Costa Rica: Hace un año la puñalada trapera de Chiquita

Resistencia y esperanza en medio de muchas dificultades

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Ya ha pasado un año del despido discriminatorio e ilegal de unos 180 trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias de Chiquita Brands en Limón, Costa Rica. Pese a las dificultades y a los sueños interrumpidos, la gente resiste. No todo está perdido.

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands tomó la decisión de cerrar el departamento de operaciones portuarias. Muchos trabajadores fueron avisados por whatsapp. Otros llegaron el lunes al centro de trabajo y encontraron los portones cerrados con candados.

La excusa de la transnacional bananera fue que, a raíz de la concesión otorgada a la multinacional APM Terminals, sus operaciones fueron afectadas gravemente por el cambio en el modelo portuario.

“Fue toda una mentira. El cierre obedeció a una estrategia de la empresa para tercerizar sus operaciones, eliminar al sindicato y desconocer la convención colectiva y los acuerdos alcanzados en procedimiento de conflicto colectivo de carácter económico-social”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal[1].

En 2018, Chiquita había aceptado integrar una comisión permanente de diálogo para mejorar las relaciones laborales y la productividad. Las reuniones mensuales se desarrollaron con normalidad hasta febrero de 2019.

Además, en agosto de 2018 la transnacional bananera había firmado con el Sintracobal un nuevo convenio colectivo que tendría una vigencia de tres años.

Durante las últimas reuniones de la comisión permanente, el sindicato colocó el tema del posible impacto que tendría el cambio de modelo portuario, pero Chiquita aseguró desconocer el tema.

“Usaron la mesa de diálogo para distraernos mientras fraguaban su plan. Nos metieron una puñalada por la espalda”, aseguró Hernández.

A partir del cierre de operaciones, el sindicato, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Rel UITA, y el asesoramiento permanente e invaluable de Frank Ulloa y Gerardo Castillo, inició acciones de lucha, movilizaciones y cabildeo.

Las protestas se extendieron hasta el 26 de marzo. Al no lograr un acuerdo Sintracobal diseñó una estrategia para hacerle frente a las necesidades de sus afiliados y afiliadas.

“Presentamos una demanda colectiva por violación del convenio y de los acuerdos alcanzados por medio del conflicto colectivo.

También introdujimos una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales, como trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación”, explicó Maikol Hernández.

Hasta el momento, el juzgado ordenó la reinstalación de una de las mujeres en período de lactancia, todos los otros casos están en proceso.

Actualmente, la mayoría de personas despedidas sigue sin trabajo. Solamente unas 20 han encontrado un empleo fijo o por temporada.

El hambre no espera

En vista de la grave situación que vive la mayoría de trabajadores y trabajadoras en Limón (el cierre de Chiquita, Dole y otras empresas ha dejado a más de 1100 trabajadores en el desempleo) la Fentrag[2] llevó a cabo una serie de acciones enmarcadas en la Mesa Caribe[3].

“Tratamos de que la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras tuviese acceso a programas de gobierno, para así mitigar el impacto de la crisis derivada del despido ilegal de Chiquita.

Hicimos una alianza estratégica con la Universidad San Juan de la Cruz y presentamos al gobierno un programa de habilitación para al trabajo”, dijo Hernández.

De las 350 personas que iniciaron el programa para el desarrollo de nuevas habilidades, 52 ya se han graduado y se espera que en el mes de mayo un total de 330 trabajadores reciban su diploma.

Además, estos compañeros y compañeras estuvieron recibiendo un subsidio del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.

“Nuestro objetivo es que el programa de capacitación se extienda a más gente, y que los graduados tengan acceso a un programa de empleabilidad que sería organizado por la Federación y el gobierno”, explicó el también secretario general de la Fentrag.

Asimismo, la Federación asumirá el reto de organizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo.

“Si por un lado hay frustración y descontento en la población por la grave situación que vivimos en Limón, algo que se profundiza ahora con la declaratoria de emergencia ante la pandemia de Covid-19, por el otro los compañeros y compañeras no han parado de luchar y exigir justicia.

Como Fentrag seguimos apostándole al diálogo, pero necesitamos que el gobierno redoble esfuerzos para implementar políticas públicas que faciliten nuevas inversiones y generación de empleo. El hambre no espera”, concluyó Hernández.

Notas

[1] Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre
[2] Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines
[3] Instancia gubernamental de diálogo, desarrollo e inclusión que establece los principales ejes de trabajo para la región Caribe

Fuente: Rel UITA