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Por Librered/El Ciudadano
Este miércoles 1 de febrero en varias ciudades y pueblos de Perú se
inició la Gran Marcha Nacional del Agua, iniciativa en apoyo a las
comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en Cajamarca,
al norte del país.
La movilización es en contra de la privatización del agua, la no
intervención en las cabeceras de cuencas y glaciares y por el
reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental.
Para ello se reclama a las autoridades nacionales la protección
urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política
ambiental, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento
territorial y la moratoria de concesiones.
Las organizaciones sociales, colectivos indígenas y ecologistas que
convocan a la marcha convergen en que la pelea por el agua y los
recursos hídricos es una lucha contra el modelo económico neoliberal que
tuvo un vigoroso impulso durante el gobierno reciente de Alan García.
En Perú 148 conflictos referidos al agua están activos y 67 latentes.
La región oriental de Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen
Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se
refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos
ambientales.
Estos conflictos ocurren luego de que empresas mineras (formales e
informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a
territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicas,
sin respetar el derecho a la consulta, el medio ambiente, la cosmovisión
andina y los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de
los pueblos andinos.
El segundo semestre del 2011 en el norte de Perú, en la región de
Cajamarca se vivieron ya violentos enfrentamientos entre comunidades
campesinas e indígenas y el proyecto minero Conga, que afecta a las
cabeceras de cuenca y el agua de la zona.
Pelea por el agua es contra el neoliberalismo
Un comunicado de las organizaciones sociales de Puno, al oriente de
Perú, acusa que “experimentamos un nuevo hecho que podría convertirse en
una amenaza para toda la vida de las personas y los pueblos: el débil
acceso y calidad del agua para el consumo de la población, para las
actividades agropecuarias, pesca, culturales, turismo y otras
actividades sostenibles y renovables, esto debido al desequilibrio
ocurrido entre el modelo de desarrollo económico imperante, el
aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la desprotección
del medio ambiente, que no contribuyen al desarrollo integral de las
personas, ni garantizan para que las futuras generaciones tengan derecho
a un ambiente sano y una vida digna”.
En Puno la contaminación del agua dulce alcanza al 80% y sólo el 25% de la población regional accede a agua de manera segura.
En dicha región existen más de 2.262 concesiones mineras ocupando más
de 159.33 hectáreas. Sólo en el 2010 se registraron 1,656 solicitudes
de concesiones mineras y en el primer semestre del 2011 se habían
registrado más de 1,500 solicitudes. A la vez, los efectos de la minería
irresponsable en Puno han dejado más de 522 Pasivos Ambientales Mineros
PAM, definidos como instalaciones, emisiones, restos o depósitos de
residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas,
que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la
población, el ecosistema y la propiedad.
Desde Cajamarca hasta el sur de Perú
En Cajamarca los pueblos empezarán su recorrido en las lagunas de las
alturas de Celendín, que el proyecto Conga planea destruir.
En Lima se realizará un Pasacalle-Marcha de colectivos juveniles,
organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, para celebrar
el arranque de esta jornada de movilización pacífica y democrática.
También se llevarán a cabo mítines y movilizaciones en Cusco,
Espinar, Canchis, Arequipa, Tambo, Tacna, Ancash, Iquitos y otros
lugares de las macro regiones norte, centro, sur y oriente del país.
En Lima además se realizará un Foro Nacional Agua, Minería y
Bienestar los días 8 y 9 de febrero, en el que participarán
organizaciones sociales, autoridades regionales y expertos nacionales e
internacionales.
El 9 de febrero se espera que las delegaciones regionales lleguen a
la capital peruana y el día después se instalará un Tribunal de Justicia
Hídrica y el acto de cierre de la movilización que partirá de la Plaza
Dos de Mayo y culminará con un Acto Político Cultural en la Plaza San
Martín.
El Tribunal de Justicia Hídrica hará seguimiento a los conflictos por
el agua que hay en el país y se creará una instancia de sanción ética a
los destructores y contaminadores del recurso vital.
Agua como derecho humano
La exigencia fundamental de las organizaciones convocantes es que se
haga una reforma constitucional que reconozca que el agua potable y el
saneamiento son un derecho humano y su provisión no sea objeto de los
negocios privados.
También se pide que no haya más actividad minera en las cabeceras de
las cuencas hídricas y los glaciares. “La minería viene produciendo la
destrucción de lagunas, glaciares o la alteración de los cursos de los
ríos; utiliza agua en forma excesiva a costa de su uso para consumo
humano o actividades sostenibles; y contamina las aguas superficiales y
subterráneas”- declara la convocatoria.
Otra exigencia es que no se ocupe cianuro ni mercurio en las faenas mineras y una moratoria a las concesiones mineras.
Los gobiernos recientes han concesionado más del 70% de la Amazonía y
más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional para
actividades mineras y de hidrocarburos, sin consulta previa a los
pueblos afectados y sin participación de las autoridades locales y
regionales de esos territorios.
Finalmente los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas
esperan que el Estado promulgue lo más pronto posible un Reglamento de
la Ley de Consulta a las comunidades cuando se trate de proyectos que
afecten sus territorios y espacios de vida.
El Ciudadano
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