Pérez encabeza un gobierno democrático, entonces, tendrá que priorizar el diálogo y la garantía de los derechos del pueblo guatemalteco, antes que recurrir a la criminación de las organizaciones sociales o la represión contra dirigentes campesinos e indígenas consecuentes con los ideales de la humanidad: la satisfacción de derechos.
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