Por Informe Pastrán
El sandinismo siempre ha estado sobre presión y agresiones por parte de Estados Unidos, de sus administraciones y de congresistas y senadores. Ronald Reagan fue quien más directo fue contra el sandinismo en el poder en los años 80, al financiar e impulsar la guerra con el firme objetivo de deponer del poder a los sandinistas, exigiendo que los contras fueran reconocidos como una fuerza militar legitima y que la oposición compartiera el poder, lo mismo que pasa ahora, en un intento de senadores y congresistas por darle aire a la fragmentada oposición criolla que ha sido incapaz de lograr en las calles y con los votos lo que se busca desde la capital norteamericana.
El mismo argumento de los 80
En su primera conferencia de prensa al inicio de su segundo mandato, Reagan dijo que solo estaba dispuesto a cambiar su política hacia Nicaragua “si el actual Gobierno se vuelve hacia los rebeldes y les dice que se integren en el Gobierno revolucionario para poner las cosas del derecho y establecer los objetivos”. Lo mismo que ahora, reformas electorales para satisfacer a la oposición a que pueda ganar elecciones.
El mismo argumento de los 80
En su primera conferencia de prensa al inicio de su segundo mandato, Reagan dijo que solo estaba dispuesto a cambiar su política hacia Nicaragua “si el actual Gobierno se vuelve hacia los rebeldes y les dice que se integren en el Gobierno revolucionario para poner las cosas del derecho y establecer los objetivos”. Lo mismo que ahora, reformas electorales para satisfacer a la oposición a que pueda ganar elecciones.
Reagan insistía en que las elecciones del 84 no fueron creíbles y que los sandinistas no eran legítimos y que los hombres en armas y la oposición civil debían tener parte en el gobierno y alegaba que el financiamiento de la guerra era en legítima defensa. Ahora se dice que la presión de senadores y congresistas, la Nica Act y listas negras son legítimas y necesarias.
Igual que en los años 80, un grupo de nicaragüenses aplaude las presiones que provienen desde la capital de Estados Unidos. Pero igual que entonces, los políticos norteamericanos estarían violando la Ley de Neutralidad Nacional (National Neutrality Act), que prohíbe a Estados Unidos hacer la guerra o intervenir en forma hostil contra otro país con el cual la Casa Blanca tenga relaciones diplomáticas, o contra el cual no exista una declaración de guerra por parte del Congreso estadounidense. La Nica Act además iría en contravención de los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio.
De aprobarse en el 2018 la Nica Act, no sería la primera vez que Nicaragua sufre un bloqueo económico directo. Ya en los años 80, el Gobierno de Estados Unidos provocó que el 90% de la infraestructura productiva se haya visto afectada por el corte en el suministro de materias primas y la falta de divisas para mantener la economía nicaragüense.
Igual que en los años 80, un grupo de nicaragüenses aplaude las presiones que provienen desde la capital de Estados Unidos. Pero igual que entonces, los políticos norteamericanos estarían violando la Ley de Neutralidad Nacional (National Neutrality Act), que prohíbe a Estados Unidos hacer la guerra o intervenir en forma hostil contra otro país con el cual la Casa Blanca tenga relaciones diplomáticas, o contra el cual no exista una declaración de guerra por parte del Congreso estadounidense. La Nica Act además iría en contravención de los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio.
De aprobarse en el 2018 la Nica Act, no sería la primera vez que Nicaragua sufre un bloqueo económico directo. Ya en los años 80, el Gobierno de Estados Unidos provocó que el 90% de la infraestructura productiva se haya visto afectada por el corte en el suministro de materias primas y la falta de divisas para mantener la economía nicaragüense.
A diferencia de entonces, hoy el gobierno sandinista mantiene un diálogo directo y constante con el sector privado, los trabajadores, sindicatos y el país es el que más crece económicamente después de Panamá y es el que tiene la mayor estabilidad social y de seguridad ciudadana en la región.
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