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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El
sector educativo costarricense vuelve a abarrotar las calles del país.
La protesta llega después de la huelga de tres meses del año pasado,
contra la reforma fiscal que el gobierno quería imponer a toda costa.
En octubre del año pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, presentó el proyecto de ley 21.049 que buscaba imponer restricciones al derecho a la huelga en el país.
Un mes después, la legisladora Yorleni León presentó otro proyecto de ley (21.097) que pretendía prohibir el derecho a huelga a distintos sectores que brindan ‘servicios esenciales’, entre otros, la educación pública.
También preveía la aplicación de descuentos al salario si la huelga es declarada ilegal -sin posibilidad de acuerdos para reposición de tiempo - y la prohibición de la huelga contra políticas públicas.
El 9 de agosto, ambos proyectos fueron fusionados en un dictamen afirmativo de mayoría.
Ante el peligro inminente de un cercenamiento del derecho constitucional a huelga, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y otras organizaciones magisteriales convocaron a una primera huelga intermitente.
Asimismo, solicitaron la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) logrando la instalación de una mesa de diálogo.
“Acordamos varios puntos, entre otros que no se considerara la educación como un servicio esencial, garantizando de esta manera el derecho a huelga. Lamentablemente, al momento del voto los diputados presentaron varias mociones que alteraron el contenido del acuerdo alcanzado, dejándonos sin otra opción que volver a las calles”, explicó a La Rel, Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.
Cascante manifestó también que sobre el gremio magisterial pende otra ‘espada de Damocles’, es decir el proyecto que pretende unificar el régimen de pensiones del magisterio con el de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Después de la aprobación en primer debate del proyecto de ley 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas”, ANDE, entre otras organizaciones magisteriales, lograron iniciar una acción de inconstitucionalidad.
“Conseguimos la firma de diez diputados y presentamos la solicitud ante la Sala Constitucional, que ahora tiene un plazo máximo de 30 días para decir si esta ley violenta el derecho constitucional a la huelga. No podemos perder el derecho que como pueblo tenemos de manifestarnos en las calles del país y de protestar cuando nos sentimos maltratados”, dijo Cascante.
En octubre del año pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, presentó el proyecto de ley 21.049 que buscaba imponer restricciones al derecho a la huelga en el país.
Un mes después, la legisladora Yorleni León presentó otro proyecto de ley (21.097) que pretendía prohibir el derecho a huelga a distintos sectores que brindan ‘servicios esenciales’, entre otros, la educación pública.
También preveía la aplicación de descuentos al salario si la huelga es declarada ilegal -sin posibilidad de acuerdos para reposición de tiempo - y la prohibición de la huelga contra políticas públicas.
El 9 de agosto, ambos proyectos fueron fusionados en un dictamen afirmativo de mayoría.
Ante el peligro inminente de un cercenamiento del derecho constitucional a huelga, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y otras organizaciones magisteriales convocaron a una primera huelga intermitente.
Asimismo, solicitaron la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) logrando la instalación de una mesa de diálogo.
“Acordamos varios puntos, entre otros que no se considerara la educación como un servicio esencial, garantizando de esta manera el derecho a huelga. Lamentablemente, al momento del voto los diputados presentaron varias mociones que alteraron el contenido del acuerdo alcanzado, dejándonos sin otra opción que volver a las calles”, explicó a La Rel, Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.
Cascante manifestó también que sobre el gremio magisterial pende otra ‘espada de Damocles’, es decir el proyecto que pretende unificar el régimen de pensiones del magisterio con el de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Después de la aprobación en primer debate del proyecto de ley 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas”, ANDE, entre otras organizaciones magisteriales, lograron iniciar una acción de inconstitucionalidad.
“Conseguimos la firma de diez diputados y presentamos la solicitud ante la Sala Constitucional, que ahora tiene un plazo máximo de 30 días para decir si esta ley violenta el derecho constitucional a la huelga. No podemos perder el derecho que como pueblo tenemos de manifestarnos en las calles del país y de protestar cuando nos sentimos maltratados”, dijo Cascante.
Modelo neoliberal
Para el presidente de la ANDE, lo que está ocurriendo en Costa Rica y en otros países de América Latina y el mundo es parte de un plan macabro trazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Criminalizan la protesta social, precarizan la educación y nos convierten en mano de obra barata expuesta a la explotación. Nos estamos enfrentando a un modelo que deteriora la calidad de vida de los pueblos, les quita el derecho a la salud, a la educación y a un trabajo digno y contribuye a enriquecer más al gran capital nacional y transnacional”, apuntó Cascante.
Una ofensiva que cuenta con el apoyo incondicional de los medios de comunicación corporativos, como parte activa del proceso de estigmatización y criminalización de la protesta social.
Si la ofensiva es global, también la respuesta debe serlo. Es por eso que la Internacional de la Educación (IE) se está reuniendo en estos días con un grupo de abogados para presentar denuncias a nivel internacional.
Para el presidente de la ANDE, lo que está ocurriendo en Costa Rica y en otros países de América Latina y el mundo es parte de un plan macabro trazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Criminalizan la protesta social, precarizan la educación y nos convierten en mano de obra barata expuesta a la explotación. Nos estamos enfrentando a un modelo que deteriora la calidad de vida de los pueblos, les quita el derecho a la salud, a la educación y a un trabajo digno y contribuye a enriquecer más al gran capital nacional y transnacional”, apuntó Cascante.
Una ofensiva que cuenta con el apoyo incondicional de los medios de comunicación corporativos, como parte activa del proceso de estigmatización y criminalización de la protesta social.
Si la ofensiva es global, también la respuesta debe serlo. Es por eso que la Internacional de la Educación (IE) se está reuniendo en estos días con un grupo de abogados para presentar denuncias a nivel internacional.
“Unificar fuerzas es fundamental si queremos enfrentar esta nueva embestida”, concluyó Cascante.
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