Honduras: Intrascendente visita in loco de la CIDH

Carta abierta del MADJ

Sra. Esmeralda Arosemena de Troitiño

Vicepresidenta de la CIDH

Señora Vicepresidenta de la CIDH:

Un saludo respetuoso del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una de las organizaciones del movimiento popular hondureño, dedicada a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, que participamos en la visita in loco realizada por la CIDH la semana pasada a nuestro país.

Como organización, entendemos y valoramos la presencia in loco de la CIDH a nuestro país, de hecho celebramos y nos alegra creer que existe una preocupación genuina de organismos internacionales como el que usted representa por aportar soluciones a los problemas estructurales que vive el país en materia de derechos humanos. Reiteramos, que como organización necesitamos creer en la labor de instancias como la CIDH ante el fracaso consumado de la institucionalidad pública nacional y es por esta razón que una buena parte de nuestro trabajo está reflejado en casos y medidas cautelares que tenemos con ustedes.

Sin embargo, pese a este reconocimiento debemos indicar de manera honesta y constructiva que nos preocupan las ausencias, lo genérico y en algunos casos, lo desatinadas y confusas valoraciones y recomendaciones emitidas por la CIDH en sus observaciones preliminares sobre la visita in loco al país. Como organización responsable no podemos dejar de señalar de manera crítica – propósitiva estos aspectos, entre los cuales destacamos: 

1. Consideramos como positivo que la CIDH reconozca que la afectación a los derechos humanos que se produjo durante el golpe de Estado en el 2009 persista en la actualidad, sin embargo, en la Honduras del 2018 más que una persistencia, la CIDH debería deducir y señalar que esta tipología de violaciones (el asesinato, la intimidación, el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta) son prácticas que van en aumento, están institucionalizadas y son de “normal” cumplimiento por parte de militares y policías. En la actualidad, la mayor parte de las protestas son minimizadas a partir del uso de la fuerza, a punta de gas lacrimógeno, tanto en el área rural como urbana, y posterior a eso está la detención como forma de intimidación o el levantamiento de perfiles, buscando a los liderazgos sociales casa por casa, con fotografía en mano. Eso no es persistencia, es un agravamiento que debe ser denunciado y detenido.

2. Lamentamos que sus comentarios se limiten a dar una valoración positiva en torno a la reactivación de la Secretaria de Derechos Humanos, la aprobación de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la creación del Mecanismo Nacional de Protección, y la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, todas instancias y mecanismos que podrían ser importantes si cumplieran con independencia sus funciones, sin embargo, en la práctica diaria constatamos que simplemente son maniobras para distraer atención, para mostrar a instancias como ustedes que “existe la voluntad del gobierno en hacer cosas”. La lógica de funcionamiento estas instancias es fraudulenta y burlona de frente a las víctimas, de tapar las violaciones a derechos humanos, de burlar las instancias de vigilancia y burlarse de las víctimas.

Ustedes mismos han constatado que las denuncias por violaciones a DDHH, provengan de cualquier sector simplemente no se mueven, no hay información, y los asesinatos en contextos de mayor crisis, como la electoral están sirviendo como carta de negociación por parte de las élites políticas. Entonces, ¿es positivo tener instituciones, instancias o mecanismos que no funcionan? Creemos que una valoración responsable debe partir de resultados concretos y no de las “buenas” intenciones que puedan expresarse por parte de las mismas autoridades.

3. En el preámbulo de sus observaciones preliminares expresan que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable la separación de poderes y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con lo cual estamos plenamente de acuerdo. Nada en Honduras cambiará si esa élite política continua atrincherada en el gobierno y bajo una protección impune, sin embargo, esta línea de pensamiento, a pesar de su importancia, no tiene por parte de la CIDH una recomendación contundente.

4. Nos parece importante que se destaque por parte de la CIDH la situación de impunidad estructural y la corrupción como los elementos centrales que erosionan la confianza en la institucionalidad, especialmente a nivel del Sistema Judicial, por lo cual creemos que ha sido totalmente desacertada su recomendación No. 18. Estamos de acuerdo en que prevalezcan los estándares internacionales relativas a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, pero no en los casos de corrupción. Creemos que es obligación de la CIDH entender cómo funcionan estos temas en países como Honduras y estar al tanto de sus crisis para evitar que sus recomendaciones en lugar de avanzar, permitan retrocesos. Esta recomendación lesiona la lucha que organizaciones como el MADJ ha venido realizando en contra la élite corrupta de este país que se cree que puede estar por encima de cualquier intento de justicia, pero también esta recomendación (que es exactamente la demanda de la clase corrupta del Partido Nacional en el poder) lesiona el trabajo que la UFECIC/MACCIH ha venido haciendo en el país.

5. En consonancia con lo anterior, también nos parece desatinado que la CIDH inste a todos los sectores a “participar en el diálogo como un paso importante para la reconciliación nacional”. Efectivamente somos una organización que considera que el diálogo es una de las respuestas más importantes para enfrentar las crisis, sin embargo, una lectura objetiva a este tema, les indicaría que esto no es un diálogo sino un proceso de “blanqueo y de renegociación de cuotas de poder por parte de las élites políticas y económicas” y la mesa de validación de casos forma parte de esta estructura. Revisen los sectores sociales que están participando en esta instancia y se darán cuenta que son los sectores plegados al poder, las organizaciones que reciben recursos del gobierno o que forman parte de las estructuras de intervención de la Embajada de Estados Unidos. Ninguna organización de base, centro de investigación u ONG que entienda y sienta lo que está sucediendo en Honduras participa en este circo nacional, que lamentablemente también tiene el acompañamiento internacional. Tanto para el punto 4, como el 5, cuando la CIDH no tenga todos los elementos a mano para opinar, preferiríamos que no lo hicieran o que se refieran a estos temas a partir de las dudas que existen sobre los mismos.

6. Sus observaciones preliminares exponen que la desigualdad y falta de desarrollo está enraizado en un sistema que beneficia a una élite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esfera de poder político y privado. De igual manera, presentan un diagnóstico ya conocido sobre las violaciones en materia de salud, educación, a pueblos indígenas, migrantes etc, pero a nivel de recomendaciones se limitan a señalar únicamente la necesidad de contar con un plan nacional sobre empresas y derechos humanos. ¿Cómo debemos interpretar esta recomendación?, ¿de qué otra manera las organizaciones debemos demostrar que este saqueo de los bienes públicos, la abusiva relación de lo público con lo privado es la principal fuente de las violaciones a DDHH, de los asesinatos, de las amenazas, de la criminalización?... ¿Cómo podemos resumir y limitar toda esta conflictividad a un plan sobre empresas y derechos humanos?

7. También en relación con el punto anterior, es lamentable, que la CIDH, pese a la información documentada que posee, a las denuncias nacionales e internacionales hechas se limite a expresar que ha recibido “información sobre las diversas actividades de exploración minera, y proyectos turísticos e hidroeléctricos dentro de los territorios de los pueblos indígenas y afro descendientes sin una consulta previa, libre e informada”, pero que “el Estado informó que actualmente se encuentra ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre consulta previa a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”. Una simple deducción lógica debiera expresar, como mínimo, las dudas en torno a que el anteproyecto presente en la cámara legislativa sea el realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quienes también por lógica básica defenderán los intereses de los empresarios, no los derechos de los pueblos indígenas.

En este punto es igualmente penoso que la CIDH, en una aparente falta de claridad contextual pretende  limitar la conflictividad social provocada por proyectos de desarrollo de manera exclusiva a territorios indígenas, cuando, las zonas con los focos más altos de conflicto y afectaciones a salud y al ambiente son comunidades campesinas.

Esto, es aún más preocupante debido a que, refieren la creación de un plan nacional sobre empresas y derechos humanos como acción de respuesta de manera general, a pesar de conocer sobradamente que la profunda crisis de derechos humanos en el país no se solventa con la mera creación de marcos normativos. Y en ese sentido, es necesario referir medidas que ataquen el fondo del conflicto y no que continúen procurando hacer cambios de forma que finalmente sirven para legitimar al gobierno bajo el discurso de “voluntad estatal y buena fe por parte del Estado.”

8. Ligado a este tema, consideramos como inadmisible que la CIDH no refiera en ninguna parte de su observaciones preliminares, una palabra relacionada con el caso de Berta Cáceres, siendo que va a juicio oral y público en el mes de septiembre y el Ministerio Publico ha negado la información del caso a la acusación privada en al menos 35 ocasiones, pese a que existen tres mandatos judiciales que simplemente se han irrespetado. No pretendemos reiterarle a la CIDH la trascendencia que tiene este caso para Honduras y el mundo, por lo cual nos sorprende la ausencia del mismo.

De igual forma, consideramos poco pertinente su recomendación de respaldar a la Fiscalía de Homicidios o la Fiscalía de Defensores que son las que a través de su personal manejan el caso de Berta Cáceres, ya que son instancias nominalmente importantes pero que en la práctica se convierten en instancias violadoras de derechos de las víctimas.

Señora Arosemena y Señores de la CIDH:

Desde el MADJ nos surgen muchas dudas en torno a cómo materializar, en lo concreto varias de sus recomendaciones porque son demasiado genéricas: “Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral…”, “Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales..” o  “Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.

En ese sentido creemos que es tiempo que la CIDH haga una revisión crítica a sus actuaciones y a su estilo de interlocutar con los gobiernos y las sociedades. Tiene que existir una adecuación de los mecanismos de defensa y de protección de los derechos humanos que estén a tono con los nuevos tiempos, a los estilos y las intencionalidades que están detrás de las violaciones a derechos humanos para evitar que las mismas se reproduzcan y se modernicen. La CIDH debe actualizar y hacer realista sus recomendaciones sobre los cambios institucionales que dan apariencia positiva pero que esconden un reiterado mecanismo de impunidad. Creemos que es tiempo de diagnosticar menos, actuar más y sobre todo a tiempo.  La defensa de los derechos humanos requiere menos diplomacia, y un trabajo más certero en los problemas que lo originan.

Durante, las jornadas con la CIDH tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de la hermana de Herminio Deras, un joven hondureño asesinado en 1983 a manos de oficiales del ejército en plena guerra fría. Ella indicó que lleva esperando 35 años para que se haga justicia y que en esa espera su padre, su madre, tíos han muerto sin que ese derecho se les haya cumplido por parte de las autoridades hondureñas, pero tampoco por parte del Sistema Interamericano en donde presentó demanda en el 2002. La hermana de Deras, con episodios recurrentes de cáncer dijo que todos los años, en el aniversario de  muerte de su hermano le escribe una carta a la CIDH para solicitar agilidad en las investigaciones del asesinato de su hermano, pero que nunca ha tenido una respuesta.

Nosotros no queremos, ni podemos permitir que nuestras denuncias corran igual suerte, porque como dice el adagio popular justicia tardía, no es justicia.

Finalmente, pese a esta visión crítica, como organización reiteramos que nos parece sumamente importante el trabajo de la CIDH, sobre todo si se actualiza a los contextos que estamos viviendo como país. Esta posición honesta, pero propositiva que compartimos hoy con ustedes esperamos que sea bien recibida y nos conduzca a una discusión de altura los mismos. Ojala que no suceda, como suele sucedernos que cada vez que asumimos una posición crítica frente a una institución nacional o internacional, el resultado es una especie de aislamiento de nuestra organización y de una desatención al trabajo y a las denuncias que presentamos.

Honduras se encuentra en una encrucijada única, con crisis cada vez más recurrentes y fuertes, que demandan de instancias como ustedes, posiciones y actuaciones mas concretas. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos nuestra lucha inclaudicable en contra de los corruptos y depredadores de este país y a favor del pueblo digno y honrado. Este es nuestro objetivo organizativo y por el cual si ustedes  requieren de información o actuación estaremos siempre en la mejor disposición de colaboración.

Atentamente,

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia