Los afectados son miembros de las empresas campesinas San Esteban, Guanchías, El Despertar, Suyapa y la Trinidad; en la margen izquierda del Río Aguán. La confianza, San Isidro y La Aurora, en la margen derecha.
El conflicto por estas tierras es de larga data y para resolverlo se había iniciado un proceso de negociación. Dos semanas antes del golpe de estado se firmó un convenio entre el Director del Instituto Nacional Agrario (INA), los campesinos y los terratenientes, avalado por el Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, el Alcalde de Tocoa y el Gobernador de Colón.
En él se concertó crear una comisión tripartita entre el INA, campesinos y terratenientes, para revisar el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes y, en el caso de ser correcto, determinar si había tierras excedentarias a las que constaban en los documentos de compra venta.
No obstante, en principio tales transacciones se consideraron viciadas por haber transgredido la Ley de Reforma Agraria. La venta de estas tierras se realizó sin que hubiera consenso de los campesinos miembros de las cooperativas y no se contó con la autorización previa del Instituto Nacional Agrario para vender o transferir la totalidad o parte de las tierras adjudicadas; es más, por el celo del legislador de prevenir la concentración de la propiedad, la ley prohíbe ceder tierras a cualquier título para su explotación a terceros.
Urgimos a las autoridades a que solucione de inmediato el conflicto, que de haber actuado con diligencia y conforme a la legislación nacional se hubiese prevenido el derramamiento de sangre que hoy lamentamos. Vale recordarles que nuestra carta magna señala que la reforma agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación y por lo mismo la declara de necesidad y utilidad pública. En espíritu y letra este mandato conjuga el interés de contribuir a que los campesinos superen su condición de pobres y el de que contribuyan con su trabajo al desarrollo nacional.
La promulgación y aplicación de la Ley de Modernización de Desarrollo del Sector Agrícola, violatoria de estos preceptos constitucionales, no sólo impidió la continuación del débil proceso de afectación y adjudicación de tierras iniciado en 1972, sino que promovió la concentración de la propiedad en pocos propietarios dejando desvalidas a miles de familias en el sector rural.
La violenta modificación del sector reformado del Valle del Bajo Aguán es la expresión más clara de esta política dañina de contra reforma orientada por los mismos funcionarios de las instituciones del estado que fueron creadas para dar sentido práctico al mandato constitucional.
No es extraño que en esa región se escenifiquen los enfrentamientos más violentos con saldo de muertos y heridos por conflictos agrarios y que, desafortunadamente, tal situación se mantendrá de no practicarse políticas que sustituyan el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y productividad del sector agropecuario, así como el desarrollo social, con el apoyo del estado, tal como señala nuestra constitución.
Desde ya responsabilizamos a las instituciones del estado que por acción u omisión permitan actos de violencia con resultados impredecibles y trágicos.
Urgimos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a demandar justicia ante estos actos arbitrarios y salvajes.
Tegucigalpa MDC, 08 de enero de 2010
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras
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