Por Pasqualina Curcio | Red Angostura/ALAI
Se ha convertido en práctica habitual la politización e
instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de
EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto,
el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar
posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido
complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes
capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera
vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación.
Ha sido cómplice.
La humanidad sigue esperando las pruebas
de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para
justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando
la muerte de más de un millón de personas.
Como humanidad
también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas
por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally,
quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las
puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una
intervención humanitaria.
De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar,
una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación
del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones
pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes,
continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y
ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]
Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e
irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a
la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que
se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda
preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país,
incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las
ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y
tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden
constituir también crímenes de lesa humanidad”[2]
Nos
preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente
fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente?
¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones
arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan
grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene
hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente,
que será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de
investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales
de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]
Las
palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo
de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una
zona de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por
parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un
gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue
instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces
presidente Gadafi.
Bachelet y Venezuela
La Alta Comisionada Michelle Bachelet,
al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el
informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto
de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de
errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la
rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de
documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de
Venezuela, sino de la América entera.
No ocuparemos estas
líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al
referir información proveniente solo de los factores políticos de
oposición obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como
por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada.
Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el
levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto
también se ha escrito.
Tampoco nos centraremos en
sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada
al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos
mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen
Periódico Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones
Unidas a través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de
desarrollo humano alto.
No confesaremos nuestra decepción
por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las
amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque no instó al
cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el
pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la
violencia por parte de los factores políticos de la oposición que
derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres
humanos.
Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque
no repudió el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro
en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el
intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este
año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República
por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar
un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema
eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás
son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el
informe.
Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el
hecho de que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr.
Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas para un orden
democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017
presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad
de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y
el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo
económico y social, ocurre en el país.
Nos detendremos sí,
en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y
precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su
informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la
humanidad entera.
Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales,
incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El
Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”
Le
pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la
llevan a “creer” que se violan los derechos económicos y sociales. ¿Con
qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas
apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el
otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se
está discriminando por razones políticas la entrega de la Caja de
alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno
¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la
caja son chavistas?
¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la
Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de
adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también
comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de
familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000
embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna[4]? Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas.
Concluyó también en su informe que “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.”
¿Dónde
están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que
especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo
se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han
realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los
factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por
parte del gobierno.
Es importante que explique por qué
afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que
según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno
aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787
manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31
de mayo de 2019”.
¿O es que la Alta Comisionada se refiere
a las prácticas de los factores de la oposición que se han
caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el
intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la
abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de
2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos
de seguridad de Estado? Si es a esta actitud antidemocrática de la
oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique
en su informe.
Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES.
Estas violaciones requieren más investigación para determinar la
pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal
individual.”
Muchas preguntas surgen al
respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer
“numerosas” violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son
indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios.
La
Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas
personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamientos con
fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales.
Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con los nombre
de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas estatales.
Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en
términos imprecisos en un informe de este nivel.
Pero
además, nos surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al
gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren
investigaciones para determinar las responsabilidades. Luce
contradictorio, y por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet que: “El
desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la
infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como
resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre
otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte
público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
Consigne
las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la
corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación
del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo
absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es
ésta y no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por
ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a
los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que: “ha
aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento
de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos
realizados en condiciones no seguras”. También dijo que: “La
Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre
2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de
insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al
derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus
obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por
motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales
estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y
acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las
condiciones en hospitales, clínicas y maternidades”.
Es
importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la
información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad
materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es
necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en
los hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las
muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente,
aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de
fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo
financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de
medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su
producción.
Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El
número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha
aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para
el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas,
seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”
Señora
Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han
dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere
entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las
cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa
neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las
personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de
Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países,
significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre
dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?
Por
la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera
conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad.
En espera de la consignación de las pruebas.
Atentamente.
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