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La Jornada
En días recientes, el diferendo entre la petrolera y el gobierno de Argentina ha crecido hasta adquirir tonos de conflicto internacional.
El pasado jueves, el ministro español de Industria, José Manuel Soria, afirmó que cualquier "gesto de hostilidad" contra empresas de su país sería interpretado como un gesto "hacia España" y traería "consecuencias".
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Ayer, el canciller español, José Manuel García-Margallo, pidió al gobierno de México –en su calidad de presidente pro témpore del G-20– que ayude a la petrolera trasnacional ante la perspectiva de una posible nacionalización por el régimen de Buenos Aires, llamado que es imposible desvincular del interés económico de las autoridades de nuestro país en la firma española, redimensionado tras la reciente adquisición –con dinero público y con resultados desastrosos para México— de casi un 5 por ciento de sus acciones por Petróleos Mexicanos.
Es importante subrayar que la referida confrontación entre la petrolera trasnacional y el gobierno argentino no se debe a una "actitud hostil" del segundo hacia la primera, ni mucho menos a un capricho de la administración que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, sino, fundamentalmente, al incumplimiento por Repsol-YPF –que controlan 37 por ciento de las reservas petroleras de la nación sudamericana y 55 por ciento del mercado de combustible– de sus compromisos de inversión en la industria petrolera argentina, lo cual afecta las necesidades y la soberanía energéticas de ese país.
El telón de fondo ineludible es el historial de saqueo y de afectaciones que ha protagonizado la empresa petrolera española a las poblaciones y a los patrimonios de naciones como Argentina y México. En el país sudamericano, dicho historial puede rastrarse desde el propio proceso de privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem: éste, tras haber asumido la deuda de la empresa petrolera y haber despedido a casi 35 mil de sus trabajadores, remató YPF en una operación irregular y a un precio muy por debajo de su valor. Para colmo, en los casi tres lustros transcurridos desde la venta de YPF a Repsol, el comportamiento de ésta ha distado mucho de ser benéfico para los argentinos: por el contrario, se ha caracterizado por una disminución de las reservas petroleras del país sudamericano, por una maximización de las ganancias por concepto de exportación, por un reparto de la mayor porción de las utilidades entre los accionistas de la petrolera y, en consecuencia, por un aporte ínfimo al desarrollo de la industria argentina de los hidrocarburos, en lo que constituye un claro ejemplo de neocolonialismo económico.
Por lo que hace a nuestro país, los preceptos constitucionales que reservan al Estado la potestad exclusiva sobre actividades del ramo energético no han impedido que Repsol se haga de jugosas oportunidades de negocio en el sector: así ha ocurrido, por ejemplo, con la venta, por parte de la petrolera española, de gas importado de Perú a la Comisión Federal de Electricidad –a un precio muy por encima de su valor real–, y con la proliferación de los permisos para productores independientes de electricidad, que actualmente generan 55 por ciento del flujo eléctrico que se consume en el país y entre los que Repsol detenta una posición privilegiada.
Así pues, la trayectoria de Repsol tanto en Argentina como en México es emblemática de la depredación y la rapiña corporativa que ha prevalecido en la región a partir de la oleada de privatizaciones y de la apertura indiscriminada de las economías a capitales extranjeros –mineras, petroleras, generadoras de electricidad, instituciones financieras, entre otras–: tales procesos, impuestos en nuestros países por gobiernos neoliberales como los de Menem y Carlos Salinas de Gortari, se han saldado con el incumplimiento impune de las leyes y normas nacionales por las empresas, con la obtención de cuantiosas ganancias económicas a cambio de mínimas aportaciones a las economías nacionales, con depredación financiera y ecológica y con afectaciones a la vida cotidiana de la población.
Resulta desolador que mientras Argentina busca recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales y sobre un sector estratégico de su economía, como el petrolero, el gobierno calderonista se empeñe, en un afán inexplicable por beneficiar a Repsol a costa de lo que sea, en un rumbo de acción que no sólo ha creado graves problemas internos, sino ha causado, por distintos frentes, un grave quebranto monetario al erario.
Si Calderón cede a las presiones del gobierno de Mariano Rajoy, provocará un deterioro de la relación bilateral con Argentina y del proceso de integración latinoamericano en general, afectado de por sí por la decisión de las administraciones panistas de marginar a México en la región. Lo pertinente, en suma, es aprender de los ejemplos procedentes de Sudamérica, lo cual, en este caso, implica poner un alto a la política de entrega de los recursos naturales nacionales a los depredadores de la escena internacional.
El telón de fondo ineludible es el historial de saqueo y de afectaciones que ha protagonizado la empresa petrolera española a las poblaciones y a los patrimonios de naciones como Argentina y México. En el país sudamericano, dicho historial puede rastrarse desde el propio proceso de privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem: éste, tras haber asumido la deuda de la empresa petrolera y haber despedido a casi 35 mil de sus trabajadores, remató YPF en una operación irregular y a un precio muy por debajo de su valor. Para colmo, en los casi tres lustros transcurridos desde la venta de YPF a Repsol, el comportamiento de ésta ha distado mucho de ser benéfico para los argentinos: por el contrario, se ha caracterizado por una disminución de las reservas petroleras del país sudamericano, por una maximización de las ganancias por concepto de exportación, por un reparto de la mayor porción de las utilidades entre los accionistas de la petrolera y, en consecuencia, por un aporte ínfimo al desarrollo de la industria argentina de los hidrocarburos, en lo que constituye un claro ejemplo de neocolonialismo económico.
Por lo que hace a nuestro país, los preceptos constitucionales que reservan al Estado la potestad exclusiva sobre actividades del ramo energético no han impedido que Repsol se haga de jugosas oportunidades de negocio en el sector: así ha ocurrido, por ejemplo, con la venta, por parte de la petrolera española, de gas importado de Perú a la Comisión Federal de Electricidad –a un precio muy por encima de su valor real–, y con la proliferación de los permisos para productores independientes de electricidad, que actualmente generan 55 por ciento del flujo eléctrico que se consume en el país y entre los que Repsol detenta una posición privilegiada.
Así pues, la trayectoria de Repsol tanto en Argentina como en México es emblemática de la depredación y la rapiña corporativa que ha prevalecido en la región a partir de la oleada de privatizaciones y de la apertura indiscriminada de las economías a capitales extranjeros –mineras, petroleras, generadoras de electricidad, instituciones financieras, entre otras–: tales procesos, impuestos en nuestros países por gobiernos neoliberales como los de Menem y Carlos Salinas de Gortari, se han saldado con el incumplimiento impune de las leyes y normas nacionales por las empresas, con la obtención de cuantiosas ganancias económicas a cambio de mínimas aportaciones a las economías nacionales, con depredación financiera y ecológica y con afectaciones a la vida cotidiana de la población.
Resulta desolador que mientras Argentina busca recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales y sobre un sector estratégico de su economía, como el petrolero, el gobierno calderonista se empeñe, en un afán inexplicable por beneficiar a Repsol a costa de lo que sea, en un rumbo de acción que no sólo ha creado graves problemas internos, sino ha causado, por distintos frentes, un grave quebranto monetario al erario.
Si Calderón cede a las presiones del gobierno de Mariano Rajoy, provocará un deterioro de la relación bilateral con Argentina y del proceso de integración latinoamericano en general, afectado de por sí por la decisión de las administraciones panistas de marginar a México en la región. Lo pertinente, en suma, es aprender de los ejemplos procedentes de Sudamérica, lo cual, en este caso, implica poner un alto a la política de entrega de los recursos naturales nacionales a los depredadores de la escena internacional.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/14/opinion/002a1edi
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