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Aunque la presión internacional continúa, a mediados de julio quedó claro que, de momento, la oposición en Nicaragua no cuenta con el apoyo local suficiente para lograr sus objetivos
Por Charles Redvers | Open Democracy
Durante tres meses, Daniel Ortega y su gobierno fueron objeto de intensa presión - por parte de manifestantes y grupos opositores, medios locales y políticos de derecha estadounidenses - para que dejaran el poder.
Pero a partir de mediados de julio se ha evidenciado que a pesar de las imágenes de colapso casi total que sigue difundiendo la prensa internacional, el país lleva camino de estar volviendo a algo parecido a la normalidad. ¿Cómo puede ser que un movimiento de protesta que parecía tan fuerte haya perdido fuelle tan rápido?
Daniel Ortega está en el poder desde 2007, en las últimas elecciones obtuvo el 72% de los votos y hasta hace poco conseguía altas puntuaciones en las encuestas de aceptación independientes. A pesar de ello, cualquier lector de medios nacionales e internacionales se llevaría fácilmente la impresión de que se le desprecia profundamente.
En openDemocracy, el grupo internacional de protesta SOS Nicaragua lo llama un "tirano empeñado en la sangrienta represión de la nación". Sus detractores locales coinciden totalmente con esta visión. Por ejemplo, el 10 de julio, Vilma Núñez, antigua opositora de Ortega y originalmente aliada suya, contaba en la BBC que el presidente está llevando a cabo un "plan de exterminio" en Nicaragua.
Cuando, hace unas semanas, los rebeldes se hicieron brevemente con el control de una ciudad del país, sus líderes dijeron que habían puesto fin a "once años de represión". SOS Nicaragua afirma incluso que Ortega es un "tirano más odiado y longevo que el ex dictador de Nicaragua" (en referencia a Anastasio Somoza y su familia, que gobernaron Nicaragua con mano de hierro durante más de 40 años).
Una mirada a las redes sociales confirma que son muchos los que comparten estos puntos de vista y está claro que coincidiendo con el punto más alto de popularidad de la oposición, tuvieron un poder de arrastre muy considerable. Pero el primer error de la oposición fue quizás precisamente su retórica exagerada, ya que la gente empezó a cuestionarse si cuadraba realmente con su propia percepción.
Por ejemplo, hasta abril de este año, Nicaragua era el segundo país más seguro de América Latina a pesar de ser también uno de los más pobres. Su policía tenía fama de ser una policía de proximidad, cercana a la comunidad, y a diferencia de los países del "triángulo norte" (Honduras, El Salvador y Guatemala), los homicidios cometidos por sus agentes eran una rareza. Los delitos relacionados con las drogas eran mínimos y no existían pandillas violentas como en los países vecinos.
Por supuesto, la policía no era perfecta, pero la gente podía denunciar con seguridad problemas de violencia doméstica sin temor a una respuesta violenta por parte de las propias fuerzas de seguridad. La oposición califica ahora esta misma policía de "asesinos" y le culpa de la mayoría de las muertes habidas desde que comenzaron las protestas.
Nadie ha cuestionado cómo puede ser que una fuerza con un historial tan poco violento se haya transformado de la noche a la mañana en un cuerpo de despiadados asesinos, capaces supuestamente de torturar e incluso de matar a niños.
No hay duda de que han habido muertes violentas en los últimos tres meses. Bloomberg se ha hecho eco de la afirmación de los grupos de derechos humanos locales según la cual a finales del mes de julio habrían muerto un total de 448 personas. Sin embargo, un análisis detallado de las muertes registradas en los dos primeros meses de la crisis demuestra lo manipuladas que están las cifras.
En aquellos momentos, mientras las dos principales organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraban casi 300 muertes, un análisis caso por caso mostraba que solo alrededor de 120 eran definitivamente atribuibles a las protestas y que muchas de ellas no tenían relación con los eventos, sus causas eran poco claras, que se trataba de transeúntes o que habían sido contadas por duplicado.
Por supuesto, lo que ha quedado en la mente de muchos son estas cifras hinchadas (el otro día alguien todavía le decía a mi esposa que "cientos de estudiantes han sido asesinados"), pero muchos otros se han ido dando cuenta de que no puede hablarse de masacre.
En un aspecto importante, la oposición ha tenido éxito. Ha logrado crear lo que The Guardian llama "un consenso generalizado y creciente dentro de la comunidad internacional de que el gobierno de Nicaragua es en gran parte responsable del derramamiento de sangre".
Pero mientras las ONGs de derechos humanos repiten el mensaje de que la policía y las fuerzas de seguridad (en palabras de Amnistía Internacional) "disparan a matar", la mayoría de la gente en Nicaragua sabe que esto no es cierto. Sea cual sea la procedencia de las muertes de las protestas de abril, lo cierto es que las víctimas recientes han sido a menudo partidarios del gobierno o miembros de la propia policía.
En una entrevista analítica, Nils McCune explicó al periodista Max Blumenthal cómo creció la violencia de la oposición y la persecución de los sandinistas. Ejemplos de ello son el pequeño incidente registrado el 12 de julio, en el que pistoleros de la oposición mataron a cuatro policías y un maestro de escuela en el pequeño pueblo de Morrito y secuestraron a otros nueve.
O el caso de la captura por parte de los manifestantes, el 15 de julio, de un policía de Jinotepe mientras se dirigía a su casa, que fue torturado y su cuerpo quemado. De las muertes verificadas en el análisis citado más arriba, aproximadamente la mitad corresponden a funcionarios públicos, policías o simpatizantes sandinistas. El 4 de agosto hubo una gran marcha de partidarios del gobierno en Managua pidiendo justicia por estas muertes, que se denuncian muy poco a nivel internacional.
Los manifestantes han repetido una y otra vez, desde el principio, que estaban desarmados y que, en el mejor de los casos, solo disponían de armas caseras para protegerse. De nuevo, los medios internacionales se convencieron de ello. Pero la población local podía comprobar lo contrario.
Los morteros caseros son artefactos ya de por sí muy peligrosos y pronto se complementaron con armas más serias. En los lugares donde los manifestantes controlaban las calles, se llevaban abiertamente AK47s y otras armas. Lo cual no es de extrañar, ya que lo que comenzó como una protesta mayormente de estudiantes cambió rápidamente de signo y se convirtió en una protesta en la que primaban los alborotadores venidos de fuera y reclutados expresamente.
Salieron a la luz informaciones procedentes de varias ciudades del país de que se pagaba a jóvenes para defender las barricadas y que, en algunos casos, se implicaban delincuentes de mayor calado. Harley Morales, uno de los líderes estudiantiles de la protesta, admitió el 10 de junio que los estudiantes habían perdido el control de lo que estaba pasando en las calles.
Y la población tenía cada vez más claro que el intento de golpe de Estado estaba llevando a una situación de peligro e inseguridad que hacía muchos años que el país no experimentaba.
Un elemento de la campaña de la oposición que tuvo éxito al principio fue el levantamiento de barricadas ("tranques") en las calles de la ciudad y en la media docena de carreteras principales del país. En un momento dado, Nicaragua quedó de hecho paralizada y el gobierno tuvo que exigir el desmantelamiento de los tranques para reanudar el "diálogo nacional" (auspiciado por obispos católicos y en el que estaban involucrados tanto la oposición como los partidarios del gobierno) con el fin de resolver la crisis.
Si la oposición hubiera sido sensata, le habría tomado la palabra al gobierno, habría sacado las barricadas y presionado para que el diálogo avanzara. Pero aparentemente satisfecha del poder que le daban las barricadas, o incapaz de controlar a quienes las estaban manejando, no lo hizo.
Y los tranques, además de intimidar a la población y perjudicar a las empresas, constituyeron en esta etapa el principal foco de violencia. Rápidamente pasaron de ser un activo de la oposición a ser la razón principal por la que muchos empezaron a querer un rápido retorno a la "normalidad" (y a airearlo en las calles).
En el lapso de tan solo una semana o dos, la oposición perdió quizás su mejor oportunidad para decantar a su favor el resultado de la crisis. Cuando la policía y los paramilitares finalmente se pusieron a desmantelar los tranques, en León, Carazo y Masaya la gente los recibió con júbilo.
Otra área en la que la oposición echó a perder su ventaja inicial fue en el uso de las redes sociales. El punto de arranque de la crisis fue un incendio forestal en una de las reservas remotas del país. La oposición acusó al gobierno de ignorar el incendio y de rechazar las ofertas de ayuda recibidas para combatirlo. Cuando se demostró que esto no era cierto, la atención pasó a centrarse en un tema mucho más incendiario: la reforma del sistema de seguridad social.
Una vez más, se dieron mensajes distorsionados sobre la reforma misma y las protestas posteriores. En lo que fue quizás el primer ejemplo de manipulación masiva de las redes sociales en Nicaragua desde que los teléfonos inteligentes se volvieron ampliamente disponibles hace un par de años, la fuerza y el ritmo de las protestas se vieron impulsados por una corriente de noticias - reales y falsas - a través sobre todo de Facebook. Por supuesto, los partidarios del gobierno no estaban para nada inactivos en este terreno, pero la oposición demostró ser mucho más eficaz.
Cualquier víctima mortal que pudiera producirse resultaba ser la de un manifestante. Se escenificaron escenas de estudiantes llorosos pronunciando sus "últimas palabras" bajo los disparos y de personas "confesando" los trabajos sucios que hacían para el gobierno.
Aunque la manipulación por parte del gobierno fue más obvia y menos sofisticada, muchos se mostraron escépticos ante lo que podían ver en sus teléfonos móviles y empezaron a confiar más en su propia experiencia. A medida que la oposición iba cayendo en la desesperación, el contenido de las redes sociales empeoró, con la difusión de incitaciones a rastrear y matar a los "zapos" del gobierno, lo que llevó a la victimización e incluso tortura de funcionarios y partidarios del gobierno.
Y esta intolerancia se ha extendido a Estados Unidos y Europa, donde miembros de SOS Nicaragua acallan a gritos a cualquiera que hable sobre Nicaragua y no apoye su línea (como sucedió a principios de agosto en San Francisco).
Otra táctica de la oposición que ha fallado ha sido la convocatoria de huelgas. El hecho de que las hubiese se debió a la intervención favorable de los grandes empresarios, hasta entonces perfectamente felices con el gobierno de Ortega, a los que la embajadora de Estados Unidos presionó para que actuasen cuando les dijo, en el mes de marzo, que debían involucrarse en política. Apoyaron desde el primer día a la oposición, incluso a costa de su propia cuenta de resultados.
Pero Nicaragua es un caso único en América Latina por su escasa dependencia de las grandes empresas. Gracias tanto al carácter de su economía como al apoyo del gobierno de Ortega, el número de pequeñas empresas, talleres artesanales, cooperativas y pequeños agricultores ha ido en aumento, de modo que lo que se conoce como la "economía popular" representa el 64% del PIB del país, un porcentaje mucho más alto que en cualquiera de sus vecinos.
Además de la obstrucción de los tranques, las pequeñas empresas no podían soportar además las huelgas. Algunas las siguieron (tal vez bajo amenaza) pero muchas no lo hicieron, y la oposición perdió otros aliados potenciales.
El objetivo de las marchas de protesta, los tranques y las huelgas era presionar al gobierno, con la plataforma pública del diálogo nacional (televisado). Aquí, la oposición no solo perdió su mejor oportunidad para conseguir reformas, sino que también falló en sus ataques al gobierno. Su único argumento, repetido hasta la saciedad, era que el gobierno era responsable de todas las muertes que estaban sucediendo y que debía dimitir de inmediato.
Dicho de otro modo, en realidad no quería ningún diálogo. Esta beligerancia, que respaldaban sus partidarios incondicionales, resultó sencillamente desalentadora para la mayoría de la gente que deseaba ansiosamente que se llegara a una solución negociada y poner fin a la violencia.
El diálogo nacional atrae ahora poca atención, en parte porque el gobierno ha recuperado el control de las calles pero también porque es obvio que la oposición lo estaba usando solo para vehicular sus críticas, sin ninguna intención real de involucrarse en el proceso. Además, la Iglésia Católica, en lugar de mantenerse al margen como mediadora, ha apoyado a través de sus sacerdotes las protestas una y otra vez, con lo que su papel como actor neutral en el diálogo ha dejado de ser creíble, si es que alguna vez lo fue.
Al tener que pronunciarse públicamente en el marco del diálogo, han quedado expuestas otras debilidades de la oposición. Aunque está unida en querer que Ortega se vaya, está dividida en cuanto a las tácticas a seguir y, más aún, en términos políticos. Independientemente de lo que uno piense del gobierno de Ortega, está claro que ha conducido el país siguiendo un rumbo determinado y que ha tiene numerosos logros sociales en su haber tras once años en el poder.
¿Qué pasaría ahora con todo esto? Incluso en el tema que aparentemente inició las protestas, el fondo nacional de la seguridad social, la oposición no ofrece alternativas claras.
Peor aún, al alinearse con el ala derecha del Partido Republicano estadounidense a través de sus bien publicitados viajes a Washington y Miami y su aceptación de financiación por parte del gobierno estadounidense (detallada en el Proyecto Grayzone), por lo que apuesta la oposición es por un cambio de rumbo político en Nicaragua que resultaría sin duda odioso no solo para la mayoría de los sandinistas sino incluso para muchos de sus propios partidarios.
La paradoja es que una táctica que ha fracasado en Nicaragua todavía podría servir a la causa de la oposición internacionalmente y dañar tanto a Nicaragua como al gobierno de Ortega. Mientras que para la administración Trump Nicaragua no es ninguna prioridad, existe desde hace tiempo un poso de resentimiento en el establishment estadounidense por el éxito de los gobiernos sandinistas que han reactivado las recientes protestas.
Este mismo establishment ve además en la situación actual una oportunidad para atacar a un aliado de Venezuela. Lleva tiempo trabajando con ahinco en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), con la ayuda de sus nuevos aliados en la región, para restringir el apoyo a Nicaragua al del pequeño grupo de países latinoamericanos que se niegan a jugar el juego de Estados Unidos.
Aunque son pocas las medidas concretas que puede tomar la OEA por sí misma, está contribuyendo a crear una imagen de Nicaragua entre los legisladores estadounidenses que podría havcer posible la imposición de sanciones muy perjudiciales para su economía y, por lo tanto, para su población.
Como consecuencia de los errores de la oposición y de la acción concertada del gobierno para recuperar el control, la situación real de Nicaragua ha cambiado notablemente desde mediados de julio. Pero los comentaristas internacionales no se ponen al día. El New York Times, Huffington Post, Guardian y otros medios continúan hablando de tiranía, o de creciente violencia política, o (en el caso de Huffpost) incluso de la aparición del fascismo en Nicaragua.
En DemocraciaAbierta, José Zepeda afirma que "la mayoría de los nicaragüenses le han dado la espalda [a Ortega]". En Canadá, el Ottawa Citizen habla de la implosión de Nicaragua. Pero la mayoría de los corresponsales de estos medios no están en el país.
Lo cierto es que en la práctica, se ha detenido la violencia casi por completo, las ciudades nicaragüenses están sin barricadas y se reanuda la vida normal. El sentimiento que prevalece es de alivio, y los comentaristas mejor informados han empezado a concluir que el intento de golpe ha fracasado.
Por supuesto, los desafíos y los peligros potenciales son enormes para un gobierno que ahora tiene que reparar las infraestructuras del país con unos ingresos fiscales reducidos, escasa inversión internacional y turismo casi inexistente, a la vez que enfrentando la abierta hostilidad de sus vecinos y posibles sanciones económicas por parte de Estados Unidos.
Pero en términos de la fortaleza de su apoyo entre el pueblo nicaragüense, podría darse el caso que el gobierno de Daniel Ortega sea incluso más fuerte que antes de que comenzara la crisis.
Pero a partir de mediados de julio se ha evidenciado que a pesar de las imágenes de colapso casi total que sigue difundiendo la prensa internacional, el país lleva camino de estar volviendo a algo parecido a la normalidad. ¿Cómo puede ser que un movimiento de protesta que parecía tan fuerte haya perdido fuelle tan rápido?
Daniel Ortega está en el poder desde 2007, en las últimas elecciones obtuvo el 72% de los votos y hasta hace poco conseguía altas puntuaciones en las encuestas de aceptación independientes. A pesar de ello, cualquier lector de medios nacionales e internacionales se llevaría fácilmente la impresión de que se le desprecia profundamente.
En openDemocracy, el grupo internacional de protesta SOS Nicaragua lo llama un "tirano empeñado en la sangrienta represión de la nación". Sus detractores locales coinciden totalmente con esta visión. Por ejemplo, el 10 de julio, Vilma Núñez, antigua opositora de Ortega y originalmente aliada suya, contaba en la BBC que el presidente está llevando a cabo un "plan de exterminio" en Nicaragua.
Cuando, hace unas semanas, los rebeldes se hicieron brevemente con el control de una ciudad del país, sus líderes dijeron que habían puesto fin a "once años de represión". SOS Nicaragua afirma incluso que Ortega es un "tirano más odiado y longevo que el ex dictador de Nicaragua" (en referencia a Anastasio Somoza y su familia, que gobernaron Nicaragua con mano de hierro durante más de 40 años).
Una mirada a las redes sociales confirma que son muchos los que comparten estos puntos de vista y está claro que coincidiendo con el punto más alto de popularidad de la oposición, tuvieron un poder de arrastre muy considerable. Pero el primer error de la oposición fue quizás precisamente su retórica exagerada, ya que la gente empezó a cuestionarse si cuadraba realmente con su propia percepción.
Por ejemplo, hasta abril de este año, Nicaragua era el segundo país más seguro de América Latina a pesar de ser también uno de los más pobres. Su policía tenía fama de ser una policía de proximidad, cercana a la comunidad, y a diferencia de los países del "triángulo norte" (Honduras, El Salvador y Guatemala), los homicidios cometidos por sus agentes eran una rareza. Los delitos relacionados con las drogas eran mínimos y no existían pandillas violentas como en los países vecinos.
Por supuesto, la policía no era perfecta, pero la gente podía denunciar con seguridad problemas de violencia doméstica sin temor a una respuesta violenta por parte de las propias fuerzas de seguridad. La oposición califica ahora esta misma policía de "asesinos" y le culpa de la mayoría de las muertes habidas desde que comenzaron las protestas.
Nadie ha cuestionado cómo puede ser que una fuerza con un historial tan poco violento se haya transformado de la noche a la mañana en un cuerpo de despiadados asesinos, capaces supuestamente de torturar e incluso de matar a niños.
No hay duda de que han habido muertes violentas en los últimos tres meses. Bloomberg se ha hecho eco de la afirmación de los grupos de derechos humanos locales según la cual a finales del mes de julio habrían muerto un total de 448 personas. Sin embargo, un análisis detallado de las muertes registradas en los dos primeros meses de la crisis demuestra lo manipuladas que están las cifras.
En aquellos momentos, mientras las dos principales organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraban casi 300 muertes, un análisis caso por caso mostraba que solo alrededor de 120 eran definitivamente atribuibles a las protestas y que muchas de ellas no tenían relación con los eventos, sus causas eran poco claras, que se trataba de transeúntes o que habían sido contadas por duplicado.
Por supuesto, lo que ha quedado en la mente de muchos son estas cifras hinchadas (el otro día alguien todavía le decía a mi esposa que "cientos de estudiantes han sido asesinados"), pero muchos otros se han ido dando cuenta de que no puede hablarse de masacre.
En un aspecto importante, la oposición ha tenido éxito. Ha logrado crear lo que The Guardian llama "un consenso generalizado y creciente dentro de la comunidad internacional de que el gobierno de Nicaragua es en gran parte responsable del derramamiento de sangre".
Pero mientras las ONGs de derechos humanos repiten el mensaje de que la policía y las fuerzas de seguridad (en palabras de Amnistía Internacional) "disparan a matar", la mayoría de la gente en Nicaragua sabe que esto no es cierto. Sea cual sea la procedencia de las muertes de las protestas de abril, lo cierto es que las víctimas recientes han sido a menudo partidarios del gobierno o miembros de la propia policía.
En una entrevista analítica, Nils McCune explicó al periodista Max Blumenthal cómo creció la violencia de la oposición y la persecución de los sandinistas. Ejemplos de ello son el pequeño incidente registrado el 12 de julio, en el que pistoleros de la oposición mataron a cuatro policías y un maestro de escuela en el pequeño pueblo de Morrito y secuestraron a otros nueve.
O el caso de la captura por parte de los manifestantes, el 15 de julio, de un policía de Jinotepe mientras se dirigía a su casa, que fue torturado y su cuerpo quemado. De las muertes verificadas en el análisis citado más arriba, aproximadamente la mitad corresponden a funcionarios públicos, policías o simpatizantes sandinistas. El 4 de agosto hubo una gran marcha de partidarios del gobierno en Managua pidiendo justicia por estas muertes, que se denuncian muy poco a nivel internacional.
Los manifestantes han repetido una y otra vez, desde el principio, que estaban desarmados y que, en el mejor de los casos, solo disponían de armas caseras para protegerse. De nuevo, los medios internacionales se convencieron de ello. Pero la población local podía comprobar lo contrario.
Los morteros caseros son artefactos ya de por sí muy peligrosos y pronto se complementaron con armas más serias. En los lugares donde los manifestantes controlaban las calles, se llevaban abiertamente AK47s y otras armas. Lo cual no es de extrañar, ya que lo que comenzó como una protesta mayormente de estudiantes cambió rápidamente de signo y se convirtió en una protesta en la que primaban los alborotadores venidos de fuera y reclutados expresamente.
Salieron a la luz informaciones procedentes de varias ciudades del país de que se pagaba a jóvenes para defender las barricadas y que, en algunos casos, se implicaban delincuentes de mayor calado. Harley Morales, uno de los líderes estudiantiles de la protesta, admitió el 10 de junio que los estudiantes habían perdido el control de lo que estaba pasando en las calles.
Y la población tenía cada vez más claro que el intento de golpe de Estado estaba llevando a una situación de peligro e inseguridad que hacía muchos años que el país no experimentaba.
Un elemento de la campaña de la oposición que tuvo éxito al principio fue el levantamiento de barricadas ("tranques") en las calles de la ciudad y en la media docena de carreteras principales del país. En un momento dado, Nicaragua quedó de hecho paralizada y el gobierno tuvo que exigir el desmantelamiento de los tranques para reanudar el "diálogo nacional" (auspiciado por obispos católicos y en el que estaban involucrados tanto la oposición como los partidarios del gobierno) con el fin de resolver la crisis.
Si la oposición hubiera sido sensata, le habría tomado la palabra al gobierno, habría sacado las barricadas y presionado para que el diálogo avanzara. Pero aparentemente satisfecha del poder que le daban las barricadas, o incapaz de controlar a quienes las estaban manejando, no lo hizo.
Y los tranques, además de intimidar a la población y perjudicar a las empresas, constituyeron en esta etapa el principal foco de violencia. Rápidamente pasaron de ser un activo de la oposición a ser la razón principal por la que muchos empezaron a querer un rápido retorno a la "normalidad" (y a airearlo en las calles).
En el lapso de tan solo una semana o dos, la oposición perdió quizás su mejor oportunidad para decantar a su favor el resultado de la crisis. Cuando la policía y los paramilitares finalmente se pusieron a desmantelar los tranques, en León, Carazo y Masaya la gente los recibió con júbilo.
Otra área en la que la oposición echó a perder su ventaja inicial fue en el uso de las redes sociales. El punto de arranque de la crisis fue un incendio forestal en una de las reservas remotas del país. La oposición acusó al gobierno de ignorar el incendio y de rechazar las ofertas de ayuda recibidas para combatirlo. Cuando se demostró que esto no era cierto, la atención pasó a centrarse en un tema mucho más incendiario: la reforma del sistema de seguridad social.
Una vez más, se dieron mensajes distorsionados sobre la reforma misma y las protestas posteriores. En lo que fue quizás el primer ejemplo de manipulación masiva de las redes sociales en Nicaragua desde que los teléfonos inteligentes se volvieron ampliamente disponibles hace un par de años, la fuerza y el ritmo de las protestas se vieron impulsados por una corriente de noticias - reales y falsas - a través sobre todo de Facebook. Por supuesto, los partidarios del gobierno no estaban para nada inactivos en este terreno, pero la oposición demostró ser mucho más eficaz.
Cualquier víctima mortal que pudiera producirse resultaba ser la de un manifestante. Se escenificaron escenas de estudiantes llorosos pronunciando sus "últimas palabras" bajo los disparos y de personas "confesando" los trabajos sucios que hacían para el gobierno.
Aunque la manipulación por parte del gobierno fue más obvia y menos sofisticada, muchos se mostraron escépticos ante lo que podían ver en sus teléfonos móviles y empezaron a confiar más en su propia experiencia. A medida que la oposición iba cayendo en la desesperación, el contenido de las redes sociales empeoró, con la difusión de incitaciones a rastrear y matar a los "zapos" del gobierno, lo que llevó a la victimización e incluso tortura de funcionarios y partidarios del gobierno.
Y esta intolerancia se ha extendido a Estados Unidos y Europa, donde miembros de SOS Nicaragua acallan a gritos a cualquiera que hable sobre Nicaragua y no apoye su línea (como sucedió a principios de agosto en San Francisco).
Otra táctica de la oposición que ha fallado ha sido la convocatoria de huelgas. El hecho de que las hubiese se debió a la intervención favorable de los grandes empresarios, hasta entonces perfectamente felices con el gobierno de Ortega, a los que la embajadora de Estados Unidos presionó para que actuasen cuando les dijo, en el mes de marzo, que debían involucrarse en política. Apoyaron desde el primer día a la oposición, incluso a costa de su propia cuenta de resultados.
Pero Nicaragua es un caso único en América Latina por su escasa dependencia de las grandes empresas. Gracias tanto al carácter de su economía como al apoyo del gobierno de Ortega, el número de pequeñas empresas, talleres artesanales, cooperativas y pequeños agricultores ha ido en aumento, de modo que lo que se conoce como la "economía popular" representa el 64% del PIB del país, un porcentaje mucho más alto que en cualquiera de sus vecinos.
Además de la obstrucción de los tranques, las pequeñas empresas no podían soportar además las huelgas. Algunas las siguieron (tal vez bajo amenaza) pero muchas no lo hicieron, y la oposición perdió otros aliados potenciales.
El objetivo de las marchas de protesta, los tranques y las huelgas era presionar al gobierno, con la plataforma pública del diálogo nacional (televisado). Aquí, la oposición no solo perdió su mejor oportunidad para conseguir reformas, sino que también falló en sus ataques al gobierno. Su único argumento, repetido hasta la saciedad, era que el gobierno era responsable de todas las muertes que estaban sucediendo y que debía dimitir de inmediato.
Dicho de otro modo, en realidad no quería ningún diálogo. Esta beligerancia, que respaldaban sus partidarios incondicionales, resultó sencillamente desalentadora para la mayoría de la gente que deseaba ansiosamente que se llegara a una solución negociada y poner fin a la violencia.
El diálogo nacional atrae ahora poca atención, en parte porque el gobierno ha recuperado el control de las calles pero también porque es obvio que la oposición lo estaba usando solo para vehicular sus críticas, sin ninguna intención real de involucrarse en el proceso. Además, la Iglésia Católica, en lugar de mantenerse al margen como mediadora, ha apoyado a través de sus sacerdotes las protestas una y otra vez, con lo que su papel como actor neutral en el diálogo ha dejado de ser creíble, si es que alguna vez lo fue.
Al tener que pronunciarse públicamente en el marco del diálogo, han quedado expuestas otras debilidades de la oposición. Aunque está unida en querer que Ortega se vaya, está dividida en cuanto a las tácticas a seguir y, más aún, en términos políticos. Independientemente de lo que uno piense del gobierno de Ortega, está claro que ha conducido el país siguiendo un rumbo determinado y que ha tiene numerosos logros sociales en su haber tras once años en el poder.
¿Qué pasaría ahora con todo esto? Incluso en el tema que aparentemente inició las protestas, el fondo nacional de la seguridad social, la oposición no ofrece alternativas claras.
Peor aún, al alinearse con el ala derecha del Partido Republicano estadounidense a través de sus bien publicitados viajes a Washington y Miami y su aceptación de financiación por parte del gobierno estadounidense (detallada en el Proyecto Grayzone), por lo que apuesta la oposición es por un cambio de rumbo político en Nicaragua que resultaría sin duda odioso no solo para la mayoría de los sandinistas sino incluso para muchos de sus propios partidarios.
La paradoja es que una táctica que ha fracasado en Nicaragua todavía podría servir a la causa de la oposición internacionalmente y dañar tanto a Nicaragua como al gobierno de Ortega. Mientras que para la administración Trump Nicaragua no es ninguna prioridad, existe desde hace tiempo un poso de resentimiento en el establishment estadounidense por el éxito de los gobiernos sandinistas que han reactivado las recientes protestas.
Este mismo establishment ve además en la situación actual una oportunidad para atacar a un aliado de Venezuela. Lleva tiempo trabajando con ahinco en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), con la ayuda de sus nuevos aliados en la región, para restringir el apoyo a Nicaragua al del pequeño grupo de países latinoamericanos que se niegan a jugar el juego de Estados Unidos.
Aunque son pocas las medidas concretas que puede tomar la OEA por sí misma, está contribuyendo a crear una imagen de Nicaragua entre los legisladores estadounidenses que podría havcer posible la imposición de sanciones muy perjudiciales para su economía y, por lo tanto, para su población.
Como consecuencia de los errores de la oposición y de la acción concertada del gobierno para recuperar el control, la situación real de Nicaragua ha cambiado notablemente desde mediados de julio. Pero los comentaristas internacionales no se ponen al día. El New York Times, Huffington Post, Guardian y otros medios continúan hablando de tiranía, o de creciente violencia política, o (en el caso de Huffpost) incluso de la aparición del fascismo en Nicaragua.
En DemocraciaAbierta, José Zepeda afirma que "la mayoría de los nicaragüenses le han dado la espalda [a Ortega]". En Canadá, el Ottawa Citizen habla de la implosión de Nicaragua. Pero la mayoría de los corresponsales de estos medios no están en el país.
Lo cierto es que en la práctica, se ha detenido la violencia casi por completo, las ciudades nicaragüenses están sin barricadas y se reanuda la vida normal. El sentimiento que prevalece es de alivio, y los comentaristas mejor informados han empezado a concluir que el intento de golpe ha fracasado.
Por supuesto, los desafíos y los peligros potenciales son enormes para un gobierno que ahora tiene que reparar las infraestructuras del país con unos ingresos fiscales reducidos, escasa inversión internacional y turismo casi inexistente, a la vez que enfrentando la abierta hostilidad de sus vecinos y posibles sanciones económicas por parte de Estados Unidos.
Pero en términos de la fortaleza de su apoyo entre el pueblo nicaragüense, podría darse el caso que el gobierno de Daniel Ortega sea incluso más fuerte que antes de que comenzara la crisis.
Fuente: Open Democracy
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