Nicaragua celebra 40 años de revolución revirtiendo asonada política del 2018

CCC

Por Informe Pastrán

El Frente Sandinista y su liderazgo celebran hoy la hazaña de haber derrocado hace 40 años a la dinastía de los Somoza, una de las dictaduras más sangrientas del continente, pero al mismo tiempo la proeza de haber revertido una embestida de la oposición más radical del país que intentó por la vía de la fuerza derrocar al Presidente Daniel Ortega en abril del año pasado.

El proceso de desarrollo, bienestar, de crecimiento y de restitución de los derechos humanos logrados desde el 2007 a base de diálogo y consenso entre empresarios, gobierno y trabajadores, fue violentamente atacado entre abril-junio del 2018 por un conjunto de ong, grupos y facciones políticas radicales, quienes realizaron violentas acciones callejeras, exacerbados por una campaña mediática, desplegada por algunos medios de comunicación adversos al sandinismo y plataformas en redes sociales, articuladas para promover la desestabilización del país con el propósito de derrocar al Gobierno e interrumpir el proceso constitucional establecido.

Entonces se alegaba que existía una nueva mayoría política y una nueva representatividad, aunque nadie los había electo, pero que eran respaldados por los obispos de la Conferencia Episcopal y el gobierno de Estados Unidos.

Exigían la renuncia inmediata del presidente, la vicepresidenta y el desmantelamiento total de todo el Estado de Nicaragua, incluyendo la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y las instituciones del Gobierno Central. Una toma del poder que la oposición no ha logrado ganar en las urnas.

Los tranques violentos se establecieron a lo largo de las principales autopistas del país, incluyendo la carretera Panamericana norte y sur, violando el ejercicio de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, e impidiendo el acceso y prestación de los servicios públicos y de emergencia, paralizando el comercio nacional y regional, dañando gravemente las industrias de transporte, construcción y turismo, alegándose que eran protestas pacíficas y ejercicio de derechos ciudadanos.

Además de los saldos fatales de muertos y heridos, 8,708 empresas fueron llevadas al cierre (90% de las cuales eran PYMES), perdiéndose 119,567 empleos. Se reportan 205 millones de dólares en daños al sector público y 277.4 millones de dólares en daños a la industria del turismo y una pérdida total de 1,500 millones de dólares que golpeó la economía. A pesar de campañas para llevar a la quiebra a bancos privados y colapsar el país, el sistema financiero nacional va en franca recuperación.

Pero el Gobierno y el FSLN resistieron y recobraron la normalidad y la seguridad nacional. La economía mantiene la estabilidad monetaria y cambiaria, estabilidad en las reservas internacionales y no se ha paralizado la inversión pública y el gasto social destinado a la reducción de la pobreza, ni se suspendieron el acceso gratuito a la salud, la educación, los subsidios al transporte público, la electricidad, los programas dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria como Hambre Cero, y por el contrario se construyeron nuevas carreteras, uniendo por primera vez en la historia el caribe con el pacífico; nuevos hospitales, centros de salud, escuelas, parques, casas maternas, entre otras obras de infraestructura comprobables.

Pese a las presiones y sanciones internacionales y los esfuerzos por bloquear los préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua, el país avanzó, mientras el gobierno se muestra empeñado en promover una cultura de paz y esperanza para seguir transformando la nación, mantener los mayores índices de seguridad ciudadana, retomar con celeridad la ruta de crecimiento económico y la eliminación de la pobreza; para seguir teniendo mejor salud, educación y mayores niveles de solidaridad y convivencia pacífica.

Tras el diálogo fallido del año pasado, el 27 de febrero de este año el gobierno convocó a la opositora alianza cívica a un proceso de negociación. Entre el 27 de febrero y el 6 de mayo se realizaron 35 sesiones de trabajo con el acompañamiento de representantes de la Santa Sede y del Secretario General de la OEA en su calidad de Testigos y Acompañantes Internacionales.

Las negociaciones produjeron acuerdos como la excarcelación de detenidos por acciones violentas que luego fueron amnistiados mediante ley y se estableció un programa de atención a las víctimas de la violencia, un plan de retorno voluntario.

En el horizonte inmediato se avecinan reformas electorales para reforzar las instituciones y normas electorales y encaminar al país hacia las elecciones del 2021.