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Crisis post-electoral deja fuertes secuelas en la sociedad hondureña
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Lejos
de resolverse, la crisis originada por el gigantesco fraude electoral
denunciado por la alianza opositora sigue sumando más víctimas. Según un
comunicado difundido por organizaciones comprometidas con la defensa de
los derechos humanos serían más de 20 los presos políticos recluidos en
diferentes centros penales.
Un grupo de ocho organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y de derechos humanos comprometidas con la libertad, la integridad y la vida, conformaron recientemente el Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante medios nacionales e internacionales[1], el Comité exige la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas “por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas”.
A raíz de la crisis post-electoral, en Honduras se ha generado una situación sistemática de privaciones de libertad de opositores políticos y líderes sociales comunitarios.
Más asesinatos
Activistas bajo acecho
Hasta el momento, la represión ha dejado un saldo de 39 asesinatos por razones políticas, 22 presos políticos y 80 criminalizados judicialmente (datos Cofadeh).
En días pasados, el joven Luis Fernando Ayala, de 16 años, activista del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, en el noroccidente del país, fue brutalmente torturado, mutilado y asesinado por desconocidos.
De acuerdo con un pronunciamiento de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras[2], el joven había participado activamente tanto en la lucha contra una concesión minera indefinida para la extracción de yeso, como en la protesta contra el fraude electoral.
En su más reciente informe[3], la organización británica Global Witness advierte que Honduras se ha transformado en el país más peligroso de la última década para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo.
Las casi 40 personas asesinadas en el marco de las elecciones fraudulentas también eran luchadores y luchadoras contra el continuismo y el modelo extractivista.
¡Los queremos libres!
No para la persecución sistemática
Durante la actividad, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que el Comité surge también con el objetivo de “dar acompañamiento a los familiares de los prisioneros políticos para que no se sientan solos, ni desprotegidos”.
Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) y miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, manifestó que se pretende crear y fortalecer una instancia técnica especializada que sepa atender todos estos casos.
“La problemática de los presos políticos no se resuelve solamente gritando ‘Fuera JOH’, sino estudiando cada caso, preparando la defensa que corresponde, sensibilizando la opinión pública nacional e internacional”, aseguró Reyes durante la conferencia de prensa[4].
El Comité dijo surgir en el peor momento del contexto hondureño, en medio de una estrategia internacional “de ataque político militar a la soberanía de países latinoamericanos, que utiliza al régimen impostor de Honduras como punta de lanza y base de una (posible) invasión”, se lee en el comunicado.
También lamenta que dicha estrategia sirva a engañar a la opinión pública nacional e internacional, asociando de manera malintencionada la resistencia y movilización popular contra el fraude electoral con bandas delincuenciales y el crimen organizado.
Tras casi tres meses de la realización de los comicios, Honduras sigue sumida en una profunda crisis.
Ante esta situación, el Comité Nacional hará uso de los mecanismos de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales, “para movilizar las voluntades a favor de la disidencia social y política que está en peligro en las garras de la dictadura”.
[1] https://app.box.com/s/
[2] http://www.
[3] https://goo.gl/yZHKs8
[4] Realizado con material de Defensores en Línea
Fuente: Rel-UITA
Un grupo de ocho organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y de derechos humanos comprometidas con la libertad, la integridad y la vida, conformaron recientemente el Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante medios nacionales e internacionales[1], el Comité exige la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas “por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas”.
A raíz de la crisis post-electoral, en Honduras se ha generado una situación sistemática de privaciones de libertad de opositores políticos y líderes sociales comunitarios.
Más asesinatos
Activistas bajo acecho
Hasta el momento, la represión ha dejado un saldo de 39 asesinatos por razones políticas, 22 presos políticos y 80 criminalizados judicialmente (datos Cofadeh).
En días pasados, el joven Luis Fernando Ayala, de 16 años, activista del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, en el noroccidente del país, fue brutalmente torturado, mutilado y asesinado por desconocidos.
De acuerdo con un pronunciamiento de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras[2], el joven había participado activamente tanto en la lucha contra una concesión minera indefinida para la extracción de yeso, como en la protesta contra el fraude electoral.
En su más reciente informe[3], la organización británica Global Witness advierte que Honduras se ha transformado en el país más peligroso de la última década para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo.
Las casi 40 personas asesinadas en el marco de las elecciones fraudulentas también eran luchadores y luchadoras contra el continuismo y el modelo extractivista.
¡Los queremos libres!
No para la persecución sistemática
Durante la actividad, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que el Comité surge también con el objetivo de “dar acompañamiento a los familiares de los prisioneros políticos para que no se sientan solos, ni desprotegidos”.
Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) y miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, manifestó que se pretende crear y fortalecer una instancia técnica especializada que sepa atender todos estos casos.
“La problemática de los presos políticos no se resuelve solamente gritando ‘Fuera JOH’, sino estudiando cada caso, preparando la defensa que corresponde, sensibilizando la opinión pública nacional e internacional”, aseguró Reyes durante la conferencia de prensa[4].
El Comité dijo surgir en el peor momento del contexto hondureño, en medio de una estrategia internacional “de ataque político militar a la soberanía de países latinoamericanos, que utiliza al régimen impostor de Honduras como punta de lanza y base de una (posible) invasión”, se lee en el comunicado.
También lamenta que dicha estrategia sirva a engañar a la opinión pública nacional e internacional, asociando de manera malintencionada la resistencia y movilización popular contra el fraude electoral con bandas delincuenciales y el crimen organizado.
Tras casi tres meses de la realización de los comicios, Honduras sigue sumida en una profunda crisis.
Ante esta situación, el Comité Nacional hará uso de los mecanismos de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales, “para movilizar las voluntades a favor de la disidencia social y política que está en peligro en las garras de la dictadura”.
[1] https://app.box.com/s/
[2] http://www.
[3] https://goo.gl/yZHKs8
[4] Realizado con material de Defensores en Línea
Fuente: Rel-UITA
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