viernes, 6 de marzo de 2020

La guerra informativa contra Nicaragua

“Nicaragua vive en paz”. Este titular no lo verá usted en los medios corporativos

Por Eva Lagunero | Canarias Semanal


Tras la violenta intentona de golpe de Estado de 2018, que costó al menos 200 vidas, Nicaragua ha recuperado la tranquilidad de la que gozaba antes.

 

Esta no es sólo la impresión de cualquiera que visite el país; está confirmada por las estadísticas: en 2019, el organismo Insight Crime analizó los niveles de homicidios en América Latina y sólo tres países en todo el continente aparecen como más seguros que Nicaragua.


Es más, los tres países vecinos: Honduras, El Salvador y Guatemala están entre los más violentos, con tasas específicas de feminicidios muy elevadas, mientras que en este renglón Nicaragua presenta uno de los niveles más bajos del continente.

Pero, espere, que un titular de enero pasado denunciaba la “Trágica epidemia de violencia en Nicaragua”. Este mes, la ONU daba un toque de atención al gobierno nicaragüense por permitir supuestamente “repetidos ataques a los pueblos indígenas”. Un informe habla de “un ambiente general de amenaza e inseguridad”. Hacia finales de 2019 hubo noticias de una supuesta “represión sistemática, selectiva y letal de los campesinos”.

¿De dónde proceden estas alegaciones y qué significan?

Los medios y las ONG's distorsionan lo ocurrido en una disputa local por la tierra

Las últimas difamaciones contra el gobierno sandinista se basan en un incidente ocurrido a finales de enero, durante el cual unos campesinos sin tierra atacaron una comunidad nicaragüense en la selva de Bosawás. La agencia Reuters dijo que había habido 6 muertos, 10 secuestrados y varias casas quemadas. The Guardian, New York Times y Washington Post repitieron la misma historia. El periódico derechista nicaragüense La Prensa citaba a una ONG, la Fundación del Río, que calificó el incidente de “masacre”. El grupo opositor respaldado por Estados Unidos, Civic Alliance, lo llamó “etnocidio”. Amnistía Internacional condenó la “indiferencia del Estado” por el sufrimiento de los pueblos indígenas. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno estaba faltando a sus obligaciones internacionales.

Bosawás es la mayor zona de bosque tropical en el norte de la Amazonía. Tiene pocas carreteras y comunidades muy pequeñas, muchas de las cuales dependen de los ríos para el transporte. La mayoría de su población pertenece a grupos indígenas a los que el gobierno ha dado títulos de propiedad de la tierra. Otros son colonos, algunos de los cuales han comprado tierras y otros las ocupan ilegalmente.

Las disputas entre campesinos establecidos y sin tierra son comunes, se llevan produciendo durante muchos años y a veces han resultado en agresiones. Los problemas para vigilar estos lugares, con su historia de conflicto y corrupción, no derivan sólo de su lejanía.

Lo que realmente pasó en el caso reciente se aclaró cuando la policía acudió al lugar para abrir una investigación. En realidad, hubo 2 muertes, no 6, en la tarde del 29 de enero. En la comunidad de Alal, donde sucedió el ataque, la policía halló 12 casas incendiadas y 2 personas heridas. Ningún desaparecido. Hacia el 31 de enero, las autoridades locales habían reconocido otras tres comunidades cercanas y no hallaron evidencia de homicidios o secuestros. Los líderes comunitarios condenaron las noticias falsas de los medios.

Fue en un lugar completamente distinto, a 12 kms al este de Alal, en la cuenca del río Kahaska Kukun, cerca de la comunidad de Wakuruskasna, donde la policía halló e identificó cuatro cadáveres con heridas de bala. Los habitantes locales dijeron que no sabían de nadie que estuviese desaparecido.


Las investigaciones continuaron y dos días después mandos de la policía y el gobierno se reunieron con la comunidad en la escuela local para dar cuenta de las investigaciones y el trabajo que se estaba llevando a cabo, así como de la ayuda que recibirían las personas cuyas casas habían sido destruidas. El 5 de febrero, las familias de la víctimas se reunieron con el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua, Darling Ríos, para denunciar los delitos. La policía está tras la pista de la banda criminal implicada en los hechos, y a día de hoy se sabe que se ha detenido a una persona que portaba una sub-ametralladora.

Es importante conocer el trasfondo de esta historia, que no quieren reconocer los medios internacionales y los grupos de “derechos humanos”. Una parte significativa del territorio de Nicaragua está en manos de grupos indígenas, a los que el gobierno ha otorgado títulos de propiedad para sus tierras comunales. Las autoridades que las administran son designadas por las propias comunidades.

En el territorio indígena de Mayangna Sauni As, que se compone de 75 comunidades, hay una disputa interna por el control de estas tierras comunales. Algunos líderes han vendido parcelas a grupos de colonos foráneos, lo que probablemente esté en la raíz del conflicto de enero.

Tristemente, a pesar del proceso actual de reforma agraria en Nicaragua, hay todavía campesinos desplazados que no pueden comprar tierra en las zonas más pobladas, donde los precios son más altos, y buscan adquirirla más barata en otros lugares o simplemente ocuparla. Las áreas que están poco pobladas como Bosawás son especialmente vulnerables.

Las ONG's internacionales pintan estos conflictos como una lucha entre pueblos indígenas con conciencia medioambiental y grupos foráneos de depredadores instigados por el gobierno. La realidad es que los pobres compiten por la tierra, a veces de forma violenta. Y la violencia es espasmódica: se supo que estas disputas provocaron algunas muertes en los dos últimos años, aunque ya hubo otras en 2015 y 2016, que afectaron principalmente a las comunidades indígenas de Misquitos.

Apenas puede sorprendernos que los medios corporativos tomen partido por los grupos indígenas. Como en el caso de Alal, basta que alguien transmita por teléfono una historia para que reciba atención. Incluso una agencia como Reuters aceptará tal información con toda probabilidad, sin haberla contrastado previamente.

Las ONG's de “derechos humanos” esparcen noticias falsas desmentidas

Para quienes no están familiarizados con Nicaragua, cualquier noticia sobre grupos indígenas les trae a la mente las imágenes de las tribus no contactadas del Amazonas. Pero esto está lejos de la realidad. Los medios corporativos lo aderezan con imágenes románticas de los bosques, aunque muy raramente envían reporteros para investigar en profundidad.

Este no debería ser el modo de actuar de las ONG's de “derechos humanos”. Sin embargo, las asentadas en Nicaragua tienen un notable sesgo político, y hace tiempo que han llegado a un punto en que ya no podemos considerarlas objetivas.

Sus recientes alegaciones de que hay una campaña gubernamental de asesinatos rurales, por ejemplo, se han revelado completamente falsas. Todas las ONG's locales compiten por recibir donaciones de gobiernos extranjeros y, como una de ellas reconoció, exageran el número de víctimas para conseguirlas [1]

 
Lamentablemente, las ONG's internacionales no son mucho mejores. Se ha demostrado que la información de Amnistía Internacional sobre Nicaragua está llena de errores y falsedades [2]. A Global Witness se le ha llamado la atención por su parcialidad a la hora de informar sobre las disputas por la tierra en el área de Bosawás, echando mano de asertos tan absurdos como que Nicaragua es “el país más peligroso del mundo para un defensor del medio ambiente” (la hondureña asesinada Berta Cáceres se removería en su tumba).

A pesar de que se ha intentado que Global Witness preste atención a la complejidad de la verdadera historia, se ha negado a retirar sus alegaciones incluso cuando se le ha demostrado que algunas eran completamente inciertas [3]. También la BBC, con su titular “seis indígenas muertos en un ataque”, ha caído en el error (intencionado).

El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua no remite. Las ONG's internacionles lo están alimentando junto con el gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, el pueblo nicaragüense recupera la preciosa paz y seguridad que gozaban antes de los sucesos violentos de 2018. La mayoría sabe que la verdadera “epidemia de violencia” finalizó pocos meses después de que empezara.

Fuentes https://thegrayzone.com/2020/02/19/nicaragua-peace-media-international-ngos-violence-reporting/

 
[1] https://thegrayzone.com/2019/07/30/nicaraguan-human-rights-director-accused-by-staff-of-massive-theft-of-us-taxpayer-money-death-toll-inflation/

[2] https://afgj.org/dismissing-the-truth-why-amnesty-international-is-wrong-about-nicaragua

[3] Ni siquiera supo responder a las críticas: https://twoworlds.me/latin-america/global-witness-fails-to-respond-to-detailed-criticisms-2/



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