Honduras: "Declaración de JOH como presidente es una afrenta a la soberanía de nuestro pueblo"

Por Mesa Nacional de DDHH | Defensores en Línea

Nosotras y nosotros, integrantes de la  Mesa Nacional de Derechos Humanos de la Coalición Contra la Impunidad, articulación  integrada por más  de  50 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, ante el contexto actual comunicamos lo siguiente:

La  declaratoria de Juan  Orlando  Hernández como  candidato  ganador  de  las elecciones presidenciales   del  pasado  26 de  noviembre es  una  afrenta a  la soberanía  de  nuestro  pueblo  e irrespeta  la voluntad  popular  expresada  en  las urnas.  

Entendemos  con claridad,  que  el  continuismo  que  pretende  el  Partido Nacional,  auxiliado por  un cómplice  y  subordinado  Tribunal  Supremo  Electoral, TSE, responde al plan de profundización  del modelo extractivista y  de despojo de nuestros bienes naturales y riquezas en general.

Declaratoria   efectuada   a   pesar   de   que   diversas   instancias  nacionales e internacionales  han  calificado  de  irregular,  viciado  y  de  baja  calidad técnica  el proceso electoral, tal como lo señala la Misión de Observadores Electorales de la Organización  de los Estados Americanos  (OEA) en su segundo informe preliminar, y  también  el Secretario  General  de  la Misma,  el señor Luís Almagro,  quién  ha reafirmado esos hallazgos y recomienda celebrar nuevas elecciones generales.

Como organizaciones defensoras de  los derechos humanos, condenamos firmemente  los abusos de poder,  las diversas violaciones  de los deberes  de los funcionarios  de gobierno,  así como la comisión  de ilícitos y graves violaciones  a los derechos humanos de la población  por parte de los órganos de seguridad del Estado, violaciones  que  han significado  a partir del 30 de noviembre  a la fecha, más de  23 ejecuciones  extrajudiciales  de mujeres y hombres. Repudiamos el silencio cómplice de los medios corporativos serviles al oficialismo que han pretendido invisibilizar tales crímenes fortaleciendo  la impunidad que el sistema de justicia  les ha garantizado  hasta ahora.   

Dichos asesinatos  han sido plenamente constatados y verificados como producto  de la situación  de crisis  e inestabilidad social provocada  por la cúpula polltica del Partido Nacional y demás instituciones involucradas  en el fraude consumado  y no incluyen datos de muertes de agentes policiales.

Repudiamos  la brutalidad con que la que ha actuado  la Policía Militar del Orden Público   (PMOP),   Fuerzas   Armadas    y   la   Policía   Nacional,   así   como los allanamientos  a las viviendas de la población que ejerce su derecho constitucional a  la protesta y los distintos  métodos de tortura empleados  en contra de los y las manifestantes  entre  los  cuales  se  registra  el  uso  de armas  de  electrochoque, tortura en vías públicas y la exhibición de personas detenidas frente al resto de la población movilizada como mecanismo de castigo ejemplarizante.

Exigimos  el  cese  a  los  ataques  directos  en  contra  de  comunidades, barrios  y colonias que se han mantenido en permanente  manifestación pacífica; las mismas han  sido  continuamente   violentadas   al  punto  de afectar   a  familias   enteras, incluidos adultos mayores y niñez, los cuales han sido severamente  afectados  por el uso de gases lacrimógenos.

La saña con la que actúan los cuerpos de seguridad  ha dejado un amplio saldo de personas  heridas  y detenidas  en todo  el territorio  nacional,  4 de esas  personas continúan con un diagnóstico  de gravedad.

Evidenciamos   y  denunciamos   el  hostigamiento,   las  amenazas, agresiones   y persecución   en  contra  de  las  defensoras  y  defensores  de derechos  humanos durante  el ejercicio  de su labor en acompañamiento  a las acciones  de protesta y denuncia   de   las  violaciones   a   los  derechos  humanos   de   la  población;   la criminalización   y  estigmatización  efectuada  desde  los  medios  de  comunicación oficialistas,  quienes  han  promovido  campañas  de  desinformación   y  pretenden desvirtuar  la naturaleza  de nuestro  compromiso  con la defensa  de los derechos humanos.

Exigimos el  respeto  a  la libertad  de  expresión  de  los medios de comunicación alternativos  y nos solidarizamos  con Radio Progreso y UNE TV quienes  han sido víctimas  de ataques  por su posicionamiento  frente  al proceso electoral,  así como las radios comunitarias  Radio Dignidad, Radio Taragual, entre otras.

Al  Comisionado Nacional  de  los  Derechos  Humanos (CONADEH)  e instancias internacionales  de  derechos  humanos  demandamos que  desde  sus  facultades mandatarias  actúen de formas aún más oportunas y determinadas,  acordes con la gravedad de la crisis de derechos humanos que Honduras enfrenta.

Como organizaciones  de derechos humanos  reafirmamos nuestro compromiso  no sólo de denunciar,  documentar y acompañar a las víctimas de las violaciones  de derechos, sino también de estar en los lugares donde se gesta la defensa heroica de la ciudadanía,  por la construcción  de una sociedad  democrática  celadora  del Estado de Derecho.