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| EFE |
Público
El sindicalismo en Colombia es algo que puede salir muy caro a los que se atreven a ejercerlo. Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas son el escenario cotidiano de los dirigentes sindicales en el país, con unas prácticas que se prolongan ya durante décadas.
Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, en 2010, el año con menos casos de muertes de sindicalistas, han sido treinta los asesinatos.
Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, en 2010, el año con menos casos de muertes de sindicalistas, han sido treinta los asesinatos.
Un informe coordinado por la Oficina del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia ha vuelto a colocar en la agenda mediática este continuo drama, normalmente demasiado silencioso.
El estudio recoge información desde 1984 hasta la actualidad. Las cifras son escalofriantes. 2.800 dirigentes sindicales han sido asesinados, lo que supone una media de 100 al año, y el 94,4% de los crímenes permanecen impunes. La Oficina ha registrado también 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas.
El coordinador principal del informe, Carlos Miguel Ortiz, ha señalado que, aunque en el informe señalan que desde 2003 han disminuido los asesinatos, se ha registrado un incremento de amenazas a los dirigentes y sindicalistas en el país.
“En estos últimos años que se han registrado los más bajos, la más baja fue la de 2010 y estuvo en 30. Para cualquier país 30 ó 20 homicidios de sólo sindicalistas, sin contar los demás, al año, sería muy alta”, ha declarado Ortiz.
El documento sugiere al Estado iniciativas para una política criminal efectiva, presenta propuestas para alcanzar una reparación individual y colectiva en materia de prevención y protección de los sindicalistas.
La cifra podría ser mayor
La Escuela Nacional Sindical colombiana eleva la cifra de sindicalistas asesinados en 2010 hasta los 51, de los que 29 de ellos serían docentes. Ya a principios de 2011, desde la escuela expresaron su “preocupación”, ya que los datos de los informes de la Oficina del PNUD “no corresponden con la realidad registrada por la ENS, ni con los registros del Observatorio DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República”. Es decir, las cifras aportadas por la comisión de la ONU podrían ser aún mayores.
Otras voces, como la del director de Human Right Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, han denunciado que la imagen edulcorada que se tiene de Colombia es “producto del trabajo de las operaciones de lobby que se hacen en Washington”. En una entrevista con Público, Vivanco denunció inversiones millonarias de Uribe en firmas que le “ayudan a promover su imagen en EEUU”.
“Colombia es el país que tiene la crisis humanitaria y de derechos humanos más seria de todo el continente. Sin embargo, estos temas no son objeto de discusión”, lamentaba Vivanco.
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